Estamos asistiendo a uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Colombia y, paradójicamente, quien está a cargo por mandato constitucional para investigar penalmente a los implicados, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, tiene unas relaciones estrechas en todos los negocios que la multinacional Odebrecht logró concretar en el país mediante sobornos. Porque su firma de abogados no solo asesoró al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de la multinacional brasileña en la Ruta del Sol II, sino que directamente lo hizo con la Empresa Navelena-Odebrecht. Y por el hecho inadmisible de no haberse declarado impedido en esta investigación, tal como lo exigen las leyes, a lo que estamos asistiendo es a que la Fiscalía no haya adelantado ninguna investigación relacionada con ese nexo, porque además de no interesarle, para regocijo del Fiscal otra fibra de la misma gran maraña corrupta relacionada con Odebrecht lo ha ocultado: la financiación de las campañas electorales.
En esto Martínez Neira, atizando la cortina de humo, ha actuado con aparente diligencia porque sabe que caerán inexorablemente algunas fichas que han tenido que ver directamente con la subvención de los candidatos uribistas y santistas desde 2010, funcionarios de segundo orden que serán castigados, y también que las campañas serán sancionadas por cometer “infracciones” a las normas electorales. Y listo, no pasará nada más, y Uribe y Santos seguirán diciendo que eso fue “a sus espaldas” y que “se acaban de enterar”. Pero el verdadero meollo del asunto, el que ocasiona la pregunta de por qué una firma de contratistas extranjeros, que tienen socios nacionales, contribuye a financiar a posibles futuros presidentes, es el que se intenta esconder. Y el principal agente del tapen-tapen es Néstor Humberto Martínez Neira, que está “untado hasta el alma”, tal como lo define el senador Robledo.
Las denuncias de la relación Odebrecht-Grupo Aval-Martínez han provenido del senador Jorge Enrique Robledo y de medios o periodistas, y nunca de la Fiscalía. Por el contrario, el Fiscal Martínez se ha empeñado en evadir y ocultar todo lo concerniente a hechos que puedan involucrarlo a él y al Grupo Aval, como cuando –como lo denuncia Robledo–, después de once días hábiles de haber estallado el escándalo de los sobornos en Estados Unidos, en una decisión “exprés” que no vio él con 30.000 funcionarios, declaró ante los medios que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Navelena-Odebrecht”. Pero el senador Robledo demostró con pruebas, basado en las juiciosas indagaciones de su equipo y de Justicia Tributaria, que en el préstamo de dineros públicos que el Banco Agrario le concedió a Navelena-Odebrecht por $120.000 millones existen gravísimas anomalías derivadas de que era una sociedad “sin solvencia moral y sin solvencia financiera”, porque ya se conocía su naturaleza corrupta. Y Martínez Neira era “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht, además de que Corficolombiana y Fiduoccidente (filiales del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo) eran partes interesadas en este negocio. (http://bit.ly/2iJzp7T)
También el senador Robledo denunció que el hoy Fiscal asesoró a los socios Sarmiento y Odebrecht en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol II, que fue beneficiaria del soborno de la trasnacional brasileña. En ese contrato, firmado en el 2009 –gobierno de Uribe–, Odebrecht adquirió el 62%, Corficolombiana, a través de su filial Epysol, el 33% y el grupo Solarte, el 5%. Después de que estalló el escándalo del socio mayoritario, Corficolombiana se declaró “víctima” de la corrupción, y Martínez Neira se quedó callado sabiendo que en alguna de las gavetas de la Fiscalía reposaba una denuncia que señalaba a la filial del Grupo Aval como supuesto cómplice. En efecto, la periodista María Jimena Duzán y Noticias Uno destaparon esa denuncia en el sentido de que José Elías Melo, presidente en la época de Corficolombiana, habría acordado pagar el soborno de los 6.5 millones de dólares conjuntamente con Odebrecht, según el testimonio de tres altos ejecutivos de la multinacional brasileña. La periodista agrega que “con las pruebas que al parecer tiene la Fiscalía en contra del expresidente de Corficolombiana debería haberle imputado cargos hace rato”.
“Para completar tantas desvergüenzas”, continua el senador Robledo denunciando el negociado del otrosí al contrato de la Ruta del Sol II, el de la vía Ocaña-Gamarra, conseguido violando la ley para que no se adjudicara por licitación sino ‘a dedo’, en el que aparece Néstor Humberto Martínez aprobando el documento CONPES respectivo, cuando estaba inhabilitado porque hacía solo dos meses había dejado la Junta Directiva de El Tiempo, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y lo hace como ‘Superministro’ del gobierno de Santos. Y ahora es el gobierno de Santos, a través de la ANI, el que acaba de dar por terminado el contrato con la Concesionaria Ruta del Sol II, premiando así a Odebrecht con $441.000 millones y a Episol con $235.000 millones, cuando lo que había debido hacer era sancionarlos con la caducidad del contrato. “Si se concreta este acuerdo sería el primer paso a la impunidad”, puntualizó Robledo.
Y se acaba de conocer por el periodista Daniel Coronel, que una funcionaria de la entidad consultora del gobierno (la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial) que “estructuró las condiciones para determinar quién podía participar –y quién no– en una de las licitaciones más grandes de la historia de Colombia”, la de la Ruta Sol II, era la esposa del señor Diego Solano, Vicepresidente Financiero del Grupo Aval. Y a pesar de que esa señora estaba “incursa en un conflicto de intereses”, el contrato se hizo bajo el manto cómplice de las autoridades que lo conocían –el entonces Procurador Ordóñez sabía del caso– y “no pasó nada”.
Y no pasará nada, porque está instituida la forma en que los dueños de los grandes negocios o sus representantes entran a la ‘rueda giratoria’ que los lleva a ejercer los controles del Estado. Por eso, con este caso se ratifica que Colombia sea considerada como uno de los países más corruptos del mundo, y claro, no porque tenga una que otra “manzana podrida”, tal como lo afirma el presidente Santos, sino porque todos los indicios nos llevan a concluir que la estructura del Estado está montada, desde hace muchísimos años, como una empresa criminal a la que hay que erradicar. Por eso la pregunta pertinente es: ¿acabará demostrándose que la ‘financiación’ de las campañas tiene un vínculo estrecho con los sobornos de las multinacionales asociadas con las financieras nacionales, cuando quien debe investigar es juez y parte?
