Hace ya seis años las Farc y el Estado acordaron que la creación de un sistema especial de justicia para resolver los conflictos por la tierra en Colombia sería fundamental para la transformación del campo colombiano, principal escenario de una cruenta guerra irregular de 50 años.
El proyecto de reforma constitucional que busca crear esa jurisdicción especializada ya hace tránsito en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que abrió espacio a foros y audiencia para fortalecer su toma de decisiones. Allí, los presidentes de las cortes de justicia ya dieron su respaldo a la iniciativa, pero también formularon reservas de fondo.
Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Jaime Enrique Rodríguez Navas, del Consejo de Estado, y Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, del Consejo Superior de la Judicatura plantearon que resolver los conflictos por la tenencia y el uso de la tierra es vital para hacer la paz, pero consideraron innecesario crear una nueva corte que falle en última instancia los conflictos.
Los magistrados recordaron que ese juez de última instancia ya existe y se llama la Sala de Casación Civil de Casación Civil y Agraria. A su juicio esa sala, que resuelve conflictos entre particulares, ha actuado de manera imparcial e independiente. La otra gran cabeza es el Consejo de Estado cuando las controversias involucran actos administrativos. Para ellos bastaría con que se unificaran competencias en cabeza de la Corte Suprema.
Como se trata de una jurisdicción altamente congestionada, las cortes tradicionales están de acuerdo con la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales. “Este ajuste en el proyecto –plantearon- remueve los obstáculos temporales, logísticos, económicos y financieros que conllevaría para el país una nueva Corte Agraria.
Los presidentes de las cortes le entregaron a la Cámara dos proposiciones sustitutivas al articulado del proyecto de Acto Legislativo que ya se encuentra prácticamente en su recta final.
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