asombrados con el giro que ha tomando la reforma política tras su paso por la Comisión Primera de la Cámara.
Lejos de contribuir a la democratización y a la apertura, a abrir espacios y crear nuevos caminos para la acción política, los partidos tradicionales en general se vienen atrincherando para consolidar sus privilegios. En este orden de ideas porfían por dejar fuera cualquier otra formación que desee cambiar las cosas, construir verdadera democracia, derrotar las corruptelas y jugar limpio.
El asunto a primera vista luce inverosímil, es protagonizado por representantes del pueblo incapaces de registrar la realidad que los rodea. Son congresistas pertenecientes a unos partidos que según la encuesta Gallup registran opinión desfavorable superior al 85%; son individuos que hacen parte de un parlamento cuya imagen negativa alcanza el 80%. Pero eso si, se atreven a adoptar disposiciones que en la práctica impiden el acceso al poder por la vía electoral de otros movimientos distintos a los desgastados que ellos representan.
Los oficiantes de la politiquería en el Congreso no se dan cuenta que juegan con candela y que por el camino de la exclusión, del cierre de oportunidades a los protagonistas electorales limpios, van a conducirnos a un parangón similar al que vivió Venezuela. Esto es ponernos a escoger entre los partidos de la vieja política que con pocas excepciones están tocados por la corrupción, y una extrema izquierda que no sabe bien hacia donde va pero que en todo caso desea acabar con la democracia burguesa.
La ilusión de los ponentes de la reforma, entre los que se cuentan Telésforo Pedraza, Germán Talero y Heriberto Sanabria es la de echarle candado a nuestra pretendida democracia y escriturarla para siempre a favor de quienes como ellos ya están encaramados.
El equipo de ponentes tampoco registró que la propuesta es contraria a disposiciones precisas contenidas en el Acuerdo Final. Este instrumento señala que la consolidación de la paz requiere de una ampliación democrática idónea para enriquecer el debate y fortalecer el pluralismo mientras se brindan las garantías debidas. El aparte mencionado del Acuerdo concluye indicando que “Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”.
Siendo así las cosas aparece la sombra de un vicio de inconstitucionalidad en la reforma propuesta. Esto por cuanto ella contraría el espíritu y la letra del Acuerdo Final, y lejos de ensanchar los caminos de la democracia, de la inclusión de nuevas fuerzas, llega incluso a restringir las posibilidades de participación democrática hoy existentes.
Lo dicho sobre el carácter restrictivo de la reforma no es una exageración. En el proyecto de Acto Legislativo comentado están contenidas “perlas” que es forzoso mencionar. Así por ejemplo, en un momento en que la mayoría de los candidatos presidenciales se ha alejado de las maquinarias partidistas inscribiéndose por firmas, y precisamente cuando se han registrado 30 comités de recolección de rúbricas para inscribir candidatos al Senado y 52 comités para promover inscripciones a la Cámara, se decide eliminar a partir del 2019 el registro de candidatos mediante este mecanismo.
El asunto no se detiene allí. Para reconocer la personería jurídica a un movimiento político será requerido tener una base de afiliados de al menos el 0,3% del censo electoral nacional. Hablamos de unos cien mil afiliados, exigencia que para el 2023 llegaría a los doscientos mil. Nótese que el concepto de afiliado es distinto al de votante o adherente, no están definidos en la legislación los requisitos necesarios para adquirir tal condición y el costo del trámite podría ser agobiante para las agrupaciones emergentes.
Algo más, el ser movimiento político con personería no dará por si derecho a inscribir listas y candidatos en las elecciones territoriales. Para esto será necesario de manera adicional, que se acredite un número mínimo de afiliados en proporción del 1,5 % del censo electoral.
El tratamiento excluyente y discriminatorio
con los nuevos actores políticos contrasta
con el referente a la Farc y a los partidos ya establecidos
El tratamiento excluyente y discriminatorio con los nuevos actores políticos contrasta con el referente a la Farc y a los partidos ya establecidos. Las primera cuentan con generosas normas especiales, los segundos estarán exentos por ocho años de cumplir con el número de votos y afiliados requerido.
Ante esta iniciativa que consolidaría el talante antidemocrático de nuestro sistema y la pérdida de una oportunidad preciosa para reformarlo, Sergio Fajardo ha alzado una voz que debe ser secundada por todos los colombianos demócratas. En comunicación dirigida al presidente Santos expresa un punto de vista que compartimos muchos: el proyecto condena la política colombiana al confinamiento dentro del círculo asfixiante de pocos partidos existentes y niega la participación de fuerzas renovadoras, consideración que fue crucial para justificar el Acuerdo de Paz.
Es más, agrego: sin apertura democrática el futuro de la paz es incierto. Acaso nacería herida de muerte.
