Gustavo Petro habló del “crédito barato” en el discurso del día de la elección.
En la intermediación financiera tradicional los bancos siempre incluyen en el costo del crédito para los usuarios la administración, el riesgo y la utilidad. Por eso nunca es ni podrá ser barato.
Por esta razón, cuando cae el UPAC en el año 1999, se diseñó un esquema de financiación desintermediado, de tal manera que los recursos provinieran directamente del mercado de valores, es decir, de los inversionistas, y en donde el Banco tradicional sería simplemente un emisor de bonos hipotecarios y titularizaciones.
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Los recursos así obtenidos tienen la ventaja que NO son a vista (retiros en cualquier momento), tienen el mismo plazo de la hipoteca (mediano o largo plazo), están garantizados con la hipoteca (bajo riesgo), se le concedieron beneficios tributarios temporales a los compradores de los bonos (inversionistas), no entran en la masa de liquidación del banco, son ideales para inversionistas institucionales de largo plazo, amén de otras ventajas, lo que los hacía muy atractivos.
Es el mismo mecanismo, que utilizan las empresas, cuando en lugar de obtener un crédito tradicional, emiten bonos o acciones.
Lo anterior quedó consagrado en la Ley Marco de Vivienda (546 de 1999) que se expidió por orden de la Corte Constitucional, pero nunca se ha desarrollado, por la presión de Asobancaria, ya que este mecanismo competiría peligrosamente con sus créditos tradicionales y no genera una utilidad significativa al eliminar, prácticamente, la intermediación.
Han tenido lugar algunas titularizaciones hipotecarias y emisiones de bonos, pero la liquidez obtenida no se ha dirigido a préstamos de vivienda necesariamente, sino a los demás créditos lucrativos para los bancos, como los de consumo. Esto desvirtúa totalmente la Ley Marco de Vivienda, que afortunadamente sigue vigente.
Ha faltado la voluntad política para hacer una reglamentación e instrumentación clara y efectiva, para que los consumidores financieros puedan acceder a financiar su vivienda a la tasa de los bonos (5 o 6 % anual), mucho más baja que la tasa de los créditos tradicionales de vivienda (13 % mas UVR).
Pero si, además, se utiliza la banca pública como emisores (Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro) y las fiduciarias públicas como administradores (Fiduagraria, Fiduprevisora), se pueden generar ahorros en los costos de emisión y administración.
Esto es mucho más transparente que crear una banca pública fondeada con recursos del presupuesto nacional, ya que los recursos se captan del mercado de valores a precios de mercado.
Piénsese que, incluso un inversionista no institucional, estará más interesado en invertir en un bono que le rinde el 6% y no en un CDT que le renta el 3%.
En este esquema se puede basar la política de vivienda del Gobierno entrante, con la ventaja que la ley ya existe, todo se manejaría con reglamentación del ejecutivo y de las Juntas Directivas de la Banca Pública (sin perjuicio de la banca privada, que no tendrá mas remedio que participar, así sea a regañadientes).
De otra parte, se pueden revivir ventajas tributarias para los nuevos bonos emitidos, que esta vez sí cumplirían la finalidad para la que fueron creados en la Ley.
Yo participé del diseño de esta opción para financiar vivienda cuando trabajé en Supervalores y luego en Regulación Financiera. Por eso puedo sustentar su viabilidad e instrumentación, en el escenario que se requiera.
