La cal es tóxica y la arena inofensiva, y esta no puede ser la combinación que utilice la JEP para seleccionar sus fuentes origen y base de las investigaciones, pues estas deben caracterizarse por su intachable legitimidad, exhaustiva rigurosidad y evidente tecnicidad, precisamente por el alcance político de sus decisiones. De lo contrario, podría estar incurriendo en lo que, en el derecho penal se llama “los frutos del árbol envenenado¨, es decir cuando las pruebas no han cumplido el debido proceso y en consecuencia, el producto final estará contaminado, su resultado será opuesto a los fines de la justicia.
No es consecuente entonces, que la JEP, en el auto 033 sobre los denominados “falsos positivos” acuda a fuentes como la Coordinadora para los Derechos Humanos Colombia, Europa y EE. UU., la misma que desde 2005 ha trabajado de la mano de Oidhaco - Organización Internacional de Derechos Humanos para Colombia con sede en Europa, asociada al Acuerdo de Londres y reconocidas por su éxito como cajas de resonancia de los grupos terroristas colombianos en ese continente. Es vox populi en las capitales europeas, que estas ONG actúan en agenda concertada con el ELN y el GAIF -Grupo de Apoyo Internacional de las Farc, seguramente ahora al servicio de la narcotalia y cuyos delegados en Bélgica, España, Suiza, Alemania y los países nórdicos, se mueven en célula, dirigida por una mujer de nacionalidad francesa y chilena, de confianza de Iván Márquez, conocida como Natalia o Natasha, domiciliada en Bruselas, conectora de las actividades que cumplían Granda, Lucas y Carolina, entre otros y que reportaba en forma directa y en comunicación encriptada (PGP) al extinto canciller de las Farc alias Raúl Reyes.
En una compleja negociación como fue el proceso con las Farc, el modelo de la JEP fue la fórmula aceptable y viable, frente a otras que se han aplicado en Colombia y en el mundo, que otorgaron amnistías e indultos, perdón y olvido, e impunidad total para los victimarios. Sin embargo, son contundentes y abundantes las dudas razonables que cuestionan la forma como se diseñó el tribunal, la elección de sus magistrados y su amplia simpatía y conexión con la izquierda extrema. Surge entonces la sensible inquietud de si la JEP estaría siendo instrumentalizada para finiquitar la estrategia antisistema de las Farc, el ELN y la izquierda radical; que con aguda fijación y sin descanso acusa al expresidente Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática, la más exitosa estrategia en la historia de la lucha contra el terrorismo en el país y referente para el mundo, asi como a los soldados y policías de la patria. Aterran las presiones agresivas, sistemáticas, infundadas y cargadas de odio que anhelan ver al expresidente juzgado por la Corte Penal Internacional, seguramente los mismos que querrán al ex secretariado de las Farc gobernando la nación.
Razón tiene el ministro de Defensa al exigir a la JEP que se tenga en cuenta las cifras oficiales, pero ojo, es peligroso abrir una ventana que permita el acceso a los archivos de inteligencia, reclamo insistente de las comisiones de la verdad y ONG y que podría desencadenar una aguda confrontación política y jurídica de incalculables consecuencias. Recordemos que durante décadas los servicios de inteligencia operaron contra el terrorismo y el crimen organizado sin una legislación precisa que regulara su marco y alcance. Informaciones extraoficiales ya dan cuenta de un probable auto de la JEP sobre operaciones extraterritoriales del pasado que involucraría a los responsables de la operación Fénix en Ecuador donde cayó abatido Raúl Reyes, la captura de Simón Trinidad en este mismo país y la de Rodrigo Granda en Venezuela.
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Pretender que un presidente de la República ordene ejecuciones extrajudiciales es extremadamente contrario a la realidad
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Pretender que un presidente de la República ordene ejecuciones extrajudiciales es extremadamente contrario a la realidad. Los análisis de contexto le dan cabida a todo tipo de especulación y arrojan conclusiones de sistematicidad y autoría aferrados más a juicios subjetivos, fácilmente cuestionables y con inferencias de papel. La dignidad del primer mandatario y su relacionamiento con la cúpula a través del ministro de Defensa está rodeada de honor, lealtad, respeto y legitimidad. Esta no llega a la minucia operacional que, en la mayoría de los eventos, tienen un desencadenamiento propio en el campo de batalla a veces diferente al planeamiento realizado, inclusive en las operaciones contra objetivos de alto valor.
Los policías y soldados de la patria están entrenados para obedecer órdenes en el marco de la Constitución y la Ley y quien se desvíe de ellas responde individualmente por sus actuaciones. No ha sido doctrina, ni política del estamento militar entrenar a combatientes para asesinar despiadadamente a jóvenes y campesinos inocentes, tampoco por un incentivo, permiso o una medalla. Las circunstancias de la guerra son complejas y conlleva daños colaterales, pero nunca habrá lugar al uso de la alevosía contra nuestros hermanos. Ningún colombiano, bien intencionado, puede imaginarse a un comandante honorable, ordenando o ejectuando con sus soldados muertes fuera de combate. Las ejecuciones extrajudiciales, como ya se ha demostrado, son prácticas inhumanas, propias de los psicópatas, del terrorismo, de las mafias del narcotráfico y de los regímenes dictatoriales. Pero también de conductas desviadas de quienes nunca debieron portar el uniforme.
Descifrar las circunstancias que rodearon innumerables muertes derivadas de los operativos de la Fuerza Pública en la aguda confrontación con el terrorismo es tarea inagotable. El país entero se moviliza alrededor de las víctimas inocentes, y exige todo el peso de la ley sobre los victimarios. Sin embargo, existe un sentimiento general que causa profundo dolor y desazón en la mayoría de los colombianos, en los soldados y policías de la patria; y es que la JEP termine profiriendo informes de argamasa, de cal y arena; cuyos frutos han nacido de un árbol envenenado que busca crear al Milosevic colombiano, o al ¨señor de la muerte¨ o al carnicero de los balcanes, el que, en Colombia no existe.
