La mayoría de los análisis que se hacen a la educación en Colombia y que regularmente se leen en los periódicos tienen un abierto y deliberado corte liberal. Parten del hecho de que la escuela puede garantizar, o por lo menos procurar, la equidad y a partir de ello la movilidad social. Entienden que invertir en la educación es invertir en el capital humano, en seres racionales que ganarán autonomía y capacidad para ocupar el lugar en el orden productivo que más les convenga, cuestión incontrovertible entre tecnócratas, líderes gremiales, políticos de centro y para la opinión en general.
Es difícil deshacerse de tal sentido común. Este tipo de análisis sin embargo, evita a quienes lo hacen, pensar que la educación puede constituir también un factor de desigualdad y que más que propiciar la movilidad social, el estado produce con ella una suerte de inercia que evita que sean muchas más personas provenientes de familias de bajos ingresos las que aspiren a la parte superior de la pirámide social.
Los resultados en las pruebas estandarizadas Saber Pro muestran que los estudiantes de los estratos socio-económicos más bajos están en promedio hasta 17 puntos (En la escala del ICFES antes de 2014) por debajo de los estudiantes de estrato 6. García y Espinosa (2013) encontraron que incluso la brecha en materia de desempeño escolar entre estudiantes de familias ricas y de familias pobres creció entre los años 2008 y 2011.
Estas diferencias en puntajes tienen una implicación muy clara en el camino profesional y laboral de los jóvenes. Carreras como Medicina o Ingeniería Civil exigen puntajes en los deciles más altos dentro de la población de puntajes obtenidos para el ingreso en ellas. Mientras esto sucede, las políticas impulsadas desde el Ministerio buscan que las Instituciones educativas públicas reduzcan al mínimo los estándares de exigencia académica a los estudiantes.
Si bien el decreto 230 de 2002, que aseguraba que el 95% de los estudiantes fueran promovidos, sin importar los desempeños alcanzados, fue derogado tras la demanda de la comunidad educativa, el gobierno ha sabido lograr artificiosamente bajos niveles de reprobación presionando a las Instituciones a través de las Secretarías de Educación locales y pagando bonificaciones legales a los directivos para que los procesos de evaluación se acomoden a este propósito.
Entregar incentivos monetarios a mandos medios como los rectores para que consigan resultados afines a una política central tiene una desafortunada semejanza con otros episodios de corrupción, en los que el gobierno solapa sus medios y estrategias para conseguir ominosos objetivos. En el caso de la educación, lo que busca el gobierno es ajustar sus finanzas, pero publicita en lugar de ello una política de calidad. Para la tranquilidad del analista liberal sin embargo, esta política de recompensas representa más un ahorro que un gasto, siendo mucho más barato graduar estudiantes con bajos desempeños que volver a invertir en ellos.
@morferan3900
