Es una contradicción total del gobierno y la institucionalidad ambiental, que mientras promueve grandes iniciativas ambientales y por otro lado padece los efectos del cambio climático, se apruebe una licencia ambiental para hacer explotación petrolera en las proximidades de Caño Cristales; poniendo en riesgo uno de los paraísos naturales y turísticos más importantes del país.
Sin embargo, esta indignación resulta algo hueca, populista e incoherente con nuestro diario vivir. Si revisamos a nuestro alrededor cuantos aparatos y objetos de todo tipo, requieren energía para su fabricación o para su funcionamiento; mucha de esa energía o materias primas, viene del petróleo y sus derivados. Es decir, nuestro modo de vida sigue demandando que se genere más y más energía.
Resulta fácil entonces lanzar arengas populistas en las redes sociales, pero en la práctica somos incoherentes, pues no estamos dispuestos a renunciar a las comodidades de la “vida moderna” que se suplen con energías de fuentes no renovables como el petróleo, carbón o las hidroeléctricas, con el costo social, ambiental y económico que ellas representan. Es más, muchos de los indignados realmente terminan siendo grandes responsables de la afectación del ecosistema amazónico. ¿No es acaso Caquetá uno de los mayores deforestadores del bosque amazónico?
Todos los habitantes del planeta (unos más otros menos) alimentamos la demanda de estas fuentes de energía y habrá entonces siempre una presión en el mercado para satisfacer esa demanda y hacer negocios y grandes millonarios de ella.
Por otro lado, esta ola de indignación nacional y regional, ha dado para que algunos apasionados le pidan al Gobernador de Caquetá que asuma la posición de otros mandatarios que rechazan radicalmente el avance de la locomotora petrolera y ante lo cual el gobernador ha propuesta una consulta popular para que seamos los Caqueteños quienes decidan.
Pero somos doblemente incoherentes. Los ciudadanos y los gobiernos territoriales si esperan que las arcas públicas se llenen de recursos de las regalías petroleras (principalmente) para financiar las grandes obras de infraestructura y los proyectos sociales que requiere la región, rechazamos la afectación a nuestro ecosistema y sí esperamos que otras regiones productoras y otros ecosistemas hagan el sacrificio y nos sigan llegando grandes chorros de dinero que alimentan la contratación pública de municipios y departamentos.
Yo me atrevo a sugerir, que guardando la coherencia con la postura de evitar el avance de la explotación petrolera en el país, resultaría obvio que también los municipios y departamentos rechacen la regalías, por cuanto estas cargan un costo socio ambiental en otras regiones productoras. Pero todos sabemos que esto no va a ocurrir, nadie se quiere quedar sin la mermelada que prometió en entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry.
El tema es muy complejo y requiere una reflexión profunda como ciudadanos y consumidores en un contexto global. No es suficiente quedarnos lanzando consignas pseudoambientalistas y populistas, supone una reflexión y cambio más profundo en nuestro modo de vida. ¿Estamos dispuestos a asumir ese costo?
