El pasado 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones locales y regionales en Colombia, las mismas representaban la posibilidad para que el gobierno de Gustavo Petro conquistara aliados en la institucionalidad local que permitieran aunar esfuerzos en la materialización de sus pilares para el cambio (renta ciudadana, economía para la vida, seguridad humana, lucha contra la corrupción, transición energética, paz total, entre otras).
Por otro lado, la oposición uribista asumió la contienda electoral como el primer asalto en una disputa de largo aliento por la elección presidencial del año 2026. Así lo manifestaba recientemente el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien aseguraba que “en octubre no serán unas elecciones regionales, será un plebiscito para salvar al país”.
La argucia uribista de “salvar” al país no es una novedad de la reciente campaña electoral, ya antes intentaron “salvar” a Colombia de “convertirse en Venezuela”, del “castrochavismo”, de la “ideología de género” y muchas más banderas genéricas replicadas a modo de receta alienante por la ultraderecha internacional.
Lo particular de esta campaña electoral es que el enemigo común que posicionaron para – según los líderes uribistas- vencer al comunismo que encarna Petro, fue la paz. Sí, por más absurdo que parezca la política de “paz total” del gobierno de Petro fue el constructo sobre el que la estrategia uribista depositó su armazón ideológico tradicional: la “mano dura”, el nacionalismo (regionalismo en este caso), la demonización del contrario y la creación de un enemigo común.
La “paz total” y su lenta o nula efectividad actual (especialmente a causa de las trabas jurídicas y legislativas) , se constituyó en la excusa para exacerbar el resentimiento (emoción principal que buscan fomentar las nuevas derechas) y así movilizar al electorado a partir de una “ legitima rabia”.
El resentimiento no solo implica una sensación de haber sido agraviado, sino también un impulso de atribuir responsabilidad y culpa por la infracción. Al mismo tiempo, también implica la expectativa de justicia, al costo que sea necesaria.
De ese modo, apelar a la “paz total” no solo en términos de fracaso táctico como política de gobierno, sino atribuyéndole la simbología de “traición a la patria” (entrega de la patria a los terroristas), sumado al resto de dispositivos de demonización y aniquilamiento moral de la figura de Petro (y Quintero en el caso de Antioquia), da como resultado no solo un electorado alienado y enfurecido que, en ultimas, lleva al triunfo del uribismo en Antioquia, también allana el camino para la imposición, a priori legitimada, de medidas autoritarias y guerreristas que se contraponen a la “paz total”, bajo el entendido que, si la “paz total” es la entrega de la patria a los terroristas por parte de Petro, la “guerra total contra los terroristas” será la salvación de Colombia1.
Bajo ese contexto, son legitimadas y aplaudidas por cientos de ciudadanos, expresiones como “si es necesaria la muerte de las personas que nos dañan, deben morir”, pronunciada por una diputada del Centro Democrático en una sesión de la Asamblea de Antioquia. Declaraciones como las de la diputada, son coherentes con la narrativa que llevó a la victoria electoral de Federico Gutiérrez en Medellín, Andrés Julián Rendón en Antioquia, y a las bancadas uribistas (CREEMOS y Centro Democrático) en la Asamblea de Antioquia y Concejo de Medellín. Lo más alarmante de este fenómeno es que no solo configura una narrativa para ganar elecciones, la evidencia histórica ha demostrado que azuzar la guerra total hace parte de una concepción ideológica arraigada en los militantes uribistas.
Bajo ese prisma resulta comprensible que, en una de sus primeras alocuciones como gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón invoque a la participación de la sociedad civil en la guerra, promoviendo los tristemente celebres “frentes de seguridad ciudadana” y las “red de cooperantes de la fuerza pública”:
"Invocamos la colaboración de los ciudadanos para que sean los ojos y los oídos de nuestra Fuerza Pública en los distintos rincones de Antioquia. La mejor manera de honrar su esfuerzo y sacrificio y la vida de tantos que se nos han ido es colaborar con la autoridad, la policial, la civil, la militar" (Andrés Julián Rendón, 2024)
Esta propuesta de inmediato fue respaldada por una de las representantes del matiz más guerrerista del uribismo, la senadora María Fernanda Cabal, quien en sus redes sociales mencionó lo siguiente:
El país no aguanta más violencia, ni urbana, ni rural, no aguanta más secuestros, más extorsiones, más masacres. Por eso acompañamos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a reactivar todos los frentes rurales de cooperación, toda la información posible para trabajar de la mano de la fuerza pública(...) Así como hay frentes locales de seguridad en los barrios de las ciudades, así tiene que ser en cada rincón de la ruralidad de los colombianos, no puede ser que agricultores, campesinos, ganaderos, no puedan defenderse y quedar a merced del crimen. A organizarnos de la mano de las instituciones para proteger la vida, la libertad y la honra de los colombianos de las zonas rurales (María Fernanda Cabal,2024)
En este punto es importante recordar lo que significaron para la historia del conflicto armado y para las víctimas de nuestro país, los famosos Frentes de Seguridad, y en general, la vinculación de grupos civiles al conflicto armado. Para tal fin, es preciso recordar que fue el mismo Álvaro Uribe quien mayor uso le dio a esta estrategia de “seguridad” en Colombia, pero que la misma tiene raíces mucho más profundas entre los regímenes de extrema derecha e incluso fascistas que han pululado en la historia moderna. Valga decir que la organización de civiles como “cooperantes” de las fuerzas del Estado, fueron permanentemente empleadas en estrategias de contención a la alteridad política en los regímenes fascistas como los de Hitler y Mussolini 2.
En Colombia, la estrategia de organizar civiles para “colaborar” con las fuerzas del Estado en la lucha contra el terrorismo, como se mencionó antes, tuvo su auge durante los gobiernos de Uribe, esto en el marco de su famosa política de seguridad democrática cuyo sustento ideológico era la “guerra total contra el terrorismo” y en donde enfocó todo el esfuerzo y recursos del Estado.
Si bien la política de seguridad democrática pretendía conferir al Ejército poder casi que, ilimitado de acción en el territorio, Uribe planteó otra estrategia para cercar más a la subversión ( y a sectores políticos contrarios a su proyecto), se enfocó en introducir en el conflicto a la población civil de manera directa. Lo hizo haciendo un llamado a la sociedad para trabajar de forma conjunta con la Fuerza Pública en pro de “derrotar a la guerrilla”. Respecto a esta alianza Álvaro Uribe en el discurso a las fuerzas armadas (2002) afirmó:
Restablecer el orden público es tarea del Estado en su dimensión integral, que impide la exclusión de institución alguna y obliga el compromiso adicional de la totalidad de los ciudadanos. Necesitamos que todas las personas cooperen con la Fuerza Pública. Cumplamos la meta inicial de organizar un millón. Dicha cooperación debe ser institucional y voluntaria. Institucional con la dirección de la fuerza pública y el control de los organismos competentes. (Presidencia de la República, 2002)
Al vincular de esta forma a la población civil, la guerra entra en una etapa donde los actores armados se diversifican y las fronteras entre la legitima defensa y la acción violenta en busca de intereses económicos o políticos se vuelven más difusas, degradando el papel del Estado y cediendo el control del monopolio de la violencia a los civiles, con todos los riesgos que eso implica.
Durante el gobierno de Uribe y gracias a la implementación de dichas estrategias de seguridad se llevó a cabo uno de los crímenes de Estado más graves de la Historia: La ejecución extrajudicial de 6402 jóvenes pobres a manos del Ejército y que luego fueron pasados como guerrilleros muertos en combate y enterrados en fosas comunes.
Puntualizando nuevamente en la “colaboración” entre población civil y fuerza pública que para Uribe funcionaba como pilar de la lucha contra la subversión y el terrorismo, hay que decir que ésta se vio cristalizada en un proyecto que se implementó antes de que Uribe ascendiera a la presidencia de la república, en concreto, se implementó durante el periodo en el que Uribe era gobernador de Antioquia.
Esta estrategia conocida como “Las Convivir” consistía en fundar organizaciones privadas que buscaban trabajar bajo un esquema “colaboracionista” entre sus integrantes y la Policía Nacional, para de esta forma reducir el crimen y fortalecer la comunicación entre la comunidad y el Estado. Sin embargo, rápidamente quedó en evidencia cómo estas estructuras sirvieron de refugio legal para los paramilitares que impunemente operaban desde ahí 3.
Pero la actividad de las Convivir se convirtió en un punto de choque. Mientras Uribe y sus partidarios las defendían como la panacea de la seguridad y tranquilidad públicas, numerosas ONG’s internacionales elevaron toda suerte de denuncias sobre su actividad. Se supo entonces que en un determinado momento el gobernador de Antioquia les había entregado armas de largo alcance que, ante una decisión de la Corte Constitucional, debió recoger de forma apresurada.
La revista Business Week señaló que “estas milicias armadas dotaron con información de inteligencia a las Fuerzas Armadas y ayudaron a la Policía a combatir el crimen... pero... (terminaron por transformarse) en escuadrones paramilitares que hicieron blanco no sólo en las guerrillas sino también en civiles sospechosos de simpatizar con ellas”. (Contreras & Garavito, 2002, p94)
Numerosos informes judiciales han demostrado que “las Convivir” resultaron ser la forma de alianza entre muchos empresarios, políticos y paramilitares. Algunos paramilitares como el mismo Mancuso, fundaron Convivir. Así mismo, algunas Convivir sin origen paramilitar se transformaron en grupos paramilitares. Haciendo uso de ellas se cometieron masacres, a pesar de que, según el gobierno, solo el 10% de ellas tuvo armas. Las Convivir fueron utilizadas por los grupos paramilitares financiados por el narcotráfico para actuar con aparente legalidad.
A propósito de lo anterior, el profesor Max Yuri Gil coordinador para Antioquia y Eje cafetero de la Comisión de la Verdad, señala que:
Desde la década de los 90 que se ensayó con la cooperativas "Convivir" y luego en el gobierno de la seguridad democrática del expresidente Uribe, el involucramiento de civiles no solamente trajo el fortalecimiento de expresiones paramilitares sino también la victimización creciente de la población civil, por eso tenemos unos indicadores de violencia contra la población civil tan altos desde mediados de los 90 hasta finales de la primera década del siglo 21 (Max Yuri Gil, 2024).
Ahora bien, el actual gobernador de Antioquia ante las críticas por su desafortunada y peligrosa iniciativa aclara que los Frentes de Seguridad y las redes de cooperantes no emplearían armas y estarán por completo en el marco de la constitución y la ley.
No obstante, como también lo menciona el profesor Max Yuri “el problema de las Convivir, las redes de informantes y cooperantes no es su legalidad, sino que fueron parte de una estrategia que fortaleció al paramilitarismo y causó miles de víctimas. No fueron casos aislados, fue una decisión intencional de uso del terror con marco legal”.
En este punto es importante retomar la idea según la cual, en Antioquia se a azuzado un discurso de resentimiento, guerra total y venganza. Incluso, históricamente se han cimentado prácticas de justicia por mano propia. Esto sin mencionar que la mayoría de “Convivir” vinculadas al paramilitarismo estuvieron ubicadas en este departamento.
Así las cosas, la propuesta del gobernador de Antioquia reviste un riesgo mayor. Maxime si se reconoce la coyuntura actual del país, en la que en el marco del paro nacional se vio la actuación conjunta de civiles armados junto con integrantes de la policía o el ejército lo que se ha denominado paramilitarismo urbano, sumado a la incapacidad o desinterés por parte de la fiscalía en cuanto a la judicialización de esos crímenes cometidos, cobija con un manto de impunidad las actuaciones de este tipo de grupos que puedan ser violatorias de los Derechos Humanos .
Adenda
1. De la recompensa pasaron a los radios de comunicación, luego a la formalización de grupos de vigilancia. Luego, esos grupos se armaron (con acción u omisión de los gobiernos de turno). Su papel era colaborar con las fuerzas del Estado, pero terminaron convirtiéndose en su herramienta para eliminar al opositor, a la alteridad, a quien osara criticar el establecimiento, sin importar si eran mujeres o niños. El paramilitarismo es una fase de la historia que insiste en repetirse con nuevos rostros, modelos y matices, es papel de los demócratas develar esos nuevos rostros. Es papel de los defensores de Derechos Humanos y la vida, unirnos para denunciarlo y evitarlo.
2. La ciudadanía antioqueña debe recuperar el sentido de la antioqueñidad. Nuestro departamento es de gente trabajadora, solidaria, honesta, generosa y amorosa. Nuestra característica cultural no es la guerra, no es la justicia por mano propia, no es la “ley del más fuerte”. Antioquia debe salir de lo que algunos han llamado “el embrujo autoritario”. No somos un departamento uribista. Debemos defender sin titubeos la paz, la búsqueda de justicia social y el derecho a no participar de una guerra absurda.
3. “Si eres neutral en situaciones de injusticia significa que has elegido el lado opresor” esa frase de Desmond Tuto, cobra mucho sentido en el momento político que vive Antioquia. Es claro que para muchos actores políticos es difícil controvertir hoy al uribismo en este departamento (tienen un poder político, económico y hasta militar que puede resultar abrumador). No obstante, por justicia histórica y en honor a los miles de víctimas que han dejado las políticas que ese grupo representa, es indispensable pararse con dignidad contra la infamia.
Notas al pie:
1. Colombia tiene un antecedente reciente en el que una política de paz se convierte en depositaria de la contraofensiva de la ultraderecha para recuperar el poder político. Valga recordar la mal llamada “paz de santos”, el plebiscito y el posterior ascenso al poder de Iván Duque. En aquel entonces la promesa de campaña fue “hacer trizas el acuerdo de paz”. Lo han venido cumpliendo raja tabla.
2. Italia puede considerarse como uno de los pioneros de este fenómeno, ya que la organización de los “escuadristas” surgió durante 1919 bajo el mando de Mussolini, quien convierte a los Fasci Di Combatimento en una milicia voluntaria que pretende defender los intereses de los partidarios del fascismo. El nombre por el que son conocidos posteriormente se debe al color de los uniformes que usaban los miembros de este nuevo ejército, como lo señala el autor: Las camisas negras fueron un grupo radical italiano liderado por Benito Mussolini que nació inicialmente bajo el nombre de facii di combatimento. Luego tomó la denominación de “camiscie nere” en alusión al color del uniforme que portaban sus integrantes. De estructura militar y con funcionamiento paralelo al ejército oficial, constituyeron una fuerza entrenada para ejecutar acciones de choque, control y neutralización del enemigo: sindicatos, huelguistas e intelectualidad de izquierda adversa al fascismo (Arrechedora, 2018)
3. Entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, una primera es el hecho de que el Gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994), más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los Derechos Humanos o con nexos con el narcotráfico (CNMH, 2013, p158).
4. Valga recordar al famoso Andrés Escobar quien disparó con arma de fuego contra manifestantes en Cali y hoy es concejal de la ciudad.
BIBLIOGRAFÍA
Arrechedora, I. (2018, 19 abril). Camisas Negras (Italia, 1923): Origen, Historia e Ideología. Recuperado de https://www.lifeder.com/camisas-negras/
Muñoz, A. (2014). Informantes y cooperantes, ¿Una alternativa para la construcción de ciudadanía en Colombia? Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional.
Contreras, J., & Garavito, F. (2002). Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez ( El señor de las sombras). Bogotá, Colombia: Oveja negra.
