Mis ahorros pensionales en Porvenir para enero de 2018 eran de aproximadamente 35 millones de pesos tras 15 años de trabajo, ahí he cotizado en un portafolio de riesgo moderado sin que en algún momento se me haya dado a conocer en dónde pone mi dinero esta empresa del conglomerado financiero Grupo AVAL, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
En enero de 2018 mi ahorro pensional era de 35 millones de pesos, y tres meses después, de aproximadamente 30 millones de pesos. Eso sí, el extracto trimestral se esforzaba en mostrar que mi ahorro realmente había crecido en su totalidad, ya que mis aportes reales solo sumaban 22 millones de pesos y yo ya había logrado 8 millones de rendimiento a lo largo de 12 años. Por cierto, llevo 12 años en Porvenir porque un día unas impulsadoras tomaron mis datos en la universidad y resultó que me estaban inscribiendo ilegalmente en ese fondo de ahorro pensional obligatorio.
Las cuentas que yo hago con respecto al manejo de mi dinero por parte de Porvenir son bien diferentes a como ellos quieren mostrármelas. Si hago cálculos conservadores, invirtiendo en un portafolio de inversión de bajo riesgo con un corredor de bolsa honesto (e incluyendo su comisión), tendría hoy en día unos 45 millones de pesos (Porvenir también me cobra comisión). Si hubiese decidido invertir en un CTD o en un ahorro programado, hoy tendría unos 38 millones de pesos. Entonces, me pregunto: ¿cuál es el criterio con el que maneja mi plata Porvenir?
Estoy en la tarea de investigar el porqué de mi ahorro pensional desaparecieron 5 millones de un informe trimestral a otro. La primera explicación que encuentro me la da un economista amigo: “Las megaobras de infraestructura en Colombia se financian con tu dinero y el de millones de colombianos aportantes al sistema general de pensiones del país y cuando estas obras incurren en sobrecostos, mala planificación, imprevistos, malos manejos o, como en el caso de la caída del puente de Chirajara: un accidente, los que deben asumir las pérdidas, como inversores que son, son los aportantes a ese sistema. Porvenir seguirá cobrándote una comisión que no se verá afectada por las malas o buenas decisiones que toman y esta comisión siempre irá a parar a las arcas de su dueño: el señor Sarmiento Angulo”.
Hasta aquí todo normal, acorde con el sistema económico en el que vivimos y que conocemos más o menos, que nos ilustran películas como The Big Short, El Lobo de Wall Street o El Club de los Chicos Billonarios. Pero por supuesto, en Colombia siempre todo puede ser peor: el puente de Chirajara se le cae a una compañía llamada Gisenco, propiedad de dos de las familias más prestantes de Antioquia; esta compañía es contratada por Coviandes, dueña de la concesión de la vía que conecta a Villavicencio con Bogotá (lo ha sido por 26 años y lo será como mínimo por 35 más).
Coviandes, a su vez, es una de las compañías que forma parte del monstruo financiero llamado Corficolombiana, una sociedad que provee de capital a las grandes obras de infraestructura del país, que por casualidad siempre son adjudicadas en licitaciones y concesiones a sus propias subsidiarias. ¿Cómo se capitaliza Corficolombiana, sociedad perteneciente al grupo AVAL? Pues sacando el dinero de los fondos de pensiones. Para el caso de Porvenir, esta práctica vendría a ser como un autopréstamo, uno de bajísimo costo, ya que ellos mismos deciden las tasas de interés, siempre ventajosas, y cobran comisión por pasarse el dinero de un bolsillo al otro.
Como norma, los portafolios de inversión no ponen todos los huevos en la misma canasta, por lo que son obligados a diversificar la inversión y a encontrar otros proyectos redituables. Ejemplos de ideas geniales, disruptivas y con visión como la de meter la plata en fondos de venture capital, o comprar títulos TES al Estado colombiano son en realidad trampas para el futuro económico de quienes aportamos al sistema y para el mismo futuro de la economía colombiana.
Un fondo de venture capital tiene como fin localizar ideas de emprendimiento nuevas y con alto potencial. Estas pueden ser un medio digital (Pulzo), una compañía que uberiza servicios (Rappi), una tienda de café (Tostao), un supermercado de oportunidad (Justo y Bueno o D1) o una empresa de transporte de última milla (Grinn). La idea es que estos emprendimientos puedan capitalizarse y hacer una rápida expansión abriendo de golpe varios locales o poniendo 10.000 patinetas en todo Bogotá. Esta capitalización se hace por lo general a ideas de personas del mismo círculo de poder de los ejecutivos de los fondos y el resultado puede ser bueno, malo o mediocre, pero eso sí, nunca por medio de un proceso democratizador o igualitario para que haya creación de tejido social por medio del éxito de empresas jóvenes o comunitarias. En Bogotá hemos visto cementerios de patinetas o locales fantasma de donde alguna vez hubo tiendas de café y supermercados.
Otra genialidad que se les ocurre es prestarle plata al Estado para que este financie su aparato burocrático a través de títulos TES. En estos títulos de deuda el Estado promete jugosos rendimientos que rayan en lo especulativo, más hoy en día cuando hemos perdido la calificación de inversión por parte de las calificadoras de riesgo internacionales. Esta práctica se puso de moda desde el segundo gobierno de Álvaro Uribe y se mantiene hoy en día de una manera casi conspirativa, ya que el gobierno llega a comprometer hasta en un 66 % del total del presupuesto de la nación en el pago de los intereses que generan esos títulos de deuda, con el agravante, mencionado anteriormente, de que el país perdió el grado de inversión con el gobierno de Duque y esos TES que antes ofrecían como “jugosos” ahora tendrán tasas de interés que rayarán en la usura para poder ser puestos en el mercado de manera competitiva.
En teoría, nosotros los aportantes a los fondos de pensiones nos beneficiaríamos por recibir semejantes dividendos, pero es claro que el Estado no podrá pagarlos a menos que haga efectiva una reforma tributaria, y ya hemos visto cómo le ha salido a Duque y a su alfil Carrasquilla esa jugada. El gobierno quedará entonces en la disyuntiva de no pagar los intereses de los TES si quiere sobrevivir a su último año de gobierno, o disminuir drásticamente el gasto de su aparato burocrático (el mismo gasto con el que pretende controlar las elecciones de 2022). En el primer caso los fondos de pensiones nos trasladarían inmediatamente las consecuencias del no pago a los aportantes; en el segundo caso se agravaría el estallido social. El escenario más apocalíptico no parece estar tan lejos: los fondos se lavarán las manos y entregarán el poco dinero que aún les quede, bien sea al gobierno para que lo administre o a lo cotizantes aduciendo que ellos eran solo administradores.
¿Qué hará el gobierno? ¿Proponer una ley que grave el dinero que está en esos fondos y las pensiones que ya se están entregando? ¿Renegociar los intereses de los TES, cosa difícil con la calificación de riesgo que tiene Colombia en estos momentos? ¿Pedir un rescate económico en el exterior, difícilmente otorgable y si existiese, con condiciones duras para el comportamiento económico de todos los colombianos? Por ahora solo quedará esperar y ver cómo el gobierno nos intenta quitar lo poco que tenemos ahorrado y cómo vende la poca infraestructura que aún posee, ISA y Ecopetrol entre ellas, y raspar lo más que pueda de la olla tributaria.
Hay una cosa clara: el Estado se ha quedado ilíquido por su irresponsable manejo económico, especialmente durante el de los últimos 18 años, por feriar contratos a sus aliados políticos: centros poblados, por ejemplo, y a sus aliados económicos: Concesión Vía al Llano, por ejemplo. Ahora intenta adueñarse del Banco de la República e intentará, mediante una dictadura institucional, hacerse reelegir a toda costa a través de clientelismo y chanchullo. Ahh y robándose mi ahorro pensional.
