En el justo momento en que las Empresas Públicas de Cartago, Emcartago, empieza a ver la luz al final del túnel en que la dejó la politiquería y la corrupción, ‘las fuerzas oscuras’ que acabaron con esta entidad ahora quieren sacar a como dé lugar al actual agente interventor y su equipo de trabajo.
Todo aquel que se atreva a aceptar el encargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD, para recuperar la empresa es objeto de presiones y amenazas de muerte, al punto que en menos de un año han pasado por el cargo cinco gerentes, sacados a la brava.
No en vano el primer gerente interventor le dijo a un medio nacional que salió corriendo a los dos meses de nombrado por la Superservicios: “era un ambiente bastante oscuro y todos los días llegaban amenazas de muerte contra los empleados”.
Ahora el blanco de estos ‘poderes oscuros’ es el agente especial, Harold Arbeláez Herrera, un abogado con amplia experiencia en el sector formado como especialista en la materia, y su grupo de trabajo, a quienes acosan con amenazas de muerte, ruidosas denuncias y linchamiento mediático.
Emcartago fue intervenida por un déficit de caja, a diciembre del 2013, de 7.600 millones de pesos y un pasivo de 11.400 millones, y en su corta gerencia, el último interventor reestructuró el ineficiente sistema de facturación y cobro, empezó a recuperar la cartera, inexistente cuando llegó, y la entidad empieza a mostrar recuperación después de muchos años con un superávit de 238 millones de pesos, en el último trimestre.
Han mejorado el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo, Irca, al pasar de 3,20 en enero de 2014 a 0,19 en enero 2015, donde 0 es lo óptimo y 5 la medición más dañosa, eso es calidad de vida para los habitantes de la ‘Villa de Robledo’, pero esas pequeñeces no importan cuando lo que está en juego es la chequera y el fortín burocrático que manejaban a su antojo, y que hoy ad portas de las elecciones regionales extrañan a rabiar.
Se cumplió en tiempo record con el requerimiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que exigió información que estaba desactualizada desde el 2008, evitando una millonaria sanción a la empresa que representaría más de 4 mil millones de pesos anuales.
El control interno que empieza a funcionar descubrió que una empresa proveedora de contadores envió referencias distintas a las compradas por la entidad y por ello demandó el contrato e hizo efectivo las pólizas de cumplimiento, pero los ‘señores’ que se niegan a perder el control de su fortín político y ‘caja menor’, hacen parecer este hecho como un síntoma de corrupción.
Denuncian por ejemplo, que “solo en 2014 se firmaron 15 contratos por valor de 303 millones de pesos para alquiler de igual número de vehículos, pero no aclaran que la situación se está corrigiendo en el periodo de Arbeláez Herrera, quien está al frente desde el mes de septiembre de 2014; actualmente solo quedan vigentes cinco contratos que no se renovarán cuando terminen porque están recuperando el parque automotor de Emcartago que es de 12 carros.
Cuestionan un contrato de la entidad con la Policía, en el que cruzan cuentas de servicios públicos por vigilancia y seguridad, por valor de 104 millones de pesos, pero olvidan que el actual equipo directivo está trabajando bajo amenaza de muerte, delicada situación por la que tienen que usar chalecos antibalas y escoltas.
El propio alcalde de la ciudad, en cuyo periodo la empresa fue intervenida reclamó en un canal de televisión local que Emcartago es una empresa de los cartagüeños y que se la están entregando a foráneos, falaz argumento que ignora que el 95,3% de los 274 empleados son de la ciudad y que solo se removieron funcionarios administrativos que no cumplían las tareas para las que fueron nombrados, siendo remplazados por profesionales de confianza del agente especial, con formación e idoneidad para cumplir la metas trazadas.
Estos detractores que siguen el libreto de los huérfanos de ese poder en Cartago, cuestionan el carácter politiquero, obviando señalar que es una carga que arrastra desde que ellos controlaban la entidad, y como lo saben se apresuran a aclarar “que en ninguno de esos casos se discute el perfil profesional, pero sí cuestionan el origen politiquero”.
Determinar quienes están detrás de las reiterativas amenazas de muerte a los funcionarios es obligación de las autoridades, pero los cartagüeños que en una inmensa mayoría son personas honestas y trabajadoras, deben rodear a los encargados de recuperar su empresa emblema, de lo contrario el costo será muy alto, pues si no sale de la intervención corre el riesgo de ser liquidada y ahí sí sus funciones serán entregadas a privados.
Quienes por años ‘saquearon’ a Emcartago dejándole el déficit que obligó a su intervención están demostrando que utilizarán todos los medios para recuperarla, no importa que tengan que matar, amenazar o desinformar. Estrategia de terror que manda un muy mal mensaje al país.
