El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó este miércoles, durante el Conversatorio Anticorrupción organizado por El Tiempo, lo que la mayoría de los colombianos sabíamos con certeza: la corrupción en el país es sistemática.
El fiscal señaló, calificando las cifras de “escalofriante”, yo diría terroríficas, que actualmente el ente investigador adelanta 100.848 procesos por delitos contra la administración pública.
También indicó el fiscal que hay 266 funcionarios públicos en judicialización y con medida de aseguramiento y que, 230 alcaldes y 20 gobernadores son investigados por hechos de corrupción.
Palabras más, palabras menos: de los 1.122 municipios y de los 32 departamentos del país, en el 20 y el 62 por ciento, respectivamente, hay corrupción.
La inveterada corrupción también campea en la propia Fiscalía. Martínez aseguró: “capturamos a 16 funcionarios de una seccional que estaban siendo cooptados por una organización narcotraficante”.
Y es que ni el propio fiscal se salva. Afirma el senador Jorge Robledo que Martínez también está untado en el caso Odebrecht, pues su firma de abogados asesoró a la constructora brasilera y a sus socios para acceder, de manera presumiblemente irregular, a créditos por más de $120 mil millones de pesos del Banco Agrario.
Y hay más. De acuerdo al fiscal, el número de noticias de corrupción contra la administración pública en Colombia crece a una tasa anual de 13.5 por ciento, sin contar el sub-registro. Y es que cada nuevo escándalo de corrupción opaca al anterior.
Los sobornos por más de US$11 millones que la constructora brasilera Odebrecht repartió en Colombia para hacerse a contratos de obras viales, producto de la fatídica venta de Isagén, opacó el caso de la Refinería de Cartagena, Reficar, cuya modernización tuvo un sobrecosto cercano a los $17 billones de pesos.
Otros grandes casos de corrupción en Colombia son: Salucoop EPS cuyas directivas se apropiaron de manera indebida de más de $1.400 millones de pesos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud; el caso de los Nule y el IDU en Bogotá con el robo de $156.000 millones de pesos.
El execrable peculado para la distribución de alimentos en La Guajira que involucró al ICBF y algunos de sus contratista por $1.495 millones de pesos; el protagonizado por Andrés Felipe Arias en cabeza del programa Agro Ingreso Seguro donde se robaron más de $12.000 millones de pesos, y un larguísimo etcétera que haría de ésta nota un rosario interminable.
Lo paradójico de la corrupción en Colombia es que la mayoría de los casos quedan en la impunidad. La más reciente sentencia, ésta vez en el sector privado, fue una burla para los afectados, a los tres cerebros del millonario desfalco del Fondo Primium de Interbolsa los premiaron con una pena de 5 años y lo más inaudito, les dieron casa por cárcel.
Para combatir este mal que irónicamente ya es un bien material e inmaterial de la nación, es necesario establecer una cátedra anticorrupción en todas las escuelas, colegios y universidades del país, porque no basta con la promesa de unos cuantos políticos para desmontar ésta nefasta práctica.
Necesitamos un ejército de veedores ciudadanos que protejan el erario de la Nación. También a funcionarios públicos que no vean en lo estatal un jugoso botín por medio del cual puedan enriquecerse de manera ilícita. Urgimos de un ecuánime sistema de justicia para condenar de manera expedita y sin ningún beneficio a los corruptos.
Pasarán generaciones para lograrlo. Sí. Podemos empezar ya. O hacernos los de la vista gorda y dejar perpetuar éste mal que anualmente nos cuesta a los colombianos el 4% del PBI, o sea más de $22 billones de pesos.
De lo contrario, continuará siendo Colombia sinónimo de corrupción.
