Tras las crisis de los últimos gobiernos de la clase política tradicional colombiana, su último recurso fue apelar al fortalecimiento y al surgimiento político de sus aliados más radicales.
Fueron tiempos oscuros para Colombia, el fortalecimiento del ejército paramilitar y con ello el de su participación en la política nacional, sumergieron al país en una gran ola de violencia. Este discurso estuvo justificado con el argumento de la política para-estatal contrainsurgente. Con los años, el país ha alcanzado a vislumbrar lo que fueron las razones reales, el fortalecimiento de grandes emporios empresariales fue la mayor motivación.
Este tenebroso periodo estuvo orquestado por los grandes medios de comunicación que justificaron esta estrategia regresiva y autoritaria, influenciaron grandes sectores populares que desde el desconocimiento fueron usados para justificar estas políticas, mientras sectores beneficiados financiaban esta estrategia de guerra. Por eso es necesario que las responsabilidades asumidas en la guerra sean reconocidas, esto es un paso indispensable para la reconciliación nacional, los colombianos tenemos derecho a saber la verdad, y el acuerdo de jurisdicción especial para la paz debe darnos herramientas para construir el relato del conflicto armado y las responsabilidades asumidas por distintos sectores económicos, políticos y sociales.
Hoy, ante el momento de cambio crucial para el país, el Estado y la sociedad colombiana se enfrentan a grandes retos, entre ellos proscribir la justificación del exterminio del “enemigo interno” y el opositor, instalada en la mente de una amplia franja de colombianos. Es evidente que muchos desconocen la naturaleza política del conflicto, y por tanto la enorme importancia que tienen estos acuerdos para nuestra historia.
En este sentido, es necesario un compromiso de todos los sectores sociales, económicos (empresarios) y políticos que lleven al desmonte efectivo de las estructuras paramilitares como estrategia de guerra, asociado y ligado al narcotráfico y el control territorial, así como al discurso que justifica la eliminación de la oposición política. Si no se le da solución al odio ancestral instalado y alimentado durante décadas en la mente de tanta gente, la construcción de la paz y la justicia social en Colombia, serán una tarea imposible de lograr.
Por otro lado, se hace indispensable, no solo para la confianza de los colombianos, sino para el acuerdo mismo y su posterior implementación, que el Estado recupere la ruta del diálogo con el ELN y el EPL. No sólo para que estas organizaciones se articulen al escenario político de los acuerdos y puedan plasmar sus agendas, sino para que el movimiento nacional en favor del fin del conflicto se fortalezca tras un acuerdo de éstas otras dos organizaciones con el gobierno. A ello debe apuntar el esfuerzo de la sociedad para que nadie quede por fuera de los acuerdos esta vez, y haya un cierre definitivo y completo del conflicto armado.
Este momento político ha dejado al descubierto dos visiones del mundo en confrontación, una que llevamos a cuestas hace más de medio siglo y otra que está intentando darle un giro definitivo a la política nacional. Es momento de darle una oportunidad al cambio, es momento de que le demos ya un adiós a esta larga guerra, es momento de decirle Sí a la paz, somos la generación de la esperanza.
