En todos los debates y todas las decisiones sobre fracking en Colombia las preguntas sobre salud pública, derechos humanos y litigios son igual de relevantes que las cuestiones sobre impactos ambientales, cambio climático, transición energética y viabilidad financiera. El fracking es un asunto de salud pública y de derechos humanos. Además, el fracking podría generar múltiples litigios al Estado colombiano. El actual debate en la Comisión Quinta del Congreso del proyecto de ley para prohibir el fracking es un hito histórico ambiental y de la transición energética del país y debe abordar todos los aspectos relevantes.
El pasado 29 de enero ante la Comisión Quinta, en audiencia sobre el proyecto de ley para prohibir el fracking y promover la transición energética, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos recomendó a Colombia prohibir el fracking en virtud de sus obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente. El 12 de febrero, también ante la Comisión Quinta, el Relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos recomendó prohibir el fracking ante su contaminación tóxica. A nivel internacional, esto se suma a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas a Argentina de reconsiderar el fracking en Vaca Muerta de acuerdo a sus compromisos de cambio climático; y la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de prohibir el fracking en Reino Unido ante sus impactos desproporcionados sobre las mujeres en las zonas rurales. De hecho, Inglaterra suspendió el fracking en 2019. La Comisión Quinta ya recibió estos argumentos y recomendaciones directamente de los Relatores de Naciones Unidas.
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Larysa Dyrszka, expuso a los congresistas la evidencia científica sobre los impactos del fracking y sus riesgos asociados de cáncer, enfermedades respiratorias y contaminación acústica
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El fracking es un asunto de salud pública. También en la mencionada audiencia, la médica pediatra y cofundadora de la Asociación de Profesionales comprometidos con la salud de Nueva York, Larysa Dyrszka, expuso a los Congresistas de Colombia la evidencia científica sobre los impactos en la salud pública del fracking y sus riesgos asociados de cáncer, enfermedades respiratorias y contaminación acústica, entre otros. En la misma audiencia, Laura Rodríguez, médica y PhD en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Alberta en Canadá y reconocida epidemióloga en Santander, explicó a los Congresistas efectos en la salud pública del fracking que se han documentado en términos de cáncer, partos prematuros, enfermedades respiratorias, enfermedades ocupacionales, entre otros. Esto se suma a varios estudios, como la revisión hecha por el Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York, que fue el soporte científico para prohibir el fracking en ese Estado de Estados Unidos.
El fracking podría generar múltiples litigios a Colombia. En 2013, una empresa petrolera de Estados Unidos inició disputa con Canadá por sus regulaciones de fracking, esto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En 2019, 17 organizaciones de Eslovenia elevaron queja ante la OCDE por incumplimientos del comportamiento empresarial responsable relacionados con el fracking. En Estados Unidos son incontables los litigios relacionados con fracking, solo para dar un ejemplo, se pueden mencionar los más de 350 acciones en curso en Luisiana por posible contaminación radiactiva y de metales pesados. En Estados Unidos ya existe literatura jurídica especializada en el tema de los litigios de fracking.
Colombia, un Estado que ya tiene dificultades financieras, no debería abrir un nuevo boquete a sus arcas en gastos por litigios de fracking, por promover una actividad que ya genera muchas dudas sobre su viabilidad financiera, como lo ha documentado Bloomberg, el Centro Global de Política Energética de la Universidad de Columbia y organizaciones de Estados Unidos. Esto de las dudas financieras del fracking también se lo explicó a la Comisión Quinta del Congreso, Kathy Hipple, analista financiera y profesora del MBA en Sostenibilidad de la Universidad de Bard en Nueva York.
El debate sobre el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia ha sido uno de los debates con mayor altura argumentativa en la historia del Congreso de este país. Entre otros referentes de experticia, dos Relatores de Naciones Unidas, Parlamentarias, investigadores y académicas de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y el Reino Unido participaron en las Audiencias sobre este proyecto de ley. Ojalá que la Comisión Quinta del Congreso de Colombia tenga la estatura histórica y la racionalidad fáctica necesarias para permitir que el proyecto de ley pase a la Plenaria del Congreso donde se podría dar un debate nacional a un asunto que es de interés nacional: el fracking y la transición energética justa. El debate sobre la prohibición del fracking debe incluir las preguntas sobre salud pública, derechos humanos y litigios; además de las obvias cuestiones sobre impactos ambientales, cambio climático, transición energética y viabilidad financiera.
