Cuando el excapitán de la Armada Raúl Danilo Romero Pabón fue capturado en Cartagena estaba esperando a que le “entregaran” a dos niñas de 10 y 12 años, que él reclamaba como propiedad suya. Como si fueran reses por la que había pagado. El hombre, además de abusar sexualmente a menores de edad, las obligaba a tomarse fotos desnudas y hacía que se tatuaran las iniciales de su nombre, como una marca de propiedad.
Y aunque el excapitán se encuentra actualmente recluido en una cárcel de la Ciudad Amurallada, después de haber sido condenado a 21 años de prisión por sus delitos, esta condena está temporalmente suspendida por un error de trámite ocurrido en la audiencia en la que el juez le informó del castigo por sus crímenes.
Casos como éste podrían llegar a su fin con el nuevo mecanismo creado por el gobierno Duque que impide que agresores sean contratados como empleados en entidades públicas y privadas. Se trata del Decreto reglamentario del régimen de inhabilidades para quienes hayan tenido condenas por abuso sexual y que entrará en funcionamiento el próximo octubre.
El Instituto de Bienestar Familiar en cabeza de Juliana Pungiluppi contará con un Registro de ofensores sexuales al cual habrá acceso público y quien esté allí registrado tendrá las puertas laborales completamente cerradas.
Si la entidad contratante ignora el expediente será sancionada con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales.
Colombia se convierte así en el segundo país del continente en usar este tipo de mecanismo. La Directora del ICBF anunció que el Registro estará listo en 6 meses y será administrado por la Policía Nacional.
La directora del ICBF ya ha anunciado que anticipa hacer planes de auditoría por sectores, alianzas con operadores de la PILA y promover los canales de denuncia, pero sobretodo, la auto regulación a través de gremios y los respectivos Ministerios.
"A abril de este año, el ICBF tenía bajo su protección 17.671 víctimas de abuso sexual. Los agresores están más cerca de las víctimas der lo que se cree: el 45 % de los casos reportados ante Medicina Legal, eran miembros de la familia", reveló la directora.
Una situación dolorosa y dramática que el ICBF busca frenar con el Registro de ofensores sexuales y que pondrá el ojo de la sociedad sobre ellos, visibilizándolos, pero además aislándolos de cualquier oportunidad laboral.
