Para ello cuentan con su fiscalía de bolsillo, que en el llamado Informe 5 de 2018 fijó el número de víctimas en 2248; cifra complementada posteriormente hasta llegar a un consolidado de casi 4000 asesinados, según el ente acusador.
El tema vuelve a las primeras planas de los medios de comunicación luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hiciera público su informe, en el que señala que la cifra provisional es de 6.402 casos de colombianos asesinados por militares, y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Grosso modo, los mal llamados “falsos positivos” son una práctica criminal en la que, principalmente, miles de jóvenes colombianos fueron llevados a lugares alejados de sus sitios de residencia mediante falsas promesas de trabajo y después fueron asesinados por militares y presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros que murieron en combates contra los llamados “héroes de la patria”. Los miles de asesinatos permitieron al gobierno mostrar cifras que le indicaban a la opinión pública que el estado estaba acabando con las guerrillas en los campos de combate. Tal práctica generó dividendos a distintos niveles: Uribe y su gobierno se mostraron como vencedores ante las guerrillas; los generales y coroneles recibían ascensos y condecoraciones; y los militares de bajo rango, que cometieron los asesinatos directamente, recibieron permisos de fines de semana, medallas y hasta pizzas como recompensa.
Del otro lado quedó la tragedia de las familias de los miles de víctimas. Madres que jamás vieron el regreso de hijos que partieron a supuestos trabajos que mejorarían su situación económica; jóvenes inocentes asesinados por los soldados que, en teoría, debían proteger sus vidas; y miles de vidas condenadas el resto de sus vidas a sufrir tan terrible injusticia y a luchar por obtener la verdad, y castigo para los victimarios.
Conocido el informe de la JEP Uribe y sus acólitos corrieron a los medios a cuestionar la magnitud del crimen, no la ocurrencia del mismo, afirmando que dudan de que esa cifra sea la correcta, ya que la consideran excesiva. ¿Les parece excesivo más de 6.400 asesinatos?, ¿cuántos asesinatos les parece que sea adecuado, 3000?
La cifra, 6.000, 10.000 o 3.000, siempre será escandalosa. Se trata de miles de colombianos inocentes asesinados por parte del estado colombiano, supuesto garante de nuestros derechos, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, el presidente que controlaba y se enteraba de la caída de cualquier hoja de cualquier árbol en cada batallón. ¿Se enteraba de todo, menos de los falsos positivos?
La esencia del asunto está en determinar cómo fue posible que tal cosa ocurriese. Y todo indica que no hay posibilidad diferente a que se concretara como resultado de una práctica sistemática desde las instituciones estatales que estimuló, permitió y encubrió la materialización de esos crímenes. Así, la teoría de las manzanas podridas se derrumba fácilmente.
En primer lugar, se debe considerar que la directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa señaló las recompensas que militares y civiles recibirían por, entre otros, bajas en combate. Es decir, en el ministerio se premiaba a quien presentase muertos en combate. Segundo, para “reclutar” con ofertas engañosas a 6.402 víctimas, trasladarlos desde una ciudad a un lugar distante, obtener armas de guerra y uniformes militares para “disfrazarlos de guerrilleros, y, posteriormente, asesinarlos, se requiere de la participación de miles de personas. ¿Cómo pudo mantenerse eso en secreto?
Tercero, después de reportarse una baja en combate, necesariamente se inicia un proceso investigativo que incluye a fiscales, superiores militares, jueces penales militares, funcionarios de medicina legal, del CTI, entre otros. ¿Cómo es posible que esa actividad investigativa no detectara que se trataba de burdos montajes, máxime cuando aparecieron víctimas con retardo mental, o que usaban botas nuevas, pero puestas al revés, la bota izquierda en el pie derecho, y viceversa?
Cuarto, la práctica, aunque más intensa en unos lugares que en otros, se extendió por todo el país. Y, lo más aberrante, la impunidad sobre este crimen sistemático se ha prolongado en el tiempo durante décadas. Los coroneles acusados ascendieron a generales, los generales pasaron a retiro, los políticos responsables, presidentes y ministros, nunca han sido investigados.
Resulta evidente que, tanto en la perpetración de los crímenes como en su encubrimiento, ha participado un aparato de poder gigantesco y poderoso, incrustado en el estado, que hace que la única explicación coherente y aceptable es que se trató de una práctica estimulada, orientada y protegida desde las más altas esferas del gobierno que presidió Álvaro Uribe Vélez.
En cualquier país con una democracia consolidada, los funcionarios que, por acción o por omisión, tuviesen vinculación con semejante crimen, de inmediato serían separados de la función pública, en virtud de su responsabilidad política, y de inmediato serían investigados penalmente. Pero estamos en Colombia, aquí los ascienden y les asignan 300 escoltas pagados con dinero público.
