Es de tal magnitud el desgreño y negligencia en la administración de los presupuestos asignados para la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc, que las observaciones diplomáticas de los países aportantes y las de los medios de comunicación han destapado bochornosas y criminales redes de alto nivel aplicadas al saqueo de tales dineros.
No se sale del asombro cuando se conocen los detalles de las artimañas utilizadas por estos intermediarios para echarse al bolsillo los soportes financieros de los proyectos productivos y de la adecuación de las instancias judiciales de la JEP.
En vista de tal situación y de los escándalos que golpean a la opinión pública, el gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente, general Óscar Naranjo, ha tomado una serie de medidas administrativas y técnicas para dar transparencia a la gestión de los billonarios recursos.
Hace pocos días se aprobaron medidas de choque para supuestamente mejorar la eficiencia y transparencia en la ejecución de dineros para la paz.
Hay un gabinete de posconflicto que revisa todo ello, especialmente las reingenierías en la estructura y la operación del Fondo Colombia en Paz que depende de la Alta Consejería para el Posconflicto.
El presidente creó un grupo de trabajo para acelerar la estructuración y presentación de los proyectos productivos de los guerrilleros.
Se ha hecho un levantamiento de todas las propuestas de proyectos productivos y se identificaron 214 iniciativas que se encuentran en diferentes estados de desarrollo. De estas 35 están en fase de formulación y solo 5 han sido presentadas por Farc al Consejo Nacional de Reincorporación para su evaluación y aprobación, pues las trabas clientelares son descomunales y los peajes de la corrupción son bochornosos, pues toda esta burocracia es un fortín liberal al servicio de los parlamentarios oficialistas.
El señor Santos ha ordenado crear un equipo de trabajo para acelerar la estructuración, presentación y aprobación de las 35 iniciativas productivas que hoy se encuentran en fase de formulación.
Estas 35 iniciativas apenas si involucran a 1.320 integrantes de Farc y tienen un exiguo presupuesto de 22.764 millones de pesos, mientras un solo intermediario como el marido de la exdirectora del Fondo Colombia en paz se echa al bolsillo miles de millones de pesos.
Entre las actividades programadas y que demandan un seguimiento ciudadano permanente se encuentra la convocatoria para el 21 de abril de la Comisión Nacional de Moralización en la cual la Secretaría de Transparencia presentará medidas para reforzar la vigilancia y control de la ejecución de los recursos de la paz. Ojalá así sea.
Las medias puntuales adoptadas en este plan de choque son:
Se ha designado a la firma Ernst and Young, de amplia trayectoria y experiencia internacional, para que realice una auditoría de la contratación adelantada hasta la fecha y haga una auditoría integral en lo sucesivo.
Se le ha asignado a dicha empresa una tarea para que haga una auditoría especial de los sistemas de información contratados por el Fondo Colombia en Paz.
Todos los procesos contractuales que ha desarrollado el Fondo Colombia en Paz se encuentran publicados desde ya en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Todos los nuevos procesos contractuales se publicarán en el Sistema Electrónico de Contratación Pública II (SECOP II) y se podrán consultar en las páginas web de la entidad solicitante, la fiduciaria y la Alta Consejería de Posconflicto.
Se realizarán informes semanales públicos del avance de ejecución de los recursos de los cinco fondos y sus subcuentas y de los procesos de contratación.
Para el reporte de la ejecución de los recursos de cooperación internacional se utilizará el sistema de la Agencia Presidencial para la Cooperación (Ciclope) y para los recursos del Presupuesto General de la Nación se utilizarán los sistemas integrados de finanzas públicas (SUIPF y SIIF).
Se encargó a Nelcy Rivera Alzate de la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz.
Se crea una instancia de articulación entre los coordinadores de los cuatro fondos y el Fondo Colombia en Paz.
Todo el proceso contractual en lo administrativo y financiero quedará en cabeza del Consorcio Fiduciario.
Para agilizar los procesos y dar celeridad a la ejecución de los recursos se fusionan los equipos de la fiduciaria y el fondo Colombia en Paz para crear una sola unidad técnica.
Se ajustaron los procesos de pago a los contratistas y reembolso de viáticos para garantizar un pago oportuno y se ofrecerá atención personalizada a quienes hayan tenido problemas con los pagos a través del Centro de Respuesta Integral de Fiduprevisora.
La Agencia Presidencial de Cooperación asumirá el liderazgo de la subcuenta que maneja los recursos de contrapartidas de cooperación.
No se observa en las medidas tomadas una erradicación de la tercerización que elude los requisitos licitatorios dispuestos por la Ley 80. Muy grave ello por cuanto las terceras seguirán contratando a dedo y entre roscas clientelares adictas a la corrupción.
Desde la Veeduría ciudadana “Paz sí es posible” aplaudimos y apoyamos las medidas tomadas en este plan de choque y solicitamos se suprima de una vez por todas la nefasta tercerización contractual. Un verdadero hueco negro en el Estado colombiano.
Igualmente solicitamos que ese plan de choque se aplique al OCAD de paz, a los contratos paz del DNP y al Fondo de Inversiones para la paz.
Urgente que entre a operar el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto/Siipo, creado mediante el Decreto 1829 de 2017.
