Ninguno de los actos del gobierno de Gustavo Petro ha atentado ni contra la Constitución ni contra las instituciones, ni contra la gente. Más bien, les está haciendo a quienes no están de acuerdo con él, que son básicamente quienes quieren que todo siga igual y nada cambie, el favor de protegerles su modo de vida. Se pueden hacer muchas glosas sobre el estilo presidencial que consiste en lanzar al debate público ideas a diestra y siniestra, de muy difícil ejecución. La variopinta coalición de gobierno, con el exitoso Roy Barreras a la cabeza, ha cumplido a cabalidad su papel de reguladora, ajustando esas ideas a las realidades políticas y financieras antes de convertirlas en leyes. Y el gobierno ha escuchado las observaciones de los grandes grupos de interés, para logra un justo medio en sus decisiones finales.
Así pasó con la reforma tributaria, que en su momento fue considerada como la gran amenaza para el sector empresarial y que luego de un largo debate, muchas consultas y concesiones, terminó siendo aprobada con la aceptación de los gremios de la producción. El propósito principal de gobierno que es la construcción de una sociedad más equitativa con menor concentración del ingreso, a través de aumento en los impuestos a los que más tienen, fue entendido por los empresarios. Nadie, aparte de los rentistas ociosos, considera hoy el asunto una amenaza a la estabilidad económica nacional.
Así pasó también con los anuncios sobre la política energética, muy improvisados, amenazantes, sin mayor sustento ni ambiental ni económico, que ya había sido tema controvertido en la campaña presidencial y fue el gran escándalo del comienzo del gobierno. Recogidas las banderas, con la prudencia que hace verdaderos sabios, del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el asunto aterrizó en el planteamiento necesario de una transición energética, que puede durar quince años.
Y así pasó con el veloz restablecimiento de las relaciones con Venezuela, cuya clausura clamaba al cielo. Parecía que se iban a materializar los catastróficos anuncios de la llegada del modelo chavista del socialismo del siglo XXI entre nosotros (el mayor fantasma de la campaña presidencial) y terminó siendo un afable encuentro de vecinos que normaliza las relaciones diplomáticas, comerciales y humanas entre los dos países, sin que ni el uno ni el otro renunciara a sus instituciones y principios. Dos gobiernos que en su ejercicio político no pueden ser más distintos, el uno demócrata el otro dictatorial, que buscan como entenderse, como manda el sentido común.
Así va a pasar con la reforma a la salud sobre la cual ha habido tantas especulaciones, que esconden el hecho de que el sistema hay que reformarlo, que en las EPS se cometieron abusos sin nombre que llevó al cierre de muchas de ellas, y que los hospitales públicos sobreviven contra la voluntad de Dios. Un manejo correcto y trasparente de los recursos, y una reorganización de la casa es urgente, como lo ha planteado con un discurso más sensato que el del principio, la ministra de Salud.
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En la inaplazable reforma pensional se despejó el engendro de que los ahorros de los fondos privados no les pertenecen a los ahorradores y pueden pasar al control de Estado
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Y lo mismo sucederá con la reforma pensional, que tirios y troyanos consideran inaplazable. Se despejó el engendro de que los ahorros de los fondos privados de pensiones no les pertenecen a los ahorradores y pueden pasar al control de Estado. La clave del éxito del propuesto sistema de pilares, en el cual siguen existiendo los dos sistemas, es la cuantía del aporte al sistema público. Establecerlo en cuatro salarios mínimos (4.600.000) equivaldría a desmantelar los fondos privados porque la inmensa mayoría de sus afiliados cotiza por debajo de esa suma. Algún acuerdo razonable habrá que alcanzar para fortalecer la solidaridad y acabar con los actuales subsidios que favorecen a las pensiones más altas, respetando derechos adquiridos.
O sea, el gobierno está haciendo unas tareas inaplazables, que tocan la vida cotidiana de los ciudadanos, en todos los casos buscando que los beneficios actuales se extiendan a la mayoría de la gente sin asfixiar la economía, ni aumentar el estatismo. Lo que está haciendo Gustavo Petro es desmontar una bomba de tiempo social, que se expresó claramente en las elecciones. Ese desmonte es lo que les garantiza a quienes viven con mayores comodidades y que no votaron por el gobierno, el seguir disfrutándolas. Pero la falsa alarma que ha provocado el gobierno con sus propuestas de cambio, más de centro que de izquierda, no se va a disipar sino con el correr del tiempo. Y con sus resultados.
