Los colombianos han reducido sus gastos en ocio y descanso en un 50%, debido al incremento general de precios de los bienes y servicios básicos que todos necesitamos para tener una vida medianamente cómoda: es decir que, en términos reales, los ingresos de los colombianos se han visto reducidos, no solo por el nada optimista resultado de IPC (Índice de precios al Consumidor) anual (para 2016 fue de 5,75% y de 2015 fue de 6,77%) que crece a ritmos mayores a los pronosticados; sino también por la reducción en la actividad económica del país, llevando a que gran cantidad de empresas cierren y así se reduzca la producción de bienes y servicios. Así que no sería arriesgado calificar el contexto actual colombiano como estanflación: la tormenta perfecta, la pesadilla de los keynesianos.
Es así que los consumidores nos encontramos estancados en un estado casi de supervivencia. Si traducimos en términos económicos la pirámide de Maslow, la situación colombiana es tan paupérrima que nos obliga a permanecer en los primeros escalones del actuar humano.
Sin embargo, la principal causa por la que los colombianos ya no estemos viviendo, sino sobreviviendo es el gobierno y sus políticas tributarias. La desaceleración del país empieza en 2014 junto con el declive de los precios de distintas materias primas, entre las que se encuentran los hidrocarburos, los cuales llegaron a constituir en sus mejores tiempos (un año antes, 2013) más del 35% de participación en el presupuesto estatal. En solo dos años, 2014 y 2015, se redujo al 15%.
El panorama de vacas flacas estaba más que claro. ¿Qué hace un gobierno en esta situación? Pues recortar el derroche que había planeado (mal)gastar. Sin embargo, para soportar el gasto comprometido, el gobierno de Juan Manuel Santos lo que decidió fue que la responsabilidad de su mala planeación y de gastar como marinero borracho, tenía que ser endilgada a los colombianos de a pie.
No les bastó la reforma tributaria de 2012, ni la de 2014, volvieron a meter la mano en los bolsillos de los colombianos con la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016), a través del aumento en 3 puntos del IVA, mayores impuestos al tabaco y los cigarrillos, impuesto al carbono en los combustibles, contribución especial al combustible y parafiscales al mismo, impuesto a la marihuana (no es broma), impuesto a las bolsas plásticas y mayores tasas en el impuesto de valorización.
El gobierno, para salir de la crisis, lo que pretende es quitarle más dinero a las personas que ya de por sí la ven oscura en la crisis. Parafraseando a Winston Churchill, es como si una persona con los pies en un balde trate de levantarse tirando de la empuñadura. Usted no puede sacar una economía del piso si le pone más peso para levantarse.
Es así como los consumidores, usted y yo, reportamos la confianza más baja jamás vista desde que se realiza, en 2001, la encuesta de consumidores de Fedesarrollo, con una reducción del 30,2%.
No es una coincidencia que el récord en reportes negativos se dé al mismo tiempo que se establecen todos estos impuestos que gravan el consumo de las personas. Es lógico: si el gobierno se empeña en colgarle impuestos a los bienes y servicios, lo único que podemos esperar es que quienes se vean más afectados sean aquellos con menores ingresos, ya que deben destinar un porcentaje mayor al pago de impuestos, a diferencia de una persona con mayor poder adquisitivo.
La misma Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, instaurada por el mismo gobierno ha reportado que, pese a que varios productos de consumo básico (canasta familiar) no son grabados por el IVA, el 10% más pobre de la población colombiana paga en impuestos un porcentaje casi el doble que el que paga el 10% de los colombianos más ricos.
Y esto es un cálculo que se hace antes de que el Congreso de la República acatara las propuestas del ministro Cárdenas, sobre la necesidad de aumentar en tres puntos el IVA. Por lógica, deberíamos esperar que el porcentaje destinado al IVA aumente en proporción mayor para las personas más pobres. Esto sin contar con los demás impuestos, como el de la gasolina, que terminan afectando igualmente los precios de todo lo que consumimos.
Me contestarán algunos que el IVA debía aumentarse porque estábamos abajo del promedio de la región en cuanto a la tarifa de este impuesto. Pues les contesto que con este aumento ahora nos colocamos en el puesto tercero junta a Argentina, de los países que más cobran IVA en Latinoamérica.
¿Qué debemos hacer? Lo más sensato: empezar a recortar impuestos y pensar en eliminar algunos cuantos, acompañado, claro, con una política de reducción de gasto (entiéndase, reducir burocracia y entidades estatales). Porque al final, ¿qué es lo que hacen con nuestros impuestos? El contralor Edgardo Maya, a principios de año, manifestaba que la corrupción se estaba comiendo más de 50 billones de pesos al año. Si pensaba que lo demás que se salva se va para ayuda a las personas pobres, pues está muy equivocado: solo el 14,66% de los impuestos se va para inversión social (sin contar que este año el dinero para este rubro se redujo en un 10,3%, respecto al año anterior).
Una buena propuesta para que el gobierno deje de desangrar a sus ciudadanos, pero a su vez pueda tener un recaudo eficiente, fácil y que no le corte (tanto) las alas a la actividad económica sería un sistema tributario simple de Flat Tax. Un sistema de impuesto único (leyeron bien) en el que solo se grava la renta de las personas, con una tarifa mucho menor a la que actualmente tenemos.
En otras palabras, deberíamos tomar nuestro actual Código Tributario de más de 900 artículos, tirarlo a la basura y en su lugar remplazarlo por uno de cuatro o cinco páginas, que establezca las reglas de un sistema Flat Tax, en el que se cobre una tarifa sobre las ganancias netas de las personas naturales y jurídicas, sin tratos especiales, exoneraciones, ni ninguna excepción.
Claramente, el impuesto se empieza a pagar con una ganancia neta superior a un número establecido, por ejemplo dos millones de pesos y a partir de ahí todas las personas empiezan a pagar este impuesto. Lo bueno e interesante de este sistema es que es tan sencillo de pagar que no es necesario gastarse varias horas calculando el pago de impuestos o contratando contadores que le ayuden a inventarse argucias para poder pagar menos; y como es fácil de calcular y tiene una tarifa baja respecto a la actual, se reduciría de manera drástica la evasión (que se da cuando el costo de evadir es menor que el costo de pagar el impuesto).
La DIAN no sería una muchedumbre de funcionarios encargados de controlar y auditar el pago de cada uno de los impuestos, por cada una de las empresas y personas. Su trabajo se reduciría al recibo de pagos de impuestos en línea con un solo pago, o pago a cuotas; y a revisar de manera sencilla que todas las personas están haciendo su pago de impuesto único.
Así, podría quedarme mencionando muchas más de sus cualidades.
Pero para llegar hasta acá, hay mucho trecho. Por lo menos empecemos reduciendo y eliminando algunos impuestos. Propongo que comencemos por los indirectos que tanto daño le han hecho a las personas que, como usted o como yo, revisamos antes el precio que la fecha de expiración en el supermercado.
