Al año siguiente que se firmara el Acuerdo de Paz de la Habana entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP (2016), en cabeza éste de Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), el día 1 de septiembre de 2017, se funda el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el cual cambia su controvertido nombre por el de Comunes, el 24 de enero de 2021; el partido vio la luz en Bogotá dentro del marco del Congreso convocado para tal fin entre los días 28 y 31 de agosto de 2017, y que congregó a más de un millar de delegados (entre exguerrilleros, milicianos y miembros de PCCC), e invitados de variados sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, quedando oficializada su conformación en un acto público en la Plaza de Bolívar, con concurrencia de más de 10.000 personas.
Una vez hecho el reconocimiento público y legal del naciente partido, y no obstante las curules que en el Congreso de la República tenían garantizadas, tal como fuera acordado con el Gobierno Nacional, es decir, 5 en Senado y 5 en Cámara de representantes, la FARC participa de la contienda electoral del año 2018 buscando ampliar su representación en la Corporación legislativa, pero desistiendo de la campaña de Rodrigo Londoño para la Presidencia de la República, alcanzando tan solo unos 85.000 votos, insuficientes para ampliar su participación en el Congreso.
El nuevo partido político tiene que enfrentar una serie de situaciones que ponen a prueba su vocación y compromiso con la paz. Es así como tiene que lidiar en principio con el gobierno de extrema derecha que representa el Presidente Iván Duque, que se impuso como meta “volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final de paz con las FARC”, conforme a la sentencia pronunciada por el siniestro director honorario del Centro Democrático, Fernando Londoño Hoyos, el mismo del fraude en las acciones de Invercolsa, en el año 1997.
Volver trizas el acuerdo final ha implicado: la "desfinanciación” de la paz, es decir, que no se destinen los recursos suficientes para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz en todos sus componentes, o, por lo menos, en los más importantes; que a la par con ello se cuestione y persiga desde el establecimiento la actuación que dentro del marco del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, viene realzando la J.E.P., no obstante que el funcionamiento de ésta le haya servido al gobierno nacional como argumento para lograr el archivo de la investigación que la Corte Penal Internacional le seguía al Estado colombiano, por la sistemática violación de los derechos humanos desde hace 17 años; que se presente una “masacre por goteo” a lo largo y ancho del territorio nacional de ex combatientes reincorporados a la vida civil, política y productiva del país, con la complacencia e impunidad de ese mismo Estado; la estigmatización de los medios masivos y corporativos de comunicación a los líderes políticos del partido Comunes, actuando como cajas de resonancia de la extrema derecha… en fin, la tarea en contra del acuerdo de paz, y consecuentemente, en contra de los Comunes ha sido y sigue implacablemente su curso por parte de eso que Álvaro Gómez Hurtado llamaba como el Régimen.
Una paz tensa es la que han tenido que vivir los reincorporados de las antiguas FARC-EP, y en particular aquellos que han optado por continuar con su trabajo desde la arena política, dentro de las reglas que impone la democracia representativa que la Constitución Política colombiana acoge, tomando así un considerable y valiente distanciamiento de aquellos que decidieron permanecer al margen del proceso de Paz, o que habiendo participado y apoyado el mismo, resolvieron continuar alzados en armas, tal el caso de líderes guerrilleros como Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich), Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Hernán Dario Velasquez (El Paisa), Henry Castaño Garzón (Romaña), entre otros.
A las tensiones hasta aquí expuestas, se suma la actitud de muchos líderes políticos de eso que llaman "la izquierda", abanderada actualmente por la variable del progresismo, que, con cálculos propios de la tradicional forma de hacer política, prefirieron recibir, reconocer y valorar públicamente el apoyo y aporte que en materia electoral les brindaban miembros de la derecha vergonzante, decadentes (o tal vez concientizados) uribistas y máximos exponentes del voltearepismo (jugados con la paz eso sí), que de aquellos que, aunque hubiesen cargado en el pasado cercano un fusil (como muchos de la “izquierda” lo hicieran antiguamente), claramente tenían en las causas populares y sociales su común razón de ser . Instalados en el congreso, desde su llegada al Capitolio el 20 de julio del 2018, los Comunes se encontraron con el desprecio y la resistencia de congresistas de derecha que no les vieron con buenos ojos, al tiempo que, en la marcha fueron encontrando aliados en grupos de izquierda, en especial de la lista de los Decentes, conscientes del valeroso aporte que podían hacer a la democracia, y consecuentemente al país, no obstante que muchos de sus integrantes en público les “hagan el feo” con cálculos electorales como ya se dijo.
De la actividad legislativa de los Comunes dan cuenta varios proyectos de ley presentados en coalición con los partidos de oposición (Partido Verde, Polo Democrático, Movimiento MAIS y Decentes), muchos de ellos archivados, otros que siguen en debate, unos cuantos sancionados, y otros que debieron ser retirados o acumulados, todo ello bajo la conducción de mesas directivas que impusieron la arbitrariedad antes que los reglamente, y donde han hecho carrera y se han vuelto práctica común las “jugaditas”, al mejor estilo del cuasibachiller Ernesto Macías, haciéndole conejo a los grandes temas de interés nacional.
Ha llegado el momento de reconocer los méritos de los líderes, lideresas y militantes del partido Comunes, que con su firmeza, valentía y acciones han procurado consolidar la paz necesaria que sirva de base al verdadero progreso que requiere y clama la sociedad colombiana, y lo cual, llegado el caso, se debe traducir en un caudal electoral que reafirme y amplíe su participación en las corporaciones públicas, el gobierno y la administración pública en sus diferentes niveles.
