Noraida Esther Romero Narváez lleva esperando el cuerpo de su padre hace quince años, ella recuerda que a Audberto Antonio Romero Guevara lo mataron porque era un líder comunitario del municipio de San Pedro de Urabá, en la vereda San Vicente del Congo, porque denunció el pacto entre alias ‘Monoleche’ y el mandatario de la región, para asesinar a 200 personas con el objetivo de hacerlos pasar como guerrilleros y así poder cobrar el dinero de esos falsos positivos.
“A mi papá como era líder de ese corregimiento lo llamaron a participar de la tonga para repartirse la plata de falsos positivos. Mi papá dijo que jamás haría algo así y le avisó a la comunidad que eso estaba pasando. Lo amenazó ´Monoleche´ por lo que había dicho, mi padre dijo que lo iba a demandar, recogieron firmas entre la comunidad y las llevó a las Fiscalía en la mañana, y en la tarde lo recogió este señor para una reunión y no apareció nunca más” relató Noraida Romero.
Acto seguido, les quitó sus bienes y la finca que eran propiedad de su familia. Al preguntarle en varias oportunidades por el cuerpo de su padre, él le respondía que podía hacer lo que quisiera y llorar si le daba la gana, pero no les contestó dónde lo habían enterrado. Al seguir en esa tónica, él la amenazó y por eso ella se tuvo que venir a Medellín en el 2003.
Vino a parar en el basurero de Moravia de la comuna cuatro (Aranjuez). Fabricó su rancho con cartones, palos y tejas de zinc. Tuvo este refugio por un año, hasta que Isvimed la desplazó de nuevo porque construyó en un sitio ilegal. Por ser población víctima tendría derecho a una reubicación, pero la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito en Medellín, dice lo siguiente: “Negar la tutela de una vivienda digna, por la señora Noraida Esther Romero Narváez, contra el Fondo Nacional de Vivienda y al Insituto Social de Vivienda de Medellín (ISVIMED)”.
“En este momento no tengo vivienda, no tengo empleo, no tengo subsidios. Sobrevivo vendiendo sim cards en la calle para llevarles lo que pueda a mis hijos. Así como yo hay muchas familias de la misma sentencia, ese es mi caso, me ha tocado pelear las ayudas (humanitarias), ir caminando hasta Belén Rincón y no hemos logrado nada. No sé qué hacer”, contó Romero.
Mientras ella continua en su cotidianidad y su lucha para obtener una vivienda y la reparación administrativa, en el 2014 continuaron las audiencias contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ´Monoleche´, en las que Noraida asistió a escuchar las historias de como este exjefe paramilitar asesinaba, torturaba y despojaba a la gente en San pedro de Urabá.
“En una de esas yo fui reclamando el cadáver de mi padre. Yo quiero enterrarlo, no sé dónde lo tiraron. Ese señor me amenazó con eso y me mandó a decir con unos de la Fiscalía que ellos me apreciaban mucho, que él sabía dónde vivía y que hacía yo, que me perdiera y que no fuera más a las audiencias, por eso me fui de allá y estoy viviendo en Belén Rincón”, aseguró Romero.
Según la sentencia contra alias ‘Monoleche’ emitida por el Tribunal Superior del distrito de la Sala de Justicia y Paz en Medellín: “Al momento de los hechos Noraida Esther Romero Narváez tenía 27 años, 10 meses, 09 días, por lo tanto no tienen derecho a recibir indemnización por lucro cesante, pues de acuerdo a lo señalado en las reglas establecidas de manera general por la Sala, sólo tienen derecho a dicha indemnización los hijos menores a 25 años de edad”.
De acuerdo con la secretaria de gobierno de la Gobernación de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, este departamento es el que más población víctima tiene en el país, debido a que del total de las 8 millones de víctimas que tiene Colombia, el departamento tiene alrededor de 1 millón 700 mil personas, y Medellín es la ciudad que más recibe esta población con una cifra cercana a las 800 mil.
En la misma situación de Noraida se encuentran otras familias en las que se presentan infinidad de casos con la UARIV (Unidad de Atención y reparación integral a Víctimas).
A este medio llegaron 18 denuncias que han hecho diferentes personas de esta población en la Fiscalía, presuntamente, por captación de recursos de esta entidad. Casos de todos los calibres, como por ejemplo: reducción del dinero de la ayuda humanitaria, consignación del dinero que no aparece por ningún lado y registra como si la víctima ya lo hubiese cobrado; y en la Corporación Jurídica Libertad hicieron dos denuncias por el cobro de la indemnización de dos víctimas que se registraron en Urabá, pero que nunca llegaron a su destino.
A Álvaro Bustos la unidad de Víctimas le notificó que retiró 116 mil pesos y él argumenta que nunca cobró este dinero, por lo cual puso la denuncia en la Fiscalía.
“Yo tengo una denuncia en la Fiscalía, de una plata que sacaron y que supuestamente yo la recibí, lo tengo en la Fiscalía pero no me han contestado. Dijeron que esa plata la había reclamado, pero en ningún momento cobré esa plata”, aseguró Álvaro Bustos.
Caso similar es el de Aura Alicia Henao, quien también puso la denuncia en Fiscalía porque supuestamente le consignaron en Daviplata. Ella cuenta que en el mes de noviembre de 2015 le colocaron un mensaje sin código para reclamar el dinero por un monto de 540 mil pesos, y que incluso, le redujeron la ayuda debido a que por su caracterización le solían llegar 975 mil pesos.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, cuenta que tienen dos casos en la ONG de dos personas que aparecen como si les hubiese llegado la indemnización, pero que nunca les llegó.
“Son casos que hicieron los trámites, uno por Medellín y uno por Bello, pero aparecen cobrados en Urabá. Son casos concretos que hemos denunciado, pero no hemos logrado que la Unidad de Víctimas resuelva, entre otras cosas porque esta entidad en Medellín como en Bogotá se lava las manos diciendo que eso no es un tema de nosotros. Si las víctimas aparecen que les hubieran dado la indemnización cuando uno va a hacer un trámite para resolver ¿Qué pasa? Todo se va a un problema de tipo penal donde la colaboración ha sido muy poca” manifestó Arboleda.
Hoy en día, la reparación de este tipo varía de acuerdo al hecho victimizante. Por homicidio y desaparición forzada es de 40 salarios mínimos, es decir, cerca de cerca de 30 millones de pesos. Reclutamiento forzado 30 salarios mínimos y desplazamiento forzado 17 salarios mínimos. Información tomada del libro Derechos a la Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto armado de la UARIV.
Pero ahí no termina el flagelo para quienes son víctimas del conflicto, al igual que Noraida, Álvaro y Aura hay muchas personas que vinieron desplazadas de diferentes municipios a la ciudad y no tienen vivienda, educación, empleo con ingresos fijos y un adecuado acceso a la salud. A eso se suma las irregularidades y el compromiso que adquirió el Gobierno Nacional con la ley 1448 de 2011 para la reparación administrativa.
“La atención a las víctimas se debe dar por el Estado, indiscutiblemente, pero entonces pongámosle un orden y una lógica donde no prime un interés económico y político. Lo hablo por todas las instituciones, lo hablo por la Defensoría y la Procuraduría que ni si quiera tienen papeles para atender a esta población ¿Para dónde se está yendo este dinero? No sé, pero para las víctimas no se está yendo. No se sabe en gran parte el presupuesto nacional que está destinado a las víctimas hacia dónde se va” afirmó el defensor encargado del pueblo, John Jairo González.
Incluso, se preguntó: “¿Cómo es posible que una base de datos con la población víctima, que solo debería tener si mucho 50 personas, circule por todas partes? Eso es muy grave porque luego podrían ser extorsionados por las mismas bandas delincuenciales”, concluyó González.
Como hecho reciente se evidencia que funcionarios de la Unidad de Víctimas de Antioquia habrían conformado una organización criminal para apropiarse de los dineros e indemnizaciones que estaban destinadas para los afectados por el conflicto armado.
Eso se conoció tras la captura de Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, y otras seis personas, entre las que están funcionarios y exfuncionarios de la entidad y el gerente de un banco de Granada en el oriente antioqueño. Denuncia e investigación que realizó la Fiscalía a través de una operación coordinada con la Dijín en una estrategia anticorrupción contra el fraude a las víctimas. Esta campaña generó, según la Unidad, 1.044 denuncias de posibles actos de corrupción y fraude tanto al interior de la entidad como de actores externos de la misma.
Tras recuperar su libertad porque no se encontraron pruebas contra él, según la juez, que se basó en el argumento de que no había una inferencia razonable de autoría de los delitos, por ende el funcionario volvió a ocupar la dirección territorial de Antioquia.
Debido a la cantidad de denuncias y de irregularidades que se han venido presentando en la Unidad de Víctimas contactamos a Jorge Mario Alzate, que en varias ocasiones no atendió nuestro llamado y nos incumplió una cita que se había pactado previamente.
Asimismo, hablamos con la jefe de prensa de la entidad, Marelby Agatton, para poder contrastar la versión con Alan Jara, quien es el director nacional, pero siempre nos sacó excusas, dilató el proceso y nunca nos asignó una cita. Por ese motivo, enviamos un derecho de petición para que la entidad nos resolviera las inquietudes, pero tampoco se tomó la modestia de responderlo. Actualmente, enviamos una acción de tutela que falló en contra, la cual impugnamos y esperamos que tenga respuesta, porque según la entidad, nos envió la información frente a las inquietudes, pero esta jamás llegó a su destino.
Tramitadores, línea delgada entre lo legal y lo ilegal
Los denominados tramitadores son personas que generalmente también fueron víctimas del conflicto armado, se capacitaron en organizaciones para hacer valer sus derechos y con su conocimiento evidenciaron una oportunidad de negocio, tramitándole a esta población sus procesos a cambio de colaboraciones, que ellos ponen el precio de acuerdo al “marrano” como se dice coloquialmente o simplemente lo que les nazca de “corazón” dar a las víctimas.
Luz Patricia Correa, coordinadora de la Unidad Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, asegura que “Los tramitadores son antiéticos y aprovechados, es decir, es un límite difuso entre lo legal y lo ilegal. La gente para no hacer fila paga. El problema es cuando esto ronda en la estafa y cuando hay estafa, cuando te dicen que te sacaron la ayuda humanitaria sabiendo que ibas en la lista y alguien de adentro dio información sobre ese listado y luego cobra como que él hizo una gestión. La pregunta es ¿cómo se blindan estos sistemas de información?”.
En esa misma dirección apunta la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, quien considera que es difícil delimitar cuando se convierte en un negocio abusivo o cuando se está cometiendo un delito.
“Todo el proceso y los trámites son gratuitos, esto es lo que hacemos las ONGS todo el tiempo ¿Qué es lo que hacen todas estas personas que llaman tramitadores? Es que cobran por estas actividades, pero no lo dicen directamente que es un cobro, sino que ellos lo llaman colaboraciones. Entonces las víctimas terminan dando supuestas colaboraciones que son onerosas y abusivas por un derecho de petición. Ejemplo, te hacen un derecho de petición que son dos hojitas y terminas dando 30, 50 o hasta cien mil pesos. Lo otro es cuando estos tramitadores se quedan con parte del dinero de la ayuda humanitaria y con parte de la indemnización, eso creería yo que es un delito puesto que se quedan con dinero de esta población, pero a mi modo de ver tiene que ser porque tienen contactos internos en la Unidad de víctimas que les permiten hacer esto. Que les dan información de cuando una persona va a recibir ayuda humanitaria o reparación”, aseveró Arboleda.
El año pasado desde esta ONG denunciaron que a varias víctimas de la comuna trece cuando les llegó la reparación, las estuvieron llamando varios abogados a decirles que les debió haber llegado más dinero, y por ende que les dieran más plata para ellos realizar la demanda. Esto solo es posible, a juicio de la abogada, si ellos reciben información de la Unidad de Víctimas de cuánto dinero les llega y quiénes la están recibiendo.
En estas versiones desde lo institucional con la coordinadora de víctimas de la Alcaldía y desde esta organización social, coinciden en que los tramitadores perjudican a esta población porque realizan cobros abusivos. Ésta es la percepción de Rubén Darío Aguirre, quien es desplazado del municipio de Cañas Gordas.
“Yo he creído que los tramitadores existen gracias a la ineficiencia de las entidades del Estado, las entidades que no atienden bien a las víctimas, debido a eso es que existe el tramitador, porque si nosotros fueramos a las entidades del Estado y ellas nos atendieran y nos hicieran efectivos los derechos que nosotros tenemos, el tramitador quedaría por fuera y no tendría nada que hacer, pero gracias a la ineficiencia es que existe el tramitador, el cual dice yo le hago una tutela yo le hago un derecho de petición, osea, yo le reclamo sus derechos”, aseguró Aguirre.
“Como nosotros somos campesinos y no sabemos reclamar los derechos, la ignorancia es lo que nos perjudica porque nosotros en el campo sabíamos manejar un machete, un azadón o una herramienta para trabajar, pero no sabíamos de leyes ni de papelería, entonces por eso no sabemos la aplicación. Acudimos a las entidades del Estado y nos engañan, vamos y nos dicen mentiras. Entonces tenemos que recurrir al tramitador ¿qué hace el tramitador? Si él quiere nos colabora y sino, se aprovecha de nuestra ignorancia” aseguró.
Aguirre destaca que si por ley tienen derecho a las ayudas humanitarias cumplidamente cada cuatro meses ¿por qué no les llega? La misma situación pasa con las unidades productivas y con la vivienda.
“Vamos a la Unidad de Víctimas y nos dicen mentiras, nos dejan esperando y nunca se cumplen nuestros derechos. Entonces ¿Qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos? Si un tramitador le dice yo reclamo el proyecto productivo, como él sabe, entonces nosotros vamos a él, así nos quite dinero y se aproveche de nuestra ignorancia”, concluyó Rubén Darío Aguirre.
Una persona de una organización social reconocida de esta población en Antioquia, nos acercó una denuncia, con reserva de la fuente por su seguridad, comentándonos que los tramitadores llaman a las personas que le han hecho trámites para que protesten en la Unidad de Víctimas. Ellos contactan a esta población, les hacen los derechos de petición y las tutelas, les cobran por oficio alrededor de 50 mil pesos y cuando les llega la indemnización les pueden quitar varios millones de pesos.
Esta fuente nos aseguró que Daniel Mosquera, quien trabaja en la oficina 338 del edificio Suramericano, es un tramitador que les cobra a las víctimas determinada cantidad de dinero para hacer los oficios, por lo cual hablamos personalmente con él.
Daniel Mosquera es oriundo de Cáceres Antioquia, asegura que fue víctima de amenazas de los paracos en este municipio como consecuencia de su labor política y social en esta subregión del Bajo Cauca. Eso lo tuvo andando un tiempo con esquema de seguridad.
Actualmente, afirma que lleva alrededor de 500 casos de víctimas en esta oficina, ubicada cerca de la UARIV. En su defensa, Daniel Mosquera aseguró “Yo no soy ningún tramitador, tramitadores son aquellos que dicen venga yo le hago tal cosa y págueme ya. Hay muchos pero yo no los conozco, los que yo conozco son representantes legales de organizaciones. Eso está legalmente en Cámara de Comercio. Yo no soy ningún tramitador, yo soy defensor de los Derechos Humanos”.
Para su sustento económico argumentó que contrata con la Alcaldía de Medellín a través del INDER, con unos contratos hasta por 180 millones de pesos por medio de la Fundación Colombiana de Desplazados, Vulnerables y Etnias.
“Esto que hace uno por las víctimas es como para uno ayudarles, porque hay muchos que no saben leer y allá no les hacen nada. Se vienen para acá, yo les he hecho pagar a miles de víctimas. Ellos si le colaboran a uno, lo que les dé la gana. Nosotros aquí no tramitamos, nosotros aquí hacemos un trabajo es en defensa de las víctimas, porque ellos aquí no pagan la plata viene es desde Bogotá, pero ellos pagan cuando uno presiona. Bogotá falla es cuando uno presiona, entonces nosotros presionamos con esto. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Ellos dicen que esto es un negocio porque no les conviene que uno presione para que les paguen”, aseguró Daniel Mosquera.
De acuerdo con Mosquera, esto se ha convertido en un negocio para la UARIV porque las víctimas han sido revictimizados otra vez. La ley dice que nadie necesita trámite, debería ser cada tres meses la entrega de la ayuda humanitaria o la indemnización sin ningún trámite.
“La mayoría de las víctimas son campesinos que no saben leer, que salieron de su tierra donde sembraban plátano y yuca y llegan a esta ciudad sin saber leer, tienen que pegarse de una persona que sepa. Para eso está la Defensoría del Pueblo y las autoridades, nosotros no deberíamos estar haciendo esto, esto es competencia del ministerio público, nosotros solo deberíamos estar guiando a las víctimas” concluyó Mosquera.
Una de las personas a quien Daniel Mosquera ha atendido es Juana de Dios Durango, quien es desplazada de Mutatá, que en este momento vive en una pieza arrendada en Prado y su familia está compuesta por ocho personas y residen en otra parte. Nadie tiene empleo formal, esperan una resolución de ISVIMED en la cual les van a asignar un proyecto de vivienda y trabaja informalmente con una chaza en el centro, en la estación de San Antonio.
“Daniel Mosquera me pidió cien mil pesos para empezar el trámite. Hace más de un año él me aseguraba que me iba a sacar la indemnización, él me dijo yo le saco la indemnización, me da cien mil pesos para iniciar el trámite. Llegó el trámite y me dieron fue la ayuda humanitaria que ya me habían consignado”, aseguró Durango.
La ayuda humanitaria de 138 mil pesos que le entrega la entidad asegura que no le sirve ni para comprar un mercado, y que no representa ninguna ayuda, por eso dice que espera la indemnización y olvidar esos años sufridos cuando llegó a la Cruz en Manrique pidiendo limosna para subsistir.
“Daniel me dijo que volviera a traer los papeles para volver a tirar eso, y pensé dentro de mí ¡Otros cien miel! Ahí estoy pensando como hago eso para resolverlo por otro lado” dijo Juana de Dios Durango.
Fracasa la implementación de la ley 1448
La ley 1448 considera como víctima: “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente”.
El Gobierno Nacional a través de su Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en el año 2015 denunció un cartel de falsas víctimas que se hacían pasar por reclamantes de tierras.
La coordinadora de la Alcaldía de Medellín para las Víctimas, Luz Patricia Correa, asegura que no es adecuado entrar en este discurso de las falsas víctimas, aunque en Medellín se hayan presentado estos hechos y ella personalmente haya denunciado tres casos porque no obedecían a la verdad.
“Yo creo que ha faltado pedagogía del Gobierno Nacional en insistir en que eso es un delito, en que hayan más denuncias, en que se mencione más que esas son situaciones moral y jurídicamente inaceptables. Por otro lado, mal haríamos nosotros en decir como institucionalidad ¡ojo con las falsas víctimas! Sería contraproducente entrar en ese discurso de las falsas víctimas, porque entrarían muchos gobiernos locales a decir vio, yo no lo voy a atender, porque aquí lo que vienen es un montón de estafadores, esto es lo que ocurre en una proporción de mentiras en un montón de cosas en este país como ha ocurrido con el Sisben”, afirmó Correa.
La ley 1448 de 2011 abrió el marco para implementar, reparar y reconocer a la población víctima del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, pese a esta iniciativa, la ley se ha quedado estancada en la primera fase de reparación que es dar las ayudas humanitarias y posteriormente las indemnizaciones por vía administrativa.
“La ley 1448 en su espíritu se concibió que es buena, es un avance en justicia transicional y en favor de las víctimas, pero ha sido un fracaso en su implementación. Primero porque está manejada con un absoluto centralismo que no permite que las entidades territoriales participen de cualquier manera en justicia, recursos y en verdad. Se quedó manejada desde la presidencia y desde Bogotá con muchas disculpas y justificaciones, se ha quedado atrapada allí la ley”, afirmó el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega.
A esto se suma las cifras que maneja la Fundación Forjando Futuros, según las cuales, Antioquia tiene más de 1 millón 500 mil víctimas, de las cuales solo han sido reparadas administrativamente cerca 200 mil personas.
Para contextualizar, la coordinadora municipal de víctimas de la Alcaldía, argumenta que la ley tiene momentos, evidentemente, ésta obedece a coyunturas políticas y sociales e intereses de un contexto determinado, y también está de acuerdo en que la normativa requiere una reforma.
“Lo que pasa es que la ley tiene momentos. Es una ley de asistencia, de atención y de reparar un momento de política de prevención que no haya víctimas. Hay un momento de asistencia que frente a un hecho que sucede, lo primero es asistir humanitariamente a las personas, hay un tema de restablecimientos de derechos y hay uno de reparación, ese es el ciclo. En cada parte hay rutas, hay competentes y leyes de ordenamiento jurídico por fuera del marco de la 1448 ¿qué ha pasado? Que claro la política se ha centrado más en la atención humanitaria de emergencia porque no ha pasado a la fase de restablecimiento de derechos y eso no ha pasado porque la gente tenga el restablecimiento a la salud, a la vivienda, a la educación y como esas son soluciones duras y muy costosas, el avance en eso es muy lento y la gente no ha restablecido sus condiciones”, aclaró Correa.
En continuas oportunidades se ha planteado el debate de si se debe acabar la ayuda humanitaria, que se asigna a las personas que presentan carencias, y de acuerdo a su clasificación puede ser: tipo A por un monto de 640 mil pesos cuando son de una a dos personas, tipo B por 1 millón 150 mil pesos cuando son de 3 a 5 personas y tipo C cuando son de 5 a 7 personas por 1 millón 750 mil pesos.
Cabe aclarar, que la ayuda humanitaria solo se entrega a quienes han sufrido desplazamiento forzado y las indemnizaciones se realizan cuando se demuestra que la persona ya no tiene carencias y ha pasado el estado de vulnerabilidad.
“El vacío en la política pública está bien que se acabe la ayuda humanitaria, me parece bien que las víctimas no vivan eternamente de una ayuda humanitaria, eso le ha hecho mucho mal al concepto de ciudadanía, pero no resuelve las necesidades básicas de la población. No habría ayuda humanitaria, pero tampoco hay una fuente de empleo, no hay un buen sistema de salud, no hay educación y esto hace que la situación de la población víctima sea cada vez más precaria”, afirmó la abogada, Adriana Arboleda.
“Lo que ha habido es una repartición de dinero de 20 millones o 15 millones para las familias, pero que haya habido una política para la reparación integral para que la gente pueda asumir una reparación con todos los componentes que garantiza la ley, no, eso no ha sido y no creo que solo quede que el Estado anda repartiendo unos cheques como medida de reparación, eso tiene que avanzar mucho más”, aseguró Vega
La ley cumple seis años y de las ocho millones de víctimas, según El RUV (Registro único de Víctimas), solo se han indemnizado cerca de 800 mil. “Eso no representa ni el porcentaje mínimo”, manifestó Adriana Arboleda.
Esta ley tiene un plazo hasta 2021, eso implica que las personas no las van a indemnizar el primer año. Los acuerdos de la Habana abrieron una puerta para revisar la ley, mientras tanto, esta población sigue esperando soluciones y las declaraciones ante el Registro Único de Víctimas sigue en aumento.
Audio que recopila lo má simportante de la investigación:
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