Cada vez está más claro que el ataque contra Víctor por parte de algunos funcionarios del gobierno Santos, durante los últimos 4 años, ha sido el de pintarlo como culpable ante la opinión pública para poder tapar el escándalo del Fondo Premium y cogerlo de paganini. Toda una cortina de humo.
Sin contemplación ni consideración alguna a las leyes de nuestro país y a los Derechos Humanos, la Superintendencia de Sociedades echó mano a un decreto de emergencia económica “4334”, para inhabilitar a nuestro papá por 10 años sin poder ejercer su profesión como empresario. En pocas palabras, echaron 45 años de esfuerzo y sudor a la basura.
De igual forma, lo sometieron al escarnio público, lo privaron de su libertad durante más de dos años, y atentaron en contra de su honra y buen nombre. La honra de una persona es objeto de protección jurídica y es un aspecto de la dignidad humana que está consagrado en las legislaciones de muchos países.
El derecho a la honra y la reputación está inscrito en diferentes acuerdos internacionales de derechos humanos como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 11 e incluso está consignada en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por eso, no se les haga raro que Víctor se aferre a su derecho de defender su honra y su buen nombre ante las voces que aparecen con el único objetivo de querer menoscabar su imagen, la cual se ha ganado a pulso y con hechos que hablan por sí solos. Quienes fueron sus empleados en las diversas compañías que creó y el éxito de cada una de ellas, son su único escudo para esta batalla.
Las difamaciones en su contra ya han caído a niveles aberrantes, siendo guiadas por quienes son poseídos por el odio, la envidia, el rencor y los intereses económicos. La demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es más que un grito de auxilio ante tantas injusticias que se están cometiendo dentro de su proceso.
