El director del Dapre, Carlos Ramón González tiene en la mira un jugoso botín burocrático: los 138 jefes de control interno de las distintas entidades del gobierno que son nombrados por el Presidente de la República. La mayoría son funcionarios de alta calificación técnica que han sobrevivido a distintos gobiernos, buscando que este delicado cargo no respondiera a los vaivenes políticos. Pero la cabeza administrativa de la Presidencia del gobierno Petro tiene otra idea y es barrer funcionarios para abrirle espacio a cuotas políticas del Partido Verde y eventualmente del Pacto Histórico.
Y en esas estaba hasta que el jefe de control interno del Ministerio de defensa, Orlando Vega Navas hizo oír su voz en la Procuraduría y señaló las irregularidades que había en la decisión. En este detallado documento dirigido a la procuradora Margarita Cabello fijó su posición.
La instrucción de Carlos Ramón González que tienen que instrumentalizar los secretarios generales de las entidades, encargados de solicitar las renuncias puede tener unas costosas consecuencias para ellos y para el fisco de la nación. Los afectados están listos a presentar renuncias motivadas –es decir no libres- que acarrearán posteriores demandas con altísimas probabilidades de ser ganadas por los afectados. Los fallos repetirán económicamente y también disciplinariamente contra los encargados de solicitar las renuncias, es decir los Secretarios Generales, sin afectar a González quien es la mano invisible detrás de la decisión, pero éste nunca aparece.
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