La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República establecieron que 18.548 muestras para COVID-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.
En una actuación conjunta entre ambas entidades se determinó que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.
“Esta información se obtiene de un requerimiento que se realizó a 107 laboratorios del país públicos y privados. Las pruebas llegaban derramadas, porque no llegaba la identificación del paciente, porque no cumplían con la cadena de frío y temperatura o porque las mismas llegaban 72 horas después de haber realizado la prueba”, señaló Lina María Aldana, contralora delegada para el sector salud.
En ese sentido, los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas o que no llegaban.
A los dos organismos les llamó la atención que a pesar que desde el inicio de la pandemia la Procuraduría y la Contraloría han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos.
Ante esta problemática que pone en riesgo la salud de miles de ciudadanos, la Auditoría General de la República hizo un llamado a reforzar los procesos de control. “Instamos a las contralorías y entes territoriales a que se sumen a la cruzada, para garantizar la correcta administración de los recursos públicos, destinados a atender la emergencia sanitaria”, aseveró Alma Carmenza Erazo, auditora general.
Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal (DVF) de la delegada para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.
