Por la tierra nos hemos matado en Colombia durante décadas y el despojo de esta a miles de campesinos por parte de los paramilitares, las guerrillas, los narcotraficantes y hasta el Estado es una de las más profundas heridas que se la ha causado a las más de 8 millones de víctimas que nos ha dejado el conflicto y a nuestros campos.
Sin embargo, la pesadilla no acaba ahí. Pues hoy asistimos a un escenario en el que los actores del conflicto —tanto estatales, como no estatales y paraestatales—, parecieran no estar dispuestos a trabajar, decididamente, por la restitución de la porción de la dignidad de las víctimas que corresponde a que puedan volver a tener tierras suficientes para trabajar honestamente y no tener que andar mendigando por ciudades que las desprecian e instituciones que se hacen las sordas cuando llegan a ellas.
Para caer en cuenta de lo crítico de este panorama, podemos tener en cuenta los siguientes datos mínimos:
Primero, apenas hace unos días, la Superintendencia de Notariado y Registro estimaba que las Farc-Ep no habrían reportado unas 890.000 hectáreas en el marco del Proceso de Paz. Por lo que, de ser esto cierto, estarían negándole la posibilidad a las víctimas de contar con una gran cantidad de tierras (casi un millón de hectáreas) que, por derecho y justicia, les deberían ser adjudicadas.
Segundo, esto no solo pasa con las Farc-Ep. En cuanto a la entrega de bienes que los paramilitares desmovilizados en 2003 debían cumplir, y que la Fiscalía General de la Nación estima en cerca de 6.400, sólo se han entregado, por parte de los excombatientes de estos grupos, cerca de un 24% de estas propiedades. Es decir, en casi 15 años de “desmovilización” de las autodefensas, no se ha llegado ni a una cuarta parte de lo que deben entregar; mal augurio este caso, sin duda, para lo que pueda pasar con otros procesos similares.
Tercero, a 2018 y según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Estado colombiano solo cuenta con unas 200.000 hectáreas para entregar a las víctimas, en su mayoría baldíos, lo que apenas corresponde al 6,6% de las 2,000,000 de hectáreas que se tienen pensado entregar a las víctimas en la etapa de implementación de los acuerdos de paz con las Farc-Ep.
A lo anterior, hay que agregar que, según la Superintendencia de Notariado y Registro, hay más de 27 millones de hectáreas que corresponden a presuntos baldíos, pero, como no se han ejecutado los procedimientos catastrales y geográficos —como delimitarlos claramente, medirlos demostrar que no tienen dueño legítimo y registrarlos formalmente como baldíos—, es imposible, por ahora, utilizarlos para entregárselos a las víctimas.
Así las cosas, contando por encima y a partir de los datos que se tienen hasta ahora, para este 2018 se cuenta, efectivamente, con menos del 8% de toda la tierra que se necesita para las víctimas. Por lo que, si de ellas se trata la paz, es necesario que sus tierras se conviertan en una prioridad absoluta para todos los actores de los procesos de paz, empezando por el Gobierno nacional, hoy en cabeza del presidente Iván Duque. Es fundamental que él, como gobernante de todos nosotros, ajuste o rediseñe, si es necesario, y con el concurso de las víctimas, una estrategia de Estado clara, sostenible y racional para que los millones de colombianos que perdieron sus tierras, sus familias y sus sueños en medio del conflicto, puedan “volver a soñar con los pies en su tierra” y que esto se constituya en una garantía real de no revictimización.
Por ello, es clave que el Gobierno nacional fortalezca la capacidad de gestión de los cinco pilares institucionales fundamentales para que haya tierra para las víctimas y paz, y que son: los municipios (donde está la tierra), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (el encargado de la gestión cartográfica en Colombia), la Agencia Nacional de Tierras (fundamental en los procesos de extinción de dominio), la JEP (clave en el proceso de entrega de tierras de los actores violentos desmovilizados) y el Ministerio de Agricultura (el que hace los planes para el agro en Colombia).
Es decir, ya para concluir, si el Gobierno de Iván Duque quiere que el acuerdo de paz con las Farc-Ep no sea un caso de “paz con impunidad”, más allá de los señalamientos de los defectos del proceso, debe trabajar decididamente por mejorar los mecanismos de restitución de tierras. Claro está, dentro de todos estos deben participar las víctimas y, por ello, es necesario que el Estado proteja a los líderes locales y reclamantes de tierra, pues sin ellos no hay paz posible, así como sin tierra tampoco.
