El pasado 10 de noviembre de 2016, fue terminado el contrato de trabajo a término indefinido de un funcionario de la gerencia de operaciones Apiay de Ecopetrol S.A. Todo por exigir elementos desechables en una prueba de alcoholimetría.
La empresa UMS MOVISALUD SAS, contratista de Ecopetrol, la cual estaba tomando el muestreo de alcoholemia, estaba utilizando utensilios de cafetería (mezcladores de bebidas) porque no contaba con los elementos adecuados para tomar el examen. El funcionario destituido se opuso a contaminarse, no quiso utilizar la misma boquilla que emplearon sus compañeros, a quienes le habían tomado la muestra anteriormente.
Esta retaliación y acoso laboral fue a raíz de que el funcionario se atrevió a denunciar en el 2015 a algunos administradores de Ecopetrol Apiay ante la Procuraduría General de la Nación. Esta acusación cursa ahora en la Fiscalía por el presunto delito de pérdida de equipo capital de las instalaciones de Ecopetrol S.A.
Además, por las continuas denuncias realizadas por este funcionario ante el Ministerio de trabajo y entidades de control, Ecopetrol había tratado de despedirlo en el año 2016 mediante la manipulación de incapacidades. Igualmente, se trató de calificarlo con un supuesto bajo desempeño para así justificar su despido.
Sin embargo, lo más grave es que Ecopetrol lo despidió en estado de debilidad manifiesta con pérdida de incapacidad laboral del 55%, para no continuar con los tratamientos médicos de las enfermedades adquiridas durante la relación laboral y así evadir su responsabilidad laboral.
Es tanta la influencia de Ecopetrol ante los entes de control que el Ministerio de Trabajo intentó archivar las denuncias en dos oportunidades y así mantener una impunidad completa (Auto 816 de 2014 y Auto 0305 de 2017). La corrupción dentro de los entes de control como el Ministerio de Trabajo desestimulan las denuncias contra sus patronos.
