Los tres tenores del plan de la transparencia para la emergencia, el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba, lanzaron una estrategia para ejercer acciones penales, disciplinarias y fiscales en el control del gasto público en la pandemia.
Aunque la estrategia está diseñada para investigar, revelar y sancionar casos de corrupción, en la práctica desató una comedia judicial mediática de coadministración del gasto público en los entes territoriales. Es claro que con las sanciones y los controles de advertencias se revivió una especie de control previo, que había sido abolido para hacer más ágil la administración pública. Así pues, los métodos inquisidores de los organismos de control tienen semiparalizadas las administraciones en los entes territoriales.
El pánico cunde en las gobernaciones y alcaldías: sus funcionarios tienen miedo de tomar decisiones administrativas para evitar ser encarcelados, sancionados o destituidos. De hecho, la administración de justicia, los controles fiscales y disciplinarios se han convertido en instrumentos para ganar popularidad. Algunas de sus decisiones han sido exageradas, selectivas y deterministas para castigar y amonestar a funcionarios de acuerdo con ciertas particularidades políticas y regionales.
La Procuraduría adelanta 1.000 procesos disciplinarios contra funcionarios en 27 de las 32 gobernaciones y en más de 400 alcaldías. La Contraloría ha emitido más 396 alertas sobre presuntos sobrecostos en contratos posiblemente viciados. La Fiscalía habla de decenas de investigaciones en contra de gobernadores y alcaldes. Es claro que gran parte de sus dictámenes están sustentados en indicios de los que seguramente la mayoría de los implicados saldrán exonerados.
Además, se evidencia que han tomado medidas calcadas de los libretos de una justicia convertida en espectáculo para ganar réditos populistas. Por ende, se requiere que los organismos de control actúen con más transparencia, más eficacia y menos populismo para torcerle el pescuezo a la corrupción, dado que los grandes escándalos como Reficar, Interbolsa y Odebrecht siguen sin castigos sobre sus principales protagonistas.
Por otro lado, en el plano del gobierno nacional, la vigilancia de los tres tenores sobre el gasto público en esta pandemia parece ser laxo. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un análisis sobre la transparencia en la disposición y destinación de los recursos públicos para atender la emergencia sanitaria, que al leerlo deja claros los sesgos de los organismos de control en sus investigaciones.
Radicales con los entes territoriales, pero laxos con el poder central. Para la muestra, el informe dice que “no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura y no hay certeza de cuáles han sido los gastos realizados”. Así mismo, cuestiona las cifras que se han publicado para la atención de la pandemia: de $117 billones, equivalentes al 11% de PIB, se dice que el 6% son garantías de créditos y no recursos para ser gastados en la emergencia. También sostiene que “la principal fuente de recursos son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que asciende al 2,4% del PIB" y que “los traslados del FOME y otras fuentes para la atención a la pandemia son $3,6 billones, equivalente al 0,34% del PIB”.
Eso no es todo, explica que “la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades son de $2,7 billones, el 0,25% del PIB, que el gobierno nacional “ha suscrito 3.711 contratos por $2,7 billones”, que el grueso de los mismos ha sido realizado por el Ministerio de Hacienda y que “se han contratado $2,2 billones con 40 instituciones y con 4 bancos por más $100 mil millones". A la par se analiza que “a partir de las resoluciones y los contratos se puede concluir que desde el ministerio de Hacienda se han destinado recursos por $5,8 billones, de los $3,6 billones transferidos por el Ministerio de Hacienda a distintas entidades”.
De todos, apenas 1,7 billones tienen descripciones específicas y fines verificables, como las transferencias de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Colombia Mayor.” Mientras que “$1,9 billones corresponden a rubros sin especificar y con destinaciones vagas como “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben”. Entonces, “solo $4,1 billones del gasto de emergencia han sido reportados al público con un nivel de precisión aceptable”. De la lectura del mencionado análisis, se concluye que los tres gatos son virolos cuando se trata de la vigilancia de los gasto del gobierno nacional.
