La noción de servidor público se encuentra en el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece lo siguiente:
Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
En conformidad con lo anterior, los servidores públicos que prestan sus servicios a un gobierno pueden clasificarse como miembros de las instituciones públicas, empleados y trabajadores del Estado. También existen los servidores temporales que desempeñan funciones públicas como los contratistas de prestación de servicios cuyo régimen se encuentra establecido en la ley.
Pues bien, independientemente de la clasificación y desempeño de las funciones del servidor público, para la cualquier institución la ética del servidor es un tema relevante, toda vez que la palabra hace alusión a la conducta y acción de los funcionarios frente al quehacer profesional en servicio a la comunidad.
En ese mismo sentido, la teórica filosófica Adela Cortina refiriéndose a la ética nos recuerda: “es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. A diferencia de los saberes preferentes teóricos, contemplativos a los que no importa en principio orientar la acción, la ética es un saber para actuar de modo racional”.
De igual forma, la doctora Cortina nos recuerda el origen etimológico de la palabra “ética” que viene de “ethos”, y quiere decir “carácter”. La gran tarea de la ética es forjar el carácter de los niños y los pueblos, asignatura clave que después se empleará en la vida y todo lo se haga. La ética modifica nuestra predisposición a actuar de forma correcta, fomentando la virtud o “areté”, la excelencia del servir”.
Este fundamento brinda principios y sustentos para la orientación de las acciones en los distintos ámbitos de la vida social, estableciendo las condiciones de una vida que merezca ser vivida, ofreciendo mínimos universales que se deben acoger y compartir entre todos aquellos que anhelan edificar su vida dentro de una sociedad sólida.
Así, la ética es el conjunto de normas que dirigen el comportamiento humano en sociedad. Por ello desde cualquier institución pública o administración se debe partir de la ética de sus servidores o funcionarios, quienes en la práctica deben aplicar los valores y principios éticos desde las acciones más pequeñas y sutiles para contribuir al bienestar social y fortalecimiento eficiente y vigoroso de la gestión pública construyendo confianza entre institución o administración y ciudadanía.
De esta forma se empiezan a combatir las prácticas de corrupción dentro de las corporaciones por parte de los funcionarios públicos, porque del accionar integro de cada servidor público en cualquier espacio o dependencia estriba la solides y credibilidad institucional, dado que cualquier acción irregular genera daños sociales colectivos dañando al conjunto de la sociedad y de ahí la idea central de prevenir que los funcionarios públicos caigan en la tentación de las prácticas corruptas.
Por ello para cualquier administración o institución pública la práctica ética es transcendental por el sostenimiento de la democracia, por la ciudadanía y la consideración de esta en poder realizar su proyecto de vida y desarrollarse como ser humano en una sociedad, por la generación de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
La confianza es un valor intangible que no se puede calcular científicamente dado que se construye en el funcionamiento diario de las instituciones y de ahí la importancia que cada profesional vinculado a cualquier escenario público se faculte en el ámbito de la ética y parta siempre de esta para cualquier acción y/o proceder, que conozca cuales son los fines de la institución a la que pertenece y como debe ser su relación con la ciudadanía, pero también que conozca las necesidades más urgentes de la sociedad a la cual está vinculada.
Pues bien, hay principios en el actuar ético que el funcionario público debe saber y poner en práctica como los son: el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad, la justicia y la equidad, así como algunos capacidades personales como: la neutralidad, la transparencia, el ejercicio adecuado del cargo y el uso adecuado de bienes del estado; esto para no incurrir en la obtención de ventajas personales o efectuar actividades de proselitismo político, amenazar o acosar y mantener conflictos de intereses.
En conclusión, la ética es una conducta que está claramente relacionada con los funcionarios que se ocupan de los cargos de gestión pública, tales individuos deben actuar conforme un patrón moral, mostrando todos los valores desarrollados y adquiridos en el trasegar formativo y profesional como principios necesarios para la vida sana en la sociedad. Todo profesional que desempeñe una función pública debe poseer una ética, ponerla en cada una de sus acciones y ser capaz de pensar estratégicamente, innovar, asistir, aprender y desaprender cuando sea preciso y desarrollando formas efectivas de trabajar sirviendo ante todo a la ciudadanía razón de ser administración e institución.