El martes 15 de septiembre de 2015 a las 4:30 p.m. en La Agustina, Cauca, el tribunal de Popayán condenó a Valencia a 16 años de prisión en segunda instancia por supuesto “secuestro” a un soldado, el cual se infiltró en una marcha pacífica con explosivos, hecho por el cual, como es natural, la guardia indígena actuó y sancionó al soldado. Lo más irónico del asunto es que Feliciano no tuvo nada que ver con las sanciones al soldado, ya que ni siquiera estuvo en el juicio. Este hecho no es más que otra cortina de humode la cual los medios de comunicación tradicionales son cómplices y protagonistas. Lo anterior, claro está, no podría ser posible si estos medios tradicionales no contaran con el apoyo de las familias hacendadas, de la clase política con grandes extensiones de tierra en el Norte del Cauca y del poder económico, los cuales controlan el departamento como si fuera la tierra en donde un narco fuera el que mandara y el dinero el que pusiera la pauta.
Desde la cárcel, hace un mes aproximadamente, Feliciano, a través de un video grabado por Juan Pablo Gutierrez, encargado de las comunicaciones de la ONIC, expresó que “desafortunadamente la justicia ordinaria opera así: no pudo judicializar a las 14.000 mil personas, y entonces individualizó el caso en cinco personas inicialmente, cuatro de las cuales absolvió, y toda la justicia cayó sobre mí. Por eso me encuentro en la cárcel en la ciudad de Popayán, preso en estos muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la oligarquía caucana”.
Feliciano en entrevista con el periódico El Espectador planteó: “Mi función como autoridad del Consejo Nacional Indígena del Cauca era permanecer en la primera línea, en la línea que viene del Cauca a Popayán, atender a los periodistas, atender a las personas que estaban y se solidarizaban con la minga, incluso atender a los funcionarios del Gobierno y trasladarlos al sitio de concentración. Esa era mi función. Donde yo aparezco en el evento, que es causa de mi condena, es cuando se determina la asamblea. Toda asamblea, las 122 autoridades y los 22 consejeros me llaman a mí para que coordine la asamblea. Mi función única es coordinar a la asamblea, ahí es cuando el soldado Santiago Chaparral me ve. La Constitución Política del 91 nos dio derecho territorial, nos dio derecho jurisdiccional y derecho judicial. Por eso es un absurdo que la justicia ordinaria, en cabeza del Tribunal de Popayán, me haya condenado. Soy indígena, pertenezco a un territorio indígena y hago parte de un gobierno indígena. Esto es un absurdo, un atropello y una flagrante violación a lo que está establecido en la norma colombiana”.
Hace poco más de un mes las autoridades indígenas le pidieron al Tribunal Superior de Popayán el traslado de Feliciano hacia el Centro de Armonización Gualanday, aunque el tribunal había aceptado la medida, el abogado del militar apeló esa decisión, demorando el traslado de Feliciano hacia ese Centro de Armonización.
La detención de Feliciano Valencia duró un mes y veintiún días hasta que el jueves 5 de noviembre, en horas del medio día, el Tribunal Superior de Popayán toma la decisión de conceder el traslado de Valencia al Centro de Armonización Gualanday, cuya ubicación está en Santander de Quilichao, Norte del Cauca.
Se espera que en el transcurso de este viernes 6 de noviembre se cumpla el traslado de Feliciano Valencia hacia el Centro de Armonización Gualaday, en compañía del Inpec y la Guardia Indígena del Cauca, teniendo en cuenta que la detención de Feliciano atenta contra los derechos autonómicos indígenas, y contra la jurisdicción especial indígena, puesto que la condena a 16 años de prisión fue interpuesta por la justicia ordinaria y no por la justicia indígena.
Twitter: @JUANCAELBROKY
