Ya son 26 los aspirantes a la Presidencia de la República que han decidido postularse a través de la recolección de firmas. Son dos las razones que los llevan a tomar esa decisión: por no contar o no tener garantizado el aval de un partido político, o simplemente huyéndole al fantasma de la decadencia y desprestigio de esas colectividades, permeadas por los escándalos de corrupción y/o vínculos con organizaciones criminales.
Los candidatos que optaron por este mecanismo deben inscribir ante la autoridad electoral un comité integrado por tres ciudadanos e iniciar la campaña para recoger firmas en un número superior al 3% de los votos depositados en las elecciones presidenciales del 2014. En primera vuelta fue 13.216.402, correspondiente al 40.07% del censo electoral; mientras que para la segunda vuelta el nivel de participación subió a 15.794.940, equivalente al 47.89% de las personas aptas para sufragar, con una abstención cercana 53%. Es decir que cada campaña debe garantizar como mínimo 400 mil firmas, las cuales serán presentadas ante la autoridad electoral para su verificación y si cumple con el número de firmas requeridas, expedirle la respectiva certificación que avala su aspiración al primer cargo de la nación.
Para garantizar cumplir con el umbral de firmas requeridas, cada uno de los 26 aspirantes debe trazarse como meta mínima obtener el respaldo de aproximadamente 600 mil ciudadanos, teniendo en cuenta el margen de castigo en el momento de la revisión de las firmas presentadas, que puede estar alrededor del 25%, del total de las rubricas entregadas. Es decir que estaríamos hablando que en su conjunto las diferentes campañas necesitan que cerca de 16 millones de ciudadanos, voluntariamente se presten para con su firma avalar la aspiración de los diferentes aspirantes que han optado por esta vía. Una cifra por encima al porcentaje de participación en las pasadas elecciones.
Los continuos escándalos de corrupción que afectan todas las instituciones del estado, incluyendo la rama judicial, desvirtúan el sentido ético en la gestión de lo público; aumentan el malestar, el escepticismo, la desconfianza y logran un distanciamiento de la ciudadanía con la clase política, así como en la participación en los procesos políticos. Lo anterior, dificulta la labor de recolección de firmas de los activistas de las diferentes campañas, generando así una mayor competencia por obtener el apoyo ciudadano al candidato que representa y en donde nuevamente el fenómeno de la corrupción y la compra de firmas será el fenómeno predomínate, lo que puede reducir el número de aspirantes, que cuentan con estructuras políticas organizadas y grandes recursos económicos, que les garantiza superar el umbral del 3% para obtener el respectivo aval.
Este fenómeno atípico de una campaña electoral anticipada a la Presidencia de la República es un primer paso para que los ciudadanos en un ejercicio democrático independiente y transparente, alejado de las prácticas corruptas y clientelistas para obtener su respaldo, expresen su indignación o respaldo con quienes hoy colocan su nombre a consideración del constituyente primario, para que lo avalen o descarten como una opción válida para ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
