Según información publicada por Semana.com, Empresas Públicas de Medellín (EPM), avanzará en la demanda por $9,9 billones contra Brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa, además de otros interventores y diseñadores del proyecto Hidroituango.
El proceso se lleva a cabo en el marco de las fallas de funcionamiento, retrasos y daños del proyecto de generación eléctrica más ambicioso de Colombia.
Según información del medio de comunicación, la conciliación que adelantaba la empresa paisa ante la Procuraduría concluyó “sin éxito”.
La demanda había sido anunciada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en agosto del año pasado.
Para ese entonces, Álvaro Rendón, gerente de EPM, dijo que para adelantar el proceso legal se tuvieron en cuenta todos los aspectos y los retrasos en la operación comercial que han llevado afectaciones a la compañía y a las comunidades afectadas desde 2018, el colapso de la galería auxiliar de desviación y “llevar a un manejo sin precedentes” de la contingencia.