Fusilando la palabra no lograrán callar la verdad

Fusilando la palabra no lograrán callar la verdad

"La paz con justicia social está costando la vida, los opresores sienten temor al saber que son más los indignados, pisoteados y oprimidos"

Por: Isabella Caicedo Ramos - Integrante de La Red Latiendo
junio 02, 2017
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Fusilando la palabra no lograrán callar la verdad

Colombia ha sido uno de los principales laboratorios de investigación social, política y económica  en América Latina, teniendo en cuenta el último informe publicado por la SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) en donde se establece que hasta el 2008 anualmente se realizaron aproximadamente 2.748 publicaciones de investigación[1]. ¿A qué se debe este reconocimiento?  Más allá de las riquezas naturales que poseemos, que están siendo saqueadas y destruidas a beneficio de una minoría, e ignorando las consecuencias ambientales que esto puede traer a nuestro país, la principal y más atractiva fuente de desarrollo para la investigación nacional e internacional en Colombia ha sido el conflicto armado en donde se enmarcan dos actores importantes que han sido el movimiento insurgente y el Estado.

El segundo victimario antes mencionado, en las últimas décadas de manera denigrante y grotesca ha utilizado a la población civil como escudo, haciendo caso omiso a las diferentes normas internacionales que provienen de entidades no gubernamentales que establecen como principal ejemplo las bases militares instauradas cerca de la población civil, escuelas, centros de salud o parques principales en donde claramente se puede evidenciar de manera previa a la instauración de dichas bases el peligro que puede generar a la población civil.

De igual manera, la institucionalidad no ha sido efectiva en cuanto a la distinción que se debe realizar de la población civil y los combatientes estrictamente reglamentado por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) determinando lo siguiente: las personas civiles no pueden ser objetos de ataques deliberados[2]  producto del incumplimiento estatal de esta reglamentación. Se encuentran 2505 masacres ocurridas entre 1982 y 2007 según el Centro de Memoria Histórica[3]. De estas masacres tan solo el 15% han sido judicializadas y el gobierno ha aceptado su participación directa o indirecta en estos delitos.

Estas masacres fueron legalizadas y posteriormente legitimadas ante cierta cantidad de la población, en su mayoría ganaderos, comerciantes, grandes terratenientes y miembros del poder público mediante el Decreto Ley 356 de 1994 durante la Presidencia de Ernesto Sámper sancionada por la gobernación de Antioquia ejercida con Álvaro Uribe Vélez con la excusa de combatir el crecimiento del movimiento insurgente en Colombia. De esta manera surgió la creación de la cooperativa CONVIVIR, la cual recibió un apoyo económico y posiblemente armamentístico del gobierno.

Nuevamente no se tenía una clara distinción respecto a la población civil. El movimiento insurgente de manera violenta casi inhumana arremetía contra los campesinos acompañados de su familia por el hecho de defender su territorio y sus derechos. La mayoría de estas 14.660 víctimas registradas hasta el 2007 fueron asesinadas y desaparecidas de manera sistemática. La justificación a la desaparición forzosa, los cadáveres de hombres, mujeres y niños desmembrados, las mujeres violadas, y el despojo ilegal de las tierras a los campesinos era ‘’la seguridad democrática’’ dictaminada durante décadas por las mismas élites instauradas en el poder.

El bienestar particular sobre el general aquí obtiene una relevancia. Unas pocas familias son favorecidas por el trabajo ajeno, careciendo de susceptibilidad ante tal conflicto que de manera injusta vivían los menos favorecidos, cargados de innumerables obligaciones que debían rendir ante el estado pero sufriendo escasez de los derechos mínimos fundamentales que este mismo debería otorgarle.

Las madres de Soacha lloran a sus 11 hijos desaparecidos por el fenómeno de la ejecución extrajudicial de los falsos positivos, los habitantes de Trujillo aún después de 25 años reclaman justicia cuando la violencia no cesa en su territorio, consecuencia de ello está la agresión violenta por medio de ataques con bombas a la estatua realizada en honor a las víctimas despojándolos de lo poco que les quedan y por lo cual lucha: la memoria de sus víctimas para que no sean olvidadas.

Actualmente esa política ‘’democrática’’  no cesa ni ha sido medianamente mermada, ya que continuamente se realizan asesinatos y desaparición forzosa a diferentes líderes sociales que plantean una manera de transformación social en donde toda la población y el medio ambiente salga favorecido. Asesinan con su lógica absurda de balas tratando de callar la verdad en la boca de aquellos que deciden organizarse de manera colectiva en contra de unos cuantos que intentan arrebatarles sus derechos de manera injusta.

Posterior al Acuerdo de Paz que se llevó a cabo en la Habana, el incumplimiento estatal ha sido evidenciado de múltiples maneras generando inseguridad en diferentes organizaciones y  movimientos sociales, más si se tienen en cuenta que en el 2017  se han registrado aproximadamente 17 muertes de líderes sociales y defensores de DDHH en el país.

El Acuerdo de Paz en el punto 3 cuyo objetivo es garantizar a los colombianos que nunca más las armas y política estarán juntas, establece como tercer medida para que lo anteriormente dicho sea cumpla de manera eficaz lo siguiente :

Las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que ya han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo que amenacen la implementación de los acuerdos son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz,

Se trata de un conjunto de medidas para:

- Crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los ex integrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil.

- Brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos y medidas de protección a las colectividades en los territorios.

- Generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera.

- Desmantelar las organizaciones criminales y perseguir las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Los múltiples asesinatos son consecuencia de la inobservancia estatal respecto a este punto, sin realizar la investigación pertinente a estos asesinatos ejercidos de manera sistemática a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

La comunidad en general no puede ser indiferente frente a lo que está pasando. La población al ser el constituyente primario debe realizar una veeduría pertinente a la implementación del acuerdo de paz, estableciendo críticas contundentes que sean un pilar fundamental para la movilización y el rechazo a las organizaciones criminales que han sido fuente de amenazas directas a los movimientos sociales, políticos y populares como también a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La paz con justicia social está costando la vida, los opresores sienten temor al saber que son más los indignados, pisoteados y oprimidos, son más los que reclaman sus tierras, sus derechos y la verdad que de manera justa les pertenece. ‘’El olvido está lleno de memoria’’ como lo menciona Benedetti[4]  la lucha también es contra el olvido de aquella historia escrita con la sangre de los mártires y caudillos asesinados por una causa en la cual se acoge e identifica la gran mayoría de la población Colombiana. El legado continúa en aquellas memorias que se niegan a olvidar, porque la historia que no se conoce tiende el riesgo a llegar a repetirse, no se puede permitir el fusilamiento a aquellas bocas que hablan y luchan por la verdad.

[1] Anónimo. Colombia es el quinto país con mayor producción científica en América Latina Apropiación. En: Sistema Nacional de la Información de Educación Superior. 2009. Articulo Nº 2345.

[2]MELZER, Nils. Guía para interpretar la participación directa en las hostilidades según el DIH. p. 20

[3] SANCHEZ, Gonzalo. Trujillo, una tragedia que no cesa .2008. p. 11

[4] BENEDETTI, Mario. El olvido está lleno de memoria.

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