La evolución de la industria de las telecomunicaciones en Colombia hasta la situación de concentración actual, ha estado acompañada y, en muchas circunstancias se ha visto fortalecida por la regulación, aunque ésta se fundamenta en las reglas de la libre competencia, derivó en el fortalecimiento de oligopolios privados trasnacionales, a través del debilitamiento de las empresas estatales, fundamentalmente. Así lo evidencia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE -: “el sector de las telecomunicaciones móviles está muy concentrado, y el mayor operador (CLARO) reúne una participación del mercado del 60%”.
En esta dirección, el proceso de profundización de la política pública de liberalización, privatización y desnacionalización de las telecomunicaciones, se enfoca en afectar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Unidad de Telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Santiago de Cali (EMCALI E.I.C.E. E.S.P.), procurando consolidar el oligopolio privado conformado por las trasnacionales Claro, Telefonica y Milicom, como terminó sucediendo en los casos de Telecom y UNE-EPM.
La estrategia para justificar la pertinencia de la política pública de liberalización y privatización de los servicios públicos se basó en las falsas promesas de servicios públicos con mejor calidad, tarifas justas, etc. El resultado dista mucho de lo prometido. En el caso de ELECTRICARIBE, que afecta negativamente de gran parte de la costa caribe colombiana, el Contralor General, doctor Edgardo Maya Villazón, sentencia categóricamente: “Intervención de Electricaribe demuestra fracaso de la privatización de empresas del sector eléctrico”.
En telecomunicaciones el resultado no es diferente. Pasamos de tener un beneficioso patrimonio público a tener un lesivo oligopolio privado, el cual encabeza la intocable multinacional Claro, un absoluto abusador dominante que según de Fedesarrollo ha producido una “pérdida de bienestar equivalente a 0,82 por ciento del PIB del 2013, lo que equivale a cerca de 6 billones de pesos. En cuanto a internet móvil, los usuarios dejaron de percibir un excedente de 0,27 por ciento del PIB del 2014, lo que corresponde a más de 2 billones de pesos”.
Según estimaciones de la CEPAL, la difusión masiva de las tecnologías digitales ha derivado en que “la economía mundial sea una economía digital”, esto implica que las tecnologías de la información y las comunicaciones cada día cobran más relevancia en la vida económica y social, impactando actividades como la comunicación, la información, el entretenimiento, el comercio, la prestación de servicios de educación, salud y gobierno, entre otros.
Basados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, existen dos paradigmas que son determinantes para la formulación de políticas públicas: la Sociedad de la Información, la cual se concibe como un fenómeno global, que impacta de forma general cada uno de los aspectos de la interacción social, cultural y económica; y las Ciudades Inteligentes y Sostenibles (aplicación del Internet de las Cosas - IoT), que se enfocan en aspectos más locales y territoriales, particularmente el desarrollo urbano y la prestación integrada de servicios públicos.
Por lo tanto, sostener que se requiere escindir el componente de telecomunicaciones para garantizar la viabilidad de EMCALI es un error descomunal, quien se empeñe en ese propósito lo hace porque se sitúa anquilosado en los años 90 donde solo se hablaba de telefonía básica; o porque representa los intereses de las multinacionales ya citadas; o está al servicio de grupos privados locales (también multinacionales) como Carvajal Tecnología y Servicios (Clúster Pacifitic), empresa que pretende consolidarse en cada uno de los segmentos de la industria mencionada, como efectivamente sucede en el caso de los “cacaos” vallecaucanos.
En el plan estratégico de EMCALI (PEC 2013-2017) se afirma que la empresa debe convertirse en operador de Ciudades Inteligentes. Sin embargo, la administración de la empresa, la cual es encabezada por el alcalde Maurice Armitage, ha hecho poco para que eso suceda, incluso ha tomado decisiones que alejan a la compañía de ese propósito.
Varias son las condiciones que reúne EMCALI para convertirse en un operador de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, las más importantes son el carácter público y la operación multiservicios (gestión integrada), aspecto que, durante mucho tiempo los auspiciadores de la privatización, con escasos argumentos o sin ellos pretendieron eliminar. Gracias a la visión estratégica y compromiso de los trabajadores, actualmente la empresa está integrada y con unidad de caja, lo que ha convertido en una gran ventaja, EMCALI es el único operador a nivel nacional que puede actuar como uno de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, ofertando servicios públicos de forma integrada e incorporando en la operación las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Es posible y necesario que EMCALI se convierta en un operador de Ciudades Inteligentes y Sostenibles, para que eso suceda, lo único que se requiere es una alianza público - pública, entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía, la genrencia general y los trabajadores, que se materialice en un compromiso real y en acciones concretas para lograr la recuperación y el fortalecimiento de cada una de las unidades de negocio.
Por ahora el compromiso de los trabajadores ha quedado demostrado, pues continuamos presentando propuestas de fortalecimiento y buscando alternativas para sacar adelante la compañía, sin embargo, la gerencia general, la alcaldía y la élite empresarial que históricamente ha tenido el control de EMCALI, continúa ampliando la agenda de persecución antisindical en contra de SINTRAEMCALI, y apostándole a la privatización de la empresa, nuevamente con firmas de proceder dudoso como LAZARD, organización responsable y beneficiaria de la privatización y el rescate bancario en gran parte del mundo, situación que decidida y acertadamente venimos confrontando desde el año pasado.
Desde SINTRAEMCALI continuaremos profundizando la movilización y la oposición al modelo neoliberal, la política de privatización asociada, y a los intereses de la élite empresarial que quiere nuestra empresa saquear.
