El 22 de abril de 2014, un portal de internet que hace seguimiento a los temas de Justicia y Paz, publicó la siguiente noticia:
“El litigio jurídico entablado dos años atrás por la Subunidad Élite de Persecución de Bienes de la Fiscalía, en el que se alegaba que pobladores de la vereda Guacamayas, de Turbo, Urabá antioqueño, fueron desplazados forzosamente por grupos paramilitares y luego intimidados para que vendieran sus tierras a bajos precios a la Sociedad Guacamayas Ltda. culminó dándole la razón a los empresarios, calificando de “mentiroso” y “falaz” a uno de los reclamantes y concluyendo que las compras celebradas entre los años 1996 y 1998 se ajustaron a la ley.
Así lo determinó Olimpo Castaño, magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien luego de un extenso y complejo proceso judicial en el que se escucharon más de 50 testimonios, negó las solicitudes de restitución formuladas por la Fiscalía en representación de siete campesinos de esta vereda, entre ellos Carlos Páez Díaz y Alfranio Solano, representantes de la organización Tierra y Vida, que acoge a víctimas del despojo de tierras en todo el país, quienes pedían les fueran devueltos 12 predios negociados, según ellos, bajo amenazas e intimidaciones.
Además de no acceder a la pretensión de restitución, Castaño ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue por presunto falso testimonio a Carlos Páez Díaz, así como a Iván Darío Vélez Correa, uno de los testigos presentados por la Fiscalía durante la etapa de juicio.”
El asunto no tuvo mayor trascendencia debido a la consideración que los medios de comunicación tienen con las víctimas del conflicto armado, especialmente con aquellas que fueron despojadas a la fuerza de sus tierras.
Nadie discute que los grupos paramilitares, a gran escala, y las guerrillas, en menor proporción, hicieron botín de guerra con las propiedades de inermes campesinos, finqueros y parceleros, en las zonas donde ejecutaron sus acciones criminales. Como tampoco hay quien se atreva a poner en tela de juicio las bondades de la ley de restitución de tierras, cuyo objetivo fundamental es devolver las tierras despojadas a sus legítimos dueños, poseedores y tenedores de buena fe.
Sin embargo la decisión del magistrado OLIMPO CASTAÑO, quien dicho sea de paso ha tomado decisiones controversiales, tales como ordenar a la fiscalía indagar la relación de los generales JORGE ENRIQUE MORA RANGEL Y HAROLD BEDOYA con la muerte del humorista JAMIE GARZON, puso en evidencia serios problemas en la aplicación de la ley de restitución de tierras que deben ser resueltos con el fin de evitar que la misma se convierta en una fuente de abusos y arbitrariedades. Peor aún, que sirva a torcidos intereses de oportunistas y narcotraficantes.
Una investigación de campo adelantada por la Fundación Defensa de Inocentes en Chigorodó, Carepa y Apartado, en desarrollo de la cual fueron entrevistadas víctimas de guerrilla y paramilitares arrojó como resultado que la mayoría de los encuestados tienen una información imprecisa y/o distorsionada sobre la ley de restitución de tierras. Casi todos dijeron haber recibido información por parte de ONG´S en el sentido de que el gobierno restituiría a los vendedores todas las tierras enajenadas en Urabá en los últimos 20 años, en el entendido que la sola presencia paramilitar vició, per sé, las ventas, incluyendo aquellas que se hicieron de manera voluntaria y a precio justo.
Algunos parceleros que vendieron sus tierras para adquirir una casa en la zona urbana o para pagar deudas o por cualquier otro motivo personal, fueron instruidos para que reclamaran afirmando que hicieron las ventas debido a la presión directa que recibieron por parte de hombres armados. Nunca les advirtieron sobre las consecuencias jurídicas que acarrea mentir ante las autoridades administrativas y judiciales y para aliviar los cargos de conciencia se les dijo que los compradores serían compensados con otras tierras o con dinero. Tampoco les informaron que debido a sus reclamos compradores de buena fe tendrían que enfrentar procesos penales y en consecuencia la pérdida de las tierras y su libertad.
Varios entrevistados denunciaron a falsos reclamantes que nunca habitaron las parcelas que dijeron les habían sido despojadas. Estos casos ya fueron puestos en conocimiento de la fiscalía.
En otra región del país algunos narcos, cuyas propiedades rurales fueron confiscadas por el Estado, pretenden recobrarlas mediante la argucia de utilizar falsas víctimas de despojo ante las unidades de restitución de tierras. Luego de obtenidas las sentencias judiciales a su favor, les pagan el mandado a los beneficiados de la decisión y se quedan con sus antiguas propiedades.
Hecha la ley hecha la trampa, reza un refrán popular. Tal parece que es lo que está ocurriendo con algunos aprovechados que pretenden usar a su antojo la ley de víctimas y restitución de tierras. Era lógico que así ocurriera y es probable que los casos sean excepcionales, pero no cabe duda que ponen en tela juicio las bondades de uno de los principales instrumentos legales de la justicia transicional.
El Ministerio Público y el Gobierno Nacional deben afinar los mecanismos de seguimiento y control a los procesos adelantados en las Unidades de Restitución de Tierras y ante los jueces competentes, para garantizar que los beneficiados sean realmente las víctimas y evitar la conformación de carteles de falsos reclamantes.
De otra parte, la fiscalía tiene la obligación de investigar a fondo las denuncias en contra de las falsas víctimas. La excesiva demora en las investigaciones estimula la presencia de oportunistas y pone en grave riesgo a quienes han denunciado estos hechos, como es el caso del Magistrado Olimpo Castaño, quien debido a la inercia del aparato judicial ya está siendo objeto de ataques por parte de los voceros de quienes ordenó investigar.
