En los confines de lo políticamente incorrecto, más allá de los transgénicos y del fracking, se encuentra un tópico bastante polémico para muchos. Fomentar el derecho a poseer armas, en un país sometido durante siglos a los dictámenes de estas, parece un oxímoron a la hora de buscar mitigar la inseguridad y la delincuencia.
Lastimosamente, no es así, y ser políticamente correcto no cambiará las cosas; sin transgénicos no se erradicará el hambre mundial, sin nuevas tecnologías de extracción como el fracking (siguiendo los estándares medioambientales) los gobiernos exportadores de petróleo no podrán subsanar sus déficit fiscales y, sin más ciudadanos ejerciendo la autodefensa (exclusivamente), seguiremos sometidos bajo el yugo de los facinerosos.
Por autodefensa no me refiero a los deleznables fenómenos de limpieza social o paramilitarismo que tomaron vuelo en nuestro país para exacerbar el terror, la corrupción y el narcotráfico. Me refiero al derecho natural que tenemos los seres humanos de defender nuestra libertad, vida y propiedad. De esta manera, la agresión que perjudique estos derechos es la que debe ser penalizada, sea mediante el uso de un arma, un puño o un simple ramo de flores. Las armas, las cuales no se disparan solas, son solo uno de los muchos medios que utilizan los delincuentes para agredir. Puñales, latas y hasta genitales en ciertos casos, hacen parte del gran dossier estratégico que utilizan los violentos, los depravados sexuales y los amigos de lo ajeno. Así las cosas, lo reprochable no es el porte de estos implementos, sino el acto de violencia agresiva en sí. A un delincuente no lo detiene un aviso que diga: "Prohibido el porte de armas". Sin embargo, si este sabe que la gente tiene cómo defenderse, seguramente lo revaluará.
Es un craso error seguir promoviendo las limitaciones a las libertades individuales. Lo hemos sufrido de primera mano con la onerosa guerra contra las drogas, y hoy lo vemos de maneras más sutiles, con penalizaciones ridículas como la de Uber, truncando así las interacciones voluntarias entre individuos. De esta manera, el ciudadano queda rezagado ante un Estado interventor, corrupto, ineficiente y carente de instituciones como el colombiano. Basta con analizar las políticas de desarme ciudadano que ha promovido la alcaldía de Bogotá, las cuales son un primer paso en el deseo de muchos (políticamente correctos) de prohibir el porte de armas. Estas medidas no lograron detener durante el último año el aumento de los homicidios en un 6 por ciento, el de los hurtos en un 3 por ciento, el de los robos a viviendas en un 9 por ciento, el de bancos en un 173 por ciento, el de motos en un 22 por ciento y la escandalosa cifra de 6 carros hurtados diariamente, según la CEACSC. Ni hablar del número de bribones que queda en libertad tras pocas horas de ser detenidos, que asciende al 82 por ciento. No obstante, estas cifras son mucho mayores, pues miles de agravios no son reportados precisamente por la indolencia y la ineficacia de las autoridades. De esta manera, vislumbramos cómo muchas soluciones políticamente correctas pueden llegar a ser contraproducentes.
Los ciudadanos hoy nos vemos amedrentados en las calles, en el transporte público, en los vehículos particulares, en los centros comerciales y hasta en nuestros propios hogares. El descomunal nivel de inseguridad nos obliga a acatar la máxima de “entréguelo todo” o ser heridos y hasta asesinados miserablemente. Por ende, es preciso analizar cómo en distintas sociedades el ciudadano se empodera y logra defender sus derechos efectivamente. La correlación entre el número de armas legales por cada 100 habitantes y la tasa de homicidios por cada cien mil es contundente: en EEUU, 9 de cada 10 habitantes poseen armas, y la tasa de homicidios es de 4.8. En Suiza, esta tasa llega a 0.7 y la mitad de su población porta armas. En las antípodas, en Venezuela solo 3 de cada 100 habitantes las poseen y la tasa de homicidios es de 45. En honduras la tasa es de 70 homicidios y solo el 6% de su población está armada. Nuestra tasa de homicidios llega a 36, y solo el 2% de los ciudadanos portan armas.
En la medida en que los ciudadanos adquieran mayor educación al respecto, se controle el contrabando de armas, se fortalezca la justicia y se fomente el derecho a la autodefensa, la seguridad y la cultura de la legalidad serán cada vez más tangibles en el país. Citando a Wayne LaPierre, de la National Rifle Agency, “Lo único que frena a hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma”.
