La velocidad de vértigo con la que se extendió la pandemia por los cinco continentes en menos de seis semanas ha traído de la mano una crisis económica global con perspectivas bastante sombrías. Se le compara con la Gran Depresión de 1929, que dio al traste con la economía capitalista de la época. Sin embargo, la situación actual parece ser todavía más grave debido a su naturaleza y proyección, por lo que afrontarla no da espera ni tiempo.
Aunque la mayor parte de los países debieron adoptar medidas de cuarentena, en algunos lugares se sigue debatiendo sobre cuáles deberían ser las prioridades. Después de minimizar la magnitud de la crisis, personajes como Trump y Bolsonaro, al frente de países que han sido muy golpeados por la pandemia, han dejado ver que es inevitable e incluso deseable la muerte de cientos de miles de personas. Una postura típica del fascismo, como expresión máxima del capital monopolista: los negocios primero.
Mientras tanto, otros países han adoptado una postura mucho más sensata frente a la pandemia, lo que ha repercutido en mejores resultados, por lo que su experiencia es muy importante. No quiere decir esto, ni mucho menos, que sus gobiernos desprecien el crecimiento de la economía y las ganancias de sus empresas. Tampoco significa que su prioridad sea la salud y el bienestar de la población per se. Se trata más bien de que, como en el modelo keynesiano, entienden que la salud de los trabajadores es una fuerza productiva fundamental que hay que preservar para participar en la competencia global. Aquí entran la República Popular China, Corea, Taiwán, Singapur y Alemania, entre otros.
Frente a esta situación, ¿cómo analizar la postura del gobierno de Colombia? A estas alturas, son varios los hechos que nos permiten hacerlo.
A comienzos de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia y llamó a tomar medidas para reducir sus estragos, el Gobierno Nacional se opuso a la cuarentena y al cierre de los aeropuertos y vuelos internacionales, en especial los procedentes de España, de donde provinieron los primeros casos. Solo la decisión y firmeza de los mandatarios locales permitieron sacar adelante, aunque con retraso, la medida de confinamiento.
En estos momentos, presionado por los gremios económicos y sin evidencias reales de que se haya “aplanado la curva” de contagio, por cuanto las pruebas aplicadas siguen siendo insuficientes, Duque insistía en que a partir del 26 de abril hubiera un "confinamiento inteligente", que permita salir a trabajar a ciertos sectores, porque, según él, hay que atender simultáneamente la salud y la economía. Esto quiere decir en plata blanca, los intereses de los grandes empresarios por encima de la salud de la población. Sin embargo, tuvo que desistir de hacerlo ante la postura firme de la alcaldesa de Bogotá.
En cuanto a la gestión de Duque, lo más grave ha sido el sello financiero de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional. Desde el comienzo estaba claro que para afrontar un peligro de tal magnitud se requería disponer de enormes recursos para inversión pública y social. Esto presuponía romper con los estrechos marcos legales y las restricciones de corte neoliberal, dentro de los cuales se viene manejando la economía durante las últimas décadas. Suspender la llamada regla fiscal, recurrir a la emisión del Banco de la República y a las reservas internacionales del país, entre otras medidas. Pero, lejos de hacerlo, dicho modelo se sigue afianzado durante la cuarentena.
Después de más de dos meses sin nombrar un Ministro de Salud, el Presidente Duque utilizó esta cartera para ampliar la coalición de su gobierno y designar en el cargo a un personaje que, aunque médico de profesión, tiene una trayectoria laboral que no ha trascendido el ámbito de los grandes negocios de la salud. Ya con esto quedó afianzado el rumbo, que se ratifica en su show mediático de todas las noches con Duque.
El 22 de marzo, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional para procurar los recursos para enfrentar la crisis, el presidente expidió el Decreto 444, que generó el rechazo airado de las autoridades y los habitantes de las regiones. Mediante este decreto se constituyó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, que será financiado con recursos de dos instituciones territoriales: el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). El artículo 4 de dicho decreto señala expresamente que los recursos servirán para “efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero”.
Esta decisión inconsulta despoja a las entidades territoriales de unos recursos imprescindibles para atender la catástrofe y el desarrollo regional. Hasta el momento, se han destinado alrededor de 19 billones de pesos a Sarmiento y sus colegas. Esto se suma a otras decisiones arbitrarias que ha tomado Duque en el mismo sentido. La continuidad en el asesinato de líderes sociales y excombatientes, ante la indiferencia y desconocimiento del Gobierno Nacional en medio de la crisis sanitaria, sigue siendo un factor adicional de descontento.
En medio del avance de la pandemia, hay varias prioridades que no se han resuelto, a pesar de las promesas y anuncios. La primera es dotación del sistema hospitalario del país, en especial las UCI y en particular los respiradores. Este se fue desmantelando a partir de la privatización introducida por la Ley 100. El gobierno anunció un giro por 5 billones de pesos a la red hospitalaria, que no corresponde ni siquiera a la mitad de la deuda que tiene con ella. Además, los recursos se están asignando a las EPS y ARL, del sector financiero, y no a los hospitales.
La segunda prioridad es garantizar las condiciones de bioseguridad y de trabajo del personal de salud. Además de arriesgar su vida sin los implementos adecuados, cerca del 80% de los trabajadores del área tienen contratos de prestación de servicios, por lo que no cuentan con garantías laborales. A muchos de ellos se les adeudan salarios desde hace meses e incluso años. Día tras día tienen que pelear incluso con las ARL.
La tercera prioridad es proveer las condiciones de alimentación de millones de personas, desprovistas de un ingreso, en las condiciones de confinamiento. La crisis sanitaria ha puesto de presente la magnitud de la pobreza extrema y de la informalidad laboral que prevalecen en las ciudades y campos de Colombia. También su carencia de servicios básicos como el agua potable. Ante esta situación, mucha gente no puede quedarse en casa y tiene que salir al rebusque de cualquier manera. Su dilema es preservar la salud o morirse de hambre.
Debido a la magnitud del problema, a las trabas burocráticas y a la corrupción, para estos sectores tampoco llegan las ayudas y subsidios en las proporciones en que se requiere, más allá de la buena disposición y voluntad de algunos mandatarios regionales. A esto se agrega el incremento notorio del desempleo, como consecuencia del despido o cesación temporal de un gran número de trabajadores.
Como en las jornadas de N-21, los cacerolazos han vuelto a retumbar en las barriadas de ciudades y municipios y sus golpes tendrán que ser escuchados por las autoridades, por el bien del país.
