El portal eltiempo.com publicó una noticia en la que informa sobre las medidas de tipo fiscal, que ha tomado la Contraloría General de la Nación y que involucra a 6 exdirectores y 5 funcionarios de la UASEP, 4 operadores de aseo y una empresa fiduciaria que tendrán que responder por detrimento patrimonial en el manejo de las tarifas de aseo de Bogotá entre el 2017 y 2011 por valor de $47.425.’968.533.
La doctora Miriam Margoth Martínez Díaz, esposa del alcalde de Ipiales, actuó como directora en propiedad entre el 16 de septiembre del 2009 y el 12 de agosto de 2001, fecha en la cual la alcaldesa de la capital Clara López Obregón decidió "Hacer efectiva la sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, impuesta a la señora Miriam Margoth Martínez Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.732.383 de Pasto, en su condición de Directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) del Distrito Capital”.
La Procuraduría en su momento tomó la decisión porque se le “endilgó consignación de información falsa en el acta de asignación de la licitación del relleno sanitario Doña Juana”. Por este caso está pendiente, la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la nación. También ha sido mencionada en varias notas de prensa por el caso Odebrecht, por el contrato 2009 para la construcción de túnel interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas, la cual tuvo un costo de $244.363 millones y fue adjudicada al Consorcio Canoas, conformado por CASS Constructores, empresa de Carlos Solarte, y la Constructora Norberto Odebrecht S.A., época en la cual se desempeñaba como gerente corporativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
La noticia que obligaría a Martínez Díaz a responder por más de trece mil millones llega en momentos difíciles para Ipiales, donde aún la población no ha salido del problema de una epidemia de diarrea, que no se conoce qué la ha generado, y cuando el puerto fronterizo cuya alcaldía es presidida por Ricardo Romero, progenitor de Camilo gobernador, atraviesa por un alto índice de inseguridad.
