Uno de los principales problemas que deben enfrentar los bogotanos es el precario sistema del transporte público que ofrece la ciudad. Diariamente los ciudadanos deben lidiar con buses abarrotados, largos tiempos de espera, buses varados por mantenimiento inadecuado, contaminación excesiva y problemas de salud e inseguridad vial por la presencia de flota obsoleta.
En la reciente licitación llevada a cabo por TransMilenio había surgido la posibilidad de reemplazar la flota actual por buses eléctricos, lo que hubiera solucionado muchos de estos inconvenientes. Sin embargo, por falta de voluntad del alcalde Peñalosa, fue descartada.
El origen de esta problemática proviene del número de vehículos del sistema de transporte público en Bogotá: pasó de tener una flota de aproximadamente 24.000 vehículos en el año 2000, a menos de 4.500 en el 2018, dándole muy pocas alternativas al usuario frente a este déficit.
La pésima estructuración de los contratos con los operadores del sistema de transporte (SITP) dio como resultado que los operadores de las zonas de Suba Centro, Perdomo y Fontibón entraran rápidamente en proceso de quiebra y como consecuencia dejaran a los habitantes de estas importantes localidades sin acceso al sistema y con un transporte tradicional que está desapareciendo: en 2003 la ciudad contaba con 19.180 buses tradicionales y en 2018 cuenta con tan solo 4.566.
La proyección de buses del SITP, que hizo la administración en el año 2009 (según la licitación TMSA-LP-002-2009), fue de 10.239 buses en las principales zonas de la ciudad. Por ejemplo, en Usaquén se proyectó la necesidad de 1.427 buses; en Bosa, 1260; en Engativá, 749; en Suba centro, 1428, entre otras.
Según cifras de la administración, que solicité a través de derechos de petición, la flota está desapareciendo, dificultando el transporte de los bogotanos. Las proyecciones de buses por zonas de Bogotá, donde las empresas privadas de transporte público pasarían a ser parte del SITP no se han hecho una realidad. Por ejemplo, en USME, el operador TRANZIT proyectó 720 buses y en el sistema de transporte público solo tiene 194; en Fontibón, la empresa COOBUS de 912 tiene 0 en el SITP; el operador SUMA, que cubría Ciudad Bolívar, proyectó 708 y actualmente tiene 393 y así varias zonas donde los ciudadanos requieren más buses para su óptima movilización.
Sumando estas y otras zonas de implementación del SITP, puedo concluir que la operación estaba proyectada para 5.475 vehículos, y a la fecha únicamente 1.403 se encuentran funcionando, lo que quiere decir que tan solo el 26% está prestando servicio a la comunidad, generando un 74% de déficit de buses, lo que explica la crisis del transporte público en Bogotá.
Este ha sido un problema heredado por varias alcaldías, sin embargo, la administración Peñalosa no ha emprendido acciones de mejora, lo que desencadenó que los operadores de las zonas de Suba oriental, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy también se declararán en ley de insolvencia.
El análisis anterior permite entender que la falta de intervención oportuna conduce a un círculo vicioso que va en contravía de las necesidades de transporte de los habitantes de Bogotá, pues no se puede prestar un servicio eficiente sino hay suficiente flota para el número de habitantes requerido y, por tanto, las personas de esas zonas dejan de contar con SITP para transportarse, lo que explica la falta de ocupación de los buses.
Si la administración no pone el ojo en la crisis de la implementación del SITP, la situación se tornará insostenible y además va a llevar a la quiebra de todos los operadores, a más propietarios que entregaron sus vehículos de buena fe y que hasta la fecha no han recibido ningún pago, a más conductores engrosando las listas de desempleo, ciudadanos sin un servicio eficiente, y a la ciudad a pagar millonarias demandas que solo intensificarán el problema social, donde los únicos ganadores van a ser los bancos que nunca pierden.
