En Brasil, en la ciudad de Brumadinho, a finales del mes de enero, se derrumbó una represa minera dejando hasta el momento la pérdida fatal de 134 personas y 199 desaparecidos (El Nuevo Diario). En el 2018 la central de noticias ambientales, Mongabay, alertó sobre la pérdida del bosque del corredor biológico mesoamericano, que conecta los países de Centroamérica y el sur de México, ante la explotación de oro y cobre que se desarrolla desde hace una década en el área del Cerro Petaquilla, en Panamá, afectando de paso la estabilidad económica, ambiental y social de los pobladores locales (Mongabay, Panamá: minería arrasa con bosques del Corredor Biológico Mesoamericano).
Estas son algunas de las tantas noticias relacionadas con la actividad minera en otros países latinoamericanos, vecinos, que en un sentido muy práctico están haciendo un guiño a la realidad económica de Colombia, la cual actualmente se debate por continuar con el modelo extractivo minero energético o redefinir una política de crecimiento con base a procesos de transición hacia energías renovables auspiciando la conservación de nuestros entornos ambientales y fuentes hídricas.
El debate se hace evidente teniendo en cuenta los procesos ambientales, sociales y jurídicos en se encuentra la actividad del fracking en territorio colombiano, explotación de hidrocarburos no convencional mediante la fracturación hidráulica, inyectando altos niveles de agua en el subsuelo para que las rocas que obstruyen el paso hacía el gas o al petróleo se fracturen y puedan permitir la salida de los mismos, incluyendo en este proceso mezclas de químicos para facilitar la fracturación del sustrato rocoso.
Estamos a la espera del informe de la comisión de expertos, diez profesionales asignados por el gobierno desde el mes de noviembre de 2018, los cuales deben considerar desde una investigación de tres meses si se implementa o no el fracking en Colombia. Comisión que se desprende de la iniciativa de ley en el Senado para prohibir el fracking en todo el país, iniciativa liderada por el movimiento Alianza Colombia Libre de Fracking, la cual se discutirá en el Senado para el próximo mes de marzo (RCN Radio, Proyecto que prohíbe el fracking se aplaza para el próximo año).
Por otra parte, se ha presentado un choque de trenes por parte del poder judicial, donde la Corte Constitucional en el mes de octubre de 2018 anula la viabilidad de las consultas populares para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en los municipios, pero al tiempo, el Consejo de Estado ratificó por medio de un fallo que: “Los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo”. Para el mes de noviembre este alto tribunal igualmente suspende provisionalmente los actos administrativos del Gobierno para la exploración de hidrocarburos por medio del fracking, aplicando el principio de precaución, ya que “puede generar un daño potencial o riesgo grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana, en tanto subsisten dudas razonables de que las medidas adoptadas sean suficientes para su protección".
En medio de este panorama de contraargumentos jurídicos sobre la actividad minero energética del país, el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) que presentó el actual gobierno, para el tema del desarrollo minero energético se busca incrementar los yacimientos no convencionales (YNC) para la explotación de hidrocarburos, claro, bajo el supuesto de hacerlo de una manera responsable con el medio ambiente y las comunidades (Departamento Nacional de Planeación, 2018).
Las fuerzas políticas, jurídicas y económicas se encuentran en una encrucijada frente a la redefinición del camino económico que debe asumir el país, como ya se ha mencionado anteriormente por este mismo medio, el actual gobierno de Iván Duque afronta el dilema de equilibrar las presiones sociales y ambientales frente a la locomotora minera, posicionar la economía naranja o quedarse en un segundo plano mientras las licencias y proyectos mineros hacen mella en los ecosistemas estratégicos (locomotora minera, dilemas ambientales y retos para el presidente electo Iván Duque).
En estos momentos se debe considerar que muchas de las experiencias, “buenas” o malas con la técnica del fracking se desarrollan en contextos ecosistémicos y geográficos muy diferentes al nuestro, donde el clima ecuatorial es susceptible a la pérdida sistemática de fuentes hídricas por el calentamiento global (MinAmbiente: 391 municipios susceptibles a desabastecimiento de agua, Caracol Radio). Esto hace un país frágil medioambientalmente para continuar y extender más el modelo extractivo de hidrocarburos. Si son 5 o 7 años de actividad frente al desabastecimiento de gas y petróleo, según expertos, los colombianos debemos enfrentar los miedos de ese horizonte, enfrentar los tantos demonios e intereses en que se aferra la locomotora minera para poder generar crecimiento económico e innovación sin seguir modelos ya obsoletos; este como cualquier otro reto, puede sacar lo mejor de nosotros o hacernos continuar aferrados a nuestras propias ambigüedades frente a decisiones de orden nacional sobre los entornos ambientales.
