Versa un dicho popular que “quien puede mandar y manda, en ruegos no se anda”. De verdad que sí: el que tiene el sartén por el mango, pero muy bien agarrado, sabe para qué sirve en los momentos que lo necesite. Lamentablemente, amigo lector, no se lo ha podido agarrar bien, y por eso pasa todo lo que está pasando en Bogotá, así como igualmente aconteció en la ciudad de Cali hace unos meses, en donde una horda de bandidos –casi parecidos a los que comandaba el temible Gengis Kan– salieron furiosamente a las calles, sin proclama alguna, a generar el caos vehicular, destruir el patrimonio público e incendiar las estaciones del MIO y de la policía.
Usted se preguntará: ¿Por qué tanta condescendencia con el que destruye? Pues muy sencillo: porque no se le ha colocado su tate quieto. Si se lo persiguiera, tal como corresponde, el problema se acabaría canto antes. Pero como el camino ha sido el diálogo, algo que realmente no ha servido para nada, este bandido sale nuevamente a las calles a dañar lo que luego otros deben pagar, con el agravante de que se lo está remunerando por el daño que genera. Desde hace rato se sabe que su proceder no es gratuito, sin embargo, no hay autoridad ni ley que lo detenga.
Tanta laxitud, algunos también podrán decir debilidad o desidia gubernamental, da como resultado lo siguiente: policías que, en función de su deber, resultan asesinados cuando pudieron defenderse; ciudadanos, todos ellos contrarios a los ideales que se quieren imponer, atormentados por el caos que se propicia; negocios o emprendimientos totalmente debilitados, sin el apoyo de nadie para levantarse de los efectos de una pandemia que no ha respetado al que de verdad quiere trabajar.
Si todo esto es conocido por nuestros gobernantes: ¿por qué temen a la hora de hacer valer su autoridad? Lo que pasa, amigo lector, es que vienen gobernando a favor del enemigo destructor, para después decir, cuando ya no puedan justificar el diálogo, que ahora si van a contrarrestar la destrucción que los de la primera línea imponen sin piedad –que, dicho sea de paso, son un grupo de delincuentes que deberían estar desde hace rato judicializados y encarcelados–. Así que todo el daño descrito se resume en una simple falta de autoridad.
Falta de autoridad para colocar en cintura al migrante venezolano, ese que viene a robar y a matar, tal como aconteció con el policía Humberto Sabogal, sin que la ley lo castigue; o para hacerle saber a los de la primera línea que a la cárcel pueden ir, teniendo en cuenta todos los daños que han causado durante estos meses; o para procesar a los que financian toda su violencia, hombres que aspiran al poder y que quieren llevar al país a una debacle social, si es que ya no estamos en ella.
Por todo lo anterior, Claudia López, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina han quedado muy mal con sus electores y no electores, porque como burgomaestres vienen dando un mal ejemplo en cuanto el manejo de sus ciudades. Su falta de mando, sin contar el poco apoyo que han recibido nuestros valientes policías, ha incidido para que los de ruana impongan su propia ley: la del terror. Ojalá que nuestros futuros alcaldes, los que el año que viene se deben posicionar, nos ayuden a recuperar la autoridad que tanto nos hace falta.
