En un comunicado a la opinión pública sobre la grave situación administrativa de la UNP, los exguerrilleros lamentaron que el nombramiento del subdirector y de la mesa técnica sea una decisión de Comunes, “que, por demás, hoy por hoy, no representa ni el 20% del total de los firmantes”. De acuerdo al comunicado, la dirigencia de dicho partido ha convertido la subdirección en fortín político, “una bolsa de empleos para sus familiares” y personas allegadas a ellos, “dejando sin protección al universo de firmantes que no militen en él”.
Los firmantes de paz expresaron que se está “coartando el acceso de todas las personas en proceso de reincorporación al no obtener del Estado colombiano la protección y garantía del derecho fundamental a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia”.
Esta lamentable situación fue reconocida por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hace un año, después que la Unidad de Investigación y Acusación realizara una investigación que arrojó fallas en la remisión de las solicitudes de protección, omisión o ausencia de implementación de medidas de protección, desarticulación entre el equipo de analistas de la Subdirección y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, entre otros.
Finalmente, los firmantes de paz solicitaron a la UNP, a la Contraloría, Procuraduría, Ministerio del Interior y a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz “iniciar las investigaciones respectivas y dar cumplimiento a las órdenes judiciales emanadas por la Jurisdicción Especial para la Paz”, al tiempo que hicieron un llamado por el derecho a la vida y la integridad personal, ya que desde el año 2016 han sido asesinados más de 350 exguerrilleros.
