Gabriel Ramón Jaimes, un hombre que durante buena de su carrera fue considerado el alter ego del ahora exprocurador Alejandro Ordoñez, será el encargado de investigar las chuzadas ordenadas por el gobierno después de la desaparición de una maleta con dólares que se perdió del apartamento de la entonces jefe de gabinete de la Casa de Nariño Laura Sarabia.
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Santandereano como Ordoñez y alumno predilecto suyo en la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Jaimes es el mismo jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema que recientemente falló en un par de intentos por obtener la preclusión del proceso seguido al expresidente Álvaro Uribe en un caso por presunta manipulación de testigos.
Cuando Ordoñez fue consejero de Estado Jaime fue su magistrado auxiliar. Cuando se desempeñó como procurador general de la Nación, lo acompañó primero como delegado para el Ministerio Público, encargado de proyectar conceptos ante la Corte Constitucional, y como director nacional de Investigaciones Especiales.
Compartían las mismas creencias religiosas y solían asistir Juntos al mismo culto católico ortodoxo has 2010, cuando surgió una diferencia irreconciliable de la que hablan con reserva y en voz baja amigos comunes.
El fiscal que investigará a Petro regresó entonces a la Fiscalía, donde en 1994 comenzó su carrera como operador judicial. Primero fue coordinador en cargos importantes en Bucaramanga, Barrancabermeja y en el departamento de Boyacá. Luego de su paso por el Consejo de Estado y la Procuraduría llegó al búnker en Bogotá, donde se ganó la confianza de los tres últimos fiscales. Al actual; Francisco Barbosa, lo conoció cuando cursó sus especializaciones en derecho penal y derecho procesal en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.
Ahora estará al frente de un proceso complejo en el que desfilarán como indiciados o testigos la propia Laura Sarabia, su niñera Marelbys Mesa, su antigua empleada del servicio doméstico Fabiola Perea -ambas victimas de interrogatorios y chuzadas sin orden judicial. También será el encargado de deslindar las responsabilidades que le cabrían al coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la presidencia de la República y jefe inmediato del teniente coronel Óscar Dávila, el oficial que se habría suicidado el viernes 9 de junio.
A Jaimes también le corresponderá lidiar con la renuncia del abogado Miguel Ángel del Río, el mismo litigante que debía apoderar al teniente coronel y con el que había pactado honorarios por 50 millones que el oficial alcanzó a entregarle pocas horas antes de su fatal desaparición. Del Río ya anunció que se negará a declarar ante la Fiscalía porque él es un apoderado de parte y en ningún caso un sindicado. El penalista anunció incluso que denunciará al fiscal Barbosa ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por lo que considera un desafuero de su parte.
Los dos últimos coroneles que han dirigido la DIJIN -el servicio de policial judicial más importante de la fuerza pública- también rendirán testimonio teniendo en cuenta que sus analistas fueron los encargados de estudiar los contenidos de las conversaciones telefónicas que fueron chuzadas. Se trata de la coronel Olga Patricia Salazar y del brigadier general José Luis Ramírez Hinestrosa.
Comienza para el fiscal que investigará al presidente Petro un caso complejo en el que incluso, dentro de los límites impuestos por su fuero, el propio presidente podría rendir una declaración certificada. Esta diligencia es previsible porque ya han llegado denuncias contra el jefe del Estado a la Comisión por parte del excandidato presidencial Federico Gutiérrez y de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas.
De hecho, a primera hora de este jueves 15 de julio llegó al bunker de la Fiscalía un comunicado expedido de Alemania por Petro en el que niega que por sus manos hayan pasado maletas con 3.000 millones de pesos y desmiente una versión publicada en ese sentido por la revista Semana con base en la versión de un testigo que la publicación no identifica por seguridad.
No solo por dificultad procesal sino por la difícil coyuntura política que vive el país, el expediente a cargo de Jaimes pondrá a prueba credibilidad y neutralidad.
La procuradora general, Margarita Cabello, ya ordenó la constitución de una agencia especial del Ministerio Público para vigilar de cerca el proceso. Eso significa que uno de sus procuradores se convertirá en parte en el proceso como representante de la sociedad y podrá pedir pruebas y emitir conceptos previos antes de que sean tomadas decisiones de fondo.
La Fiscalía estuvo evaluando la posibilidad de unificar este proceso con el relacionado con los presuntas sumas de dinero que habría recibido Nicolás Petro, hijo del presidente, de manos de personas como Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, exconvicto en Estados Unidos. Sin embargo, llegó a la conclusión de que, aunque habría una relativa afinidad temática, se trata de sus episodios diametralmente distintos.
