Las empresas Familia y Kimberly pagarán una millonaria sanción por hacer acuerdos para fijar los precios del papel higiénico en Colombia y Ecuador, después de que el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina resolvió un caso iniciado hace más de una década por Pablo Felipe Robledo, el entonces superintendente de Industria y Comercio del gobierno de Juan Manuel Santos.
Un total de 17'060.772 de dólares pagará el estadounidense Grupo Kimberly y 16'857.278 de dólares tendrá que desembolsar el Grupo Familia, fundado por John Gómez, ahora de propiedad de sueca Essity Group Holding, cuyo presidente en Colombia es Andrés Felipe Gómez, por conductas anticompetitivas relacionadas con acuerdos transfronterizos de fijación de precios.
Aunque la investigación comenzó hace una década cuando la papelera estaba aún en manos de la familia Gómez, el problema con sanción incluida, les reventó a los suecos que decidieron salirse de la Bolsa de Valores de Colombia.
De propiedad de la norteamericana Kimberly-Clark, la filial colombiana Kimberly Colpapel está en Colombia desde 1968 tras adquirir distintos negocios de papel. A esta compañía, cuyo gerente general para Colombia y Ecuador es desde 2021, Gustavo Castellanos, a quien le corresponderá hacerle frente a esta dificultad judicial y económica.
La disputa judicial que duró diez años la resolvió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con sede en Quito a través de un fallo del 17 de septiembre de 2024 en contra de las dos multinacionales.
Esa alta instancia internacional, presidida por Hugo R. Gómez Apac en Quito, dejó en el camino a 42 personas investigadas y algunas de ellas condenadas penalmente por la cartelización empresarial en Colombia y otras tantas en Ecuador.
En 2014, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Felipe Robledo, formuló pliego de cargos a Productos Familia y a Colombiana Kimberly, se señaló que habían fijado artificialmente precios al papel higiénico, las servilletas, las toallas de cocina y los pañuelos para manos y cara, lo que afectó los derechos de los consumidores.
Cómo cruzó la frontera la cartelización del papel higiénico de Familia y Kimberly
Para hacer esa cartelización que cruzó la frontera de Ecuador, ejecutivos de Productos Familia S. A. les dieron instrucciones a sus pares en Productos Familia Sancela del Ecuador S. A., a través de reuniones virtuales, correos electrónicos, mensajes con el objetivo de fijar precios por imposición de márgenes mínimos y máximos de venta y concertar porcentajes de descuentos dirigidos a los diferentes canales de comercialización.
En octubre de 2016, la Secretaría General de la Comunidad Andina recibió la denuncia de lo ocurrido en Colombia y abrió una investigación contra los Grupos Familia y Kimberly, los cuales siendo competidores sostuvieron reuniones y contactos para hablar de diferentes aspectos del mercado.
Desde entonces, las empresas y personas naturales iniciaron una batalla jurídica sin tregua, pero la Secretaría General de la Comunidad Andina impuso millonarias sanciones ante las cuales Productos Familia S. A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S. A. en mayo de 2018 plantearon una acción de nulidad contra esas decisiones sancionatorias, sin éxito, pese a tener el apoyo de la República de Perú y Colombiana Kimberly Colpapel S. A. y Kimberly – Clark Ecuador S. A.
En este proceso, parte de las pruebas fueron aportadas por las mismas empresas y sus ejecutivos que se acogieron a un programa de clemencia o delación compensada y dieron detalles sobre cómo se sugerían, recomendaban o lograban los acuerdos de precios en el mercado de los papeles suaves y en 2021 se confirmaron las decisiones jurídicas, pero nuevamente, las empresas no se quedaron de brazos cruzados.
Ante el Tribunal Andino argumentaron que no existió acuerdo transfronterizo alguno y que la hipótesis de que los gerentes colombianos de los Grupos Kimberly y Familia habían dado instrucciones a los gerentes ecuatorianos para cartelizarse en el mercado de Ecuador no encajaba en los supuestos transfronterizos contemplados en las normas que rigen a la Comunidad Andina de Naciones.
Para las empresas investigadas, no existían pruebas de que la conducta sancionada se hubiera prolongado desde 2011 hasta octubre de 2013 y en su estrategia jurídica buscaron que la infracción fuera prescrita, también sin éxito.
Para el Tribunal de Justicia Andino que tomó su decisión sancionatoria en forma unánime, las conductas anticompetitivas de los Grupos Kimberly y Familia en Ecuador fueron orquestadas por las compañías matrices de los respectivos grupos en Colombia, lo que confirmó la existencia de un cartel transfronterizo para que el tema fuera de competencia territorial de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
En su momento, las empresas investigadas también cuestionaron los montos de las sanciones porque según ellas, se debió calcular sobre la renta obtenida de los productos que hacían parte de la cartelización y no sobre el total de ingresos de las compañías.
En respuesta a estas reclamaciones, la Comunidad Andina ha recordado que existe consenso a nivel mundial en la defensa de la libre competencia en los mercados y por eso, acuerdos de precios entre competidores, reparto de mercados, proveedores o clientes; limitación de la producción o de las ventas, el reparto de licitaciones y concursos públicos son las conductas anticompetitivas más perniciosas y son las que se reprimen con mayor severidad como le acaba de ocurrir a Familia y a Kimberly.
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