Una empresa criminal dirigieron los señores Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos mientras fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de dos sujetos que se caracterizaron por ser potenciales mercaderes y vendedores de sus actuaciones; de esta manera, nunca tuvieron pudor alguno para arrebatarle de la peor manera, la dignidad a la justicia.
Llegaron a la Corte Suprema por cuotas burocráticas, se hicieron elegir a sabiendas de ser abogados del montón, profesionales básicos como cualquier otro, con el agravante de que todas sus vidas se rigieron por la carencia de ética. Sin embargo, el escándalo que presenciamos actualmente en nuestra rama judicial, para algunos, veía venirse desde que ese par de sujetos fueron elegidos para integrar el alto tribunal.
Un cartel al más alto nivel de la justicia fue montado, orquestado, y organizado por Francisco Ricaurte, nunca antes en la historia de estas corporaciones se había observado semejante adefesio. El ejercicio de la magistratura es desde la antigua Roma una función magna y sagrada, del mismo modo lo era en la actualidad colombiana, no obstante, ello ha mutado debido a la politiquería jurisdiccional. Es reprochable desde cualquier punto de vista lo acontecido, no es admisible ni tolerable. El rechazo debe ser vehemente.
Es positivo el castigo para Ricaurte, así sea negativo para la nación, pues la única manera de recuperar medianamente la dignidad arrebatada es imponiendo una sanción que contenga total severidad. José Leónidas Bustos, también será próximamente sancionado. Lo que sí resulta extremadamente negativo es que Gustavo Malo, actual magistrado de la Corte Suprema se rehúse a renunciar a su cargo, ya que, no solo debería retirarse del mismo, sino también confesar todo lo que sabe. No comprendemos como el cinismo se tome la condición humana de una persona, hasta tornarla sumamente despreciable: ese es el caso de Gustavo Malo; un sujeto a quien le causa honor glorificar el significado de su apellido.
Sin olvidar a Camilo Tarquino, un exmagistrado básico y plebe que, no tuvo reparo en encubrir al criminal Alejandro Lyons, actual prófugo de la justicia por el saqueo inminente al departamento de Córdoba. Con todo esto, ¿Quién puede tener elementos para creer en la justicia? La solución es muy clara: hay que sancionar implacablemente a todos estos mercaderes de la justicia, y exigirles la reintegración del dinero mal habido, por demás. Solo así podremos recuperar el honor que han usurpado sujetos netamente despreciables.
Es imperdonable que hayan torpeado expedientes para beneficiar a una lista de bandidos. Ya es hora de castigar a quienes han defraudado tan magnos sacramentos jurisdiccionales.
