Una de las fuentes de economía de los municipios es el comercio, actividad que requiere del diseño de políticas de gobierno para el fomento del sector. Sin embargo, esta cuestión que no ha ocurrido con las administraciones municipales, que hasta el momento han demostrado total indiferencia con los comerciantes afectados por las obras de implementación de los sistemas estratégicos de transporte público, pues no proponen a través de sus oficinas burocráticas una salida, un paliativo, a los establecimientos de comercio afectados.
Además, tampoco creo que hubieran previsto el impacto que iban a generar las obras, por lo menos las ubicadas en el corazón de las ciudades, pues tampoco lo han hecho los estudios existentes sobre la materia en este punto preciso: ¿cuál es el de la afectación patrimonial padecida por los comerciantes? Y es que la dimensión de esta problemática es mucho mayor comparada al tratamiento o manejo que le vienen dando las administraciones municipales, pues es un tema de ciudad, de movilidad, social...
A la fecha no existen programas de acompañamiento serio y efectivo con propuestas ejecutables de parte de la administración, como por ejemplo: planes de gestión para facilitar el acceso a créditos para comerciantes, estrategias publicitarias que permitan a sus clientes conocer que el comercio sigue en funcionamiento con el fin de visibilizarlos, acceso peatonal demarcado y visible, realización de ferias o de eventos colectivos donde puedan ayudarlos a trasladar sus mercancías con el fin de que continúen con la comercialización normal de sus bienes y servicios.
Por otro lado, son nulas las propuestas realizadas por las administraciones con el fin de estudiar y gestionar mecanismos que le permitan al comercio formal enfrentar el cobro de servicios públicos, impuestos municipales que generan su actividad comercial, renovación de matrículas mercantiles, cobros de prediales a los propietarios de los locales comerciales desocupados por las obras de implementación de los sistemas de transporte masivo, con un trato diferencial en el cobro de los mismos, no de exención, pues las reglas fiscales en el país son camisas de fuerza que le impiden a los gobernantes poder ofrecer este tipo de beneficios cuando los contribuyentes y/o usuarios en el caso de los servicios públicos atraviesan por situaciones insoportables como las que están padeciendo. Es entendible que no todas las obligaciones de los comerciantes se causen a favor de las administraciones municipales y es en virtud de la aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa; colaboración y coordinación que se puede lograr con cada uno de los actores competentes para poder darles un respiro económico a los empresarios afectados con las obras de los sistemas de transporte masivo.
La aspiración romántica de la primacía del interés general sobre el particular es genuina, legítima si se quiere, pero no a cualquier costo. En estos casos pienso que es dable aminorar al mayor grado posible el nivel de impacto sobre las finanzas de los comerciantes y de contera el daño que esta causa a la economía de los municipios, de ahí la importancia de la aplicación del principio de planeación.
Es importante que por esta época los electores, comerciantes o ciudadanía en general revisen con sumo cuidado el nivel de compromiso de los candidatos con los proyecto de transporte público masivo, sobre todo los que aspiran a las alcaldías municipales. Ellos deben tener la intención de priorizar y darle celeridad a las obras, pues de nada servirían unas calles muy adornadas para su implementación a costa de muchos más comerciantes sepultados por sus obras.
