Una a una, las presuntas "mentiras y falsedades" de la campaña 'NO' en el plebiscito del 2 de octubre se van haciendo realidad ante la mirada atónita de los colombianos, incluidos aquellos que votaron por la opción del 'SI' y el silencio cómplice de congresistas y políticos que tan solo 10 meses atrás tildaron a todo aquel que elevara su voz en contra del maltrecho "acuerdo para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera" de 'guerrerista'.
La ultima revelación del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, confirma nuevamente muchas de las preocupaciones de quienes rechazaron el acuerdo: las FARC en un acto de cinismo y burla entregaron a Naciones Unidas en julio 31 un inventario de bienes que serían usados para reparar a las víctimas y en el cual incluyeron traperos, escobas, exprimidores de limón y otros enseres sin valor comercial, así como bienes a los cuales se les han surtido procesos de extinción de dominio e incluso "carreteras" construidas por ellos, dejándonos al país en un aire de indignación y en especial a las víctimas que se preguntan hasta cuándo las FARC pretende continuar con su campaña cínica y de burlas y cuándo piensan por fin cumplirle a las víctimas y al país.
La respuesta del gobierno no es menos indignante, en especial, el ministro del interior Guillermo Rivera quien hizo un llamado a "no hacer ninguna valoración sobre el contenido del inventario", como si desde la institucionalidad no pudiera hacerse exigencia alguna a las FARC, máxime cuando se trata de las víctimas, desoídas y burladas durante todo el proceso de paz y quienes hoy esperan una reparación integral y la verdad por parte de este grupo terrorista.
Por otro lado, Pastor Álape y el abogado de las FARC Enrique Santiago con total cinismo respondieron al país que la obligación de reparar a las víctimas estaba en cabeza del Estado, así como el gobierno nunca facilitó las condiciones para el inventario de estos bienes y que en últimas las FARC no han recibido un solo centavo y que por lo contrario ha tenido que "mantener un ejército de 7000 personas sin ingresar nada", aduciendo que el inventario es completo y que existe una intención política de entorpecer la implementación del Acuerdo.
Sin embargo, desde el reportaje de The Economist en abril de 2016 para todos los colombianos es claro que la leyenda de la "pobreza" y la negación de acumular riqueza como buenos capitalistas no es más que una mentira cínica e inaceptable de las FARC quienes según este mismo reportaje tienen activos estimados en $10.5 billones de dólares, suficientes, según The Economist, para pagar una buena parte de los costos del Acuerdo de Paz y para reparar a las víctimas.
Todos los colombianos preferimos ver a las FARC en la política y no en las armas, tratando de ganar votos y representación política legítima, pero no deben olvidar Iván Márquez, Jesús Santrich y Pastor Álape que es su deber reparar en su integridad a las víctimas que sin ninguna consideración se llevaron durante el conflicto y si el Gobierno Santos quiere tomarse en serio la implementación de la paz y el respeto a las víctimas para evitar generar nuevas violencias, debe condicionar desde ya la participación política de las FARC a la entrega total de bienes y dinero destinados al patrimonio autónomo para la reparación de las víctimas.
A fin de cuentas, todos los colombianos estamos pagando y financiando el partido político de las FARC que tiene todas las prebendas económicas a cargo del Presupuesto General de la Nación hasta 2026, y si las FARC quieren ser un actor político legítimo y defender sus ideas en la democracia, debe empezar por respetar a los colombianos que aunque rechazamos de tajo el acuerdo en las urnas, esperamos que por lo menos que quienes por décadas nadaron en la ilegalidad, la violencia y la afrenta a la democracia, respondan a los colombianos y a las víctimas, cumplan los acuerdos y eviten la generación de nuevas violencias.
