Hace más de 20 años el gobierno de César Gaviria que acogió sin beneficio de inventario la receta neoliberal del Consenso de Washington, tomó la decisión de privatizar el sistema de salud y entregarle a las EPS la afiliación, el registro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley. A su vez, a las IPS, privadas, públicas o mixtas, les otorgó la función de prestar los servicios médicos de consulta, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. Siguiendo las directrices del famoso Consenso, el punto de partida de esta reforma era que el sector privado era mucho más eficiente que el Estado aun en la ejecución de la política social.
El gobierno se quedó con la supervisión con una Superintendencia de Salud que jamás ha tenido ni la estructura ni el poder político adecuado para poder controlar estas entidades que se convirtieron en un oligopolio en el caso de las EPS o se integraron verticalmente con los resultados negativos que ya se conocen. Corrupción denunciada por el mismo gobierno que no ha actuado en consecuencia con las entidades responsables de imponer justicia; fracasos que nunca terminan de resolverse y quejas permanentes de los usuarios que denunciaron paseos de la muerte, malos servicios especialmente para los sectores de bajos ingresos.
Lo que sí debe reconocerse es que con la Ley 100 se ha alcanzado un avance innegable al tener el país una cobertura del derecho a la salud prácticamente universal. Pero el grave problema que estaba lejos de resolverse era el acceso universal a estos servicios especialmente del nivel que se requiere. En este aspecto crucial sigue jugando la permanente desigualdad que caracteriza a Colombia. Son los pobres pero especialmente los vulnerables de las ciudades y la población que vive en el campo, los que siguen siendo atendidos en condiciones muy inferiores a aquellos que por su alto nivel de vida pueden inclusive apelar a la medicina prepagada, o sencillamente carecen de acceso a estos servicios.
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Han pasado más de 20 años y este sector en manos prioritariamente del sector privado tiene indicadores negativos comparados con similares a nivel internacional
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Es en este contexto en que debe entenderse lo que está sucediendo en esto difíciles momentos cuando la presión sobre los servicios de salud, sus instalaciones y su personal de médicos, enfermeras y grupos de apoyo, están sometidos a una presión sin antecedentes no solo en Colombia sino en el mundo. Han pasado más de 20 años y este sector en manos prioritariamente del sector privado tiene indicadores negativos al compararlos con similares a nivel internacional. Un ejemplo claro que ahora requiere mayor relevancia es el que tiene que ver con el número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. De acuerdo con el Banco Mundial (2019), mientras Japón tenía 13.4, Corea del Sur, 11.5 y Alemania 8.3, Colombia solo registraba 1.5 menos de la mitad disponibles en Uruguay, Chile, y menos que en Perú, 1.6 y lo mismo que Ecuador y México, 1.5. Y la situación relativa del país es aún peor en camas en Unidades de Cuidados Intensivos, por 1.000 habitantes: Colombia 0,030 camas, cuando Alemania tenía 6,6, Estados Unidos 2,8 e inclusive México con 1.00. Produce terror pensar que la pandemia en Colombia llegue a los niveles de España por ejemplo porque no tenemos forma de atender la situación.
No sorprende entonces lo que se está viendo en medio de esta pandemia en Colombia: médicos renunciando por carencia de elementos básicos para realizar su trabajo; crisis en nada menos que en el instituto Nacional de Salud; quejas sobre la poca capacidad de realizar el volumen de pruebas que es fundamental para manejar esta crisis; solicitud de pagos atrasados a personal de la salud incluyendo médicos y enfermeras. Y algo muy grave sobre lo que el gobierno aún no ha dicho nada: las EPS no están entregando los medicamentos para enfermos crónicos o en estado grave que no tienen covid-19. Es decir, a pesar de la reforma Colombia no tiene el sistema de salud que debería y que se anunciaba con la Ley 100. Con razón planteaban varios analistas internacionales que una cosa es enfrentar esta pandemia en un país con un sistema público de salud y otra con un sistema privado.
Entre las muchas preguntas que tendremos que hacernos los colombianos cuando logremos superar esta crisis es si el actual es el sistema de salud que el país requiere. La prueba ácida será el manejo del covid-19 pero ya se nota hechos que deben destacarse. El sacrificio infinito de los médicos, enfermeras y personal de la salud que se están enfrentando a una demanda inmensa de atención de enfermos, muchas veces sin tener los medios que el sistema debería proveerles, entre otras, pagarles sus sueldos. La ampliación de los cupos de camas que se prevén será necesario la están realizando los gobiernos especialmente los locales. Vale preguntarse: ¿Dónde están las entidades privadas del sistema, las millonarias EPS y las IPS? Por lo menos a simple vista no se ha visto el esfuerzo que obviamente deberían estar haciendo. Es bueno que lo sepan los grandes jefes de estas entidades: el país está tomando nota.
Entre las grandes preguntas que saldrán de esta pandemia es si la idea de que el sector privado maneja mejor los recursos que el sector público sigue siendo verdad. Y esta pregunta no solo se la hará Colombia sino el mundo entero.
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Produce terror pensar que la pandemia en Colombia llegue a los niveles de España por ejemplo porque no tenemos forma de atender la situación.
