Lo primero que los colombianos deben tener claro es que Hidroituango es un nido de corrupción de los paisas, protagonizado por la clase política y empresarial antioqueña.
Por lo tanto, son los paisas implicados en aquellas oscuras y nefastas tramas los que deben responder. Tratar de enlodar a otros políticos de Bogotá o de la Costa es buscar desviar la atención sobre un lío organizado y desarrollado solo por ellos.
Este es un escándalo que debe servir para abrir un debate de fondo en Antioquia sobre el papel del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en la corrupción y el control de los dineros públicos en la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las Empresas Públicas de Medellín.
Desde hace década, dicho grupo empresarial controla el poder político en el departamento y se sabe que sus empresas se benefician de sus movidas. De manera que los medios de comunicación, en lugar de buscar chivos expiatorios en otras regiones del país, deben concentrar su trabajo en investigar el papel del GEA en aquellas irregularidades.
Sin embargo, algunos han pretendido desviar la atención para ocultar los verdaderos beneficiados de esta corrupción. Por lo tanto, sus estrategias informativas han estado direccionadas a manipular a la opinión pública, pretendiendo darle unas connotaciones políticas a la decisión de la Contraloría General de la República, bajo argumentos maniqueos de que es una persecución política contra Sergio Fajardo como candidato del centro.
Además, han fijado su interés en vender la idea de que es víctima de unas jugadas políticas de los extremos de izquierda y derecha para sacarlo del juego electoral, dado que lidera las intenciones de voto en las encuestas. En ese afán se olvidan de que él está implicado hasta la coronilla en varias irregularidades.
Igualmente, se olvidan de examinar que los beneficiados de aquella corrupción probablemente son los miembros del GEA, que ha participado en la financiación de las campañas del Centro Democrático y ha sido el poder detrás de las carreras políticas de Álvaro Uribe y de Sergio Fajardo, ahora candidato del grupo.
De manera que la estrategia de centralizar el debate culpando a los extremos políticos de las investigaciones contra Fajardo busca ocultar que desde hace años reposan en los anaqueles del olvido de la Fiscalía General de la Nación varias denuncias penales sobre las irregularidades en las adjudicaciones y ejecuciones de los contratos de construcción de Hidroituango.
También pretende ocultar las denuncias que hay en la Procuraduría sobre las actuaciones irregulares de funcionarios y miembros de la Junta Directiva de EPM y, lo más graves, las denuncias que existen sobre más de 14 masacres desde 1996 en el área de influencia de la construcción de la hidroeléctrica.
Fajardo no solo tendrá que responder por las danzas de irregularidades en Hidroituango, sino por las cuestionadas adjudicaciones de contratos a dedo y sin procesos transparentes en la construcción del Túnel del Toyo.
Durante su administración en la gobernación antioqueña presuntamente hubo un millonario carrusel de contratos para esta obra, adjudicados de manera poco trasparente a la empresa Konfirma, creada por la Cámara de Comercio de Medellín y Cadena S.A. Esta, fuera de no tener especialidad en construcción de túneles y similares, es controlada por los accionistas de una empresa que hace parte de los cacaos del GEA... la misma que fue encargada por la administración de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, para hacer la selección de la empresa constructora del Metro de Bogotá.
