La Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones internacionales han impulsado el lavado de manos con agua y jabón como una pieza clave para la protección contra la pandemia del COVID-19 [1]. Se ha explicado de las maneras más creativas el lavado de las manos asumiendo de manera ingenua que existe un acceso universal al agua. Esta publicidad tiene poco valor para los casi 3.000 millones de personas que no acceden al recurso hídrico en el planeta tierra [2].
Los problemas del acceso al agua no son técnicos como se nos ha hecho entender, porque, gracias a la ciencia, podemos afirmar con seguridad que conocemos cuántas personas no acceden a fuentes seguras de agua potable y también las tecnologías disponibles para resolver cada caso. Los problemas del agua son consecuencia de priorizar el lucro sobre el acceso de los ciudadanos a fuentes seguras de agua. Un ejemplo de esto es que antes de la pandemia, en Colombia existieran 280.000 familias (1.2 millones de colombianos) condenadas a vivir sin agua antes de la pandemia, por el simple hecho en muchas ocasiones del no pago de su factura [3].
El lucro en el manejo del agua potable es incompatible con la posibilidad de garantizar el derecho humano al agua. Hoy experimentamos las consecuencias de haber dejado en manos de las leyes del mercado, la decisión de quien accede o no al agua. Hoy debemos atender la incertidumbre del pago de las facturas de acueducto y alcantarillado de las familias colombianas, una vez se terminen las medidas de la emergencia del COVID-19.
Este peligro lo ha alertado la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresando que en lo que se lleva de cuarentena, 3.9 millones de hogares dejaron de cumplir con el pago de sus facturas de servicios públicos [4]. La dura realidad es que el COVID-19 nos pondrá en un escenario futuro en el que más de 6 millones de colombianos no tendrán trabajo [5] y tendremos mayores dificultades si se les descarga las deudas del pago de un recurso que es esencial para la supervivencia de nuestra especie y será más difícil superar esta pandemia.
Garantizar el acceso al agua se hace imprescindible en la lucha contra esta crisis sanitaria; los avances lentos y deficientes para garantizarlo son injustificables y vergonzosos, de hecho, solo responden a un desprecio por el conocimiento y el bienestar de las personas. En momentos de pánico e incertidumbre como estos, recurrir al método científico nos permite no caer en errores pasados y llegar a soluciones efectivas como se ha alcanzado en algunas otras latitudes.
Un poco de historia del manejo del servicio del acueducto y alcantarillado nos ayudará a entender el presente y no repetir los mismos errores.
Desde la Constitución Política de Colombia de 1991, nuestro país modificó toda su legislación e instituciones para que se le entregara el manejo del servicio de agua potable al sector privado. La Ley 142 de 1994 (servicios públicos domiciliarios) permitió que se manejara el agua, energía, gas y comunicaciones de los colombianos en función de las reglas del mercado, que se priorizaran las rentas y el pago de tarifas a las empresas por encima de la cobertura de agua potable de las personas que menos ingresos tienen y usualmente no puede pagar las tarifas.
El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los gobiernos que han dirigido Colombia llevan 26 años promoviendo el manejo privado en los servicios públicos como el más eficiente para aumentar la cobertura y disminuir las tarifas. Sin embargo, la realidad es que los inversionistas privados han fracasado en su tarea principal de cubrir a toda la población colombiana. Para el 2018, en Colombia habían alrededor de 4 millones de personas que no podían consumir agua potable [6] y 12 departamentos tenían una cobertura de agua por debajo del promedio nacional (91.9%). La brecha es aún mayor cuando se ven los departamentos históricamente olvidados y quienes cuentan con una inmensa población con condiciones socioeconómicas vulnerables: la cobertura de agua en el Chocó es apenas del 38% y La Guajira un 63% [6].
Por un lado, se han profundizado las brechas de acceso a costa de la salud y bienestar de las personas más vulnerables en Colombia (solo el 28% de la población indígena y 70% de la población afro accede al agua) [3], y por el otro se ha entregado más de la mitad del manejo del agua potable y saneamiento básico a empresas extranjeras. Para el 2017, el 67% de la prestación del servicio de acueducto de zona urbana en Colombia, lo manejaba las empresas privadas [7] que en su mayoría pertenecen a poderosas multinacionales de 3 países del continente europeo: Francia, Inglaterra y España [8].
Las medidas del gobierno de Iván Duque para los servicios públicos han sido entregar subsidios a las empresas de servicios públicos y orientarles que permitan a los usuarios diferir los pagos del servicio de acueducto y alcantarillado por unos cuantos meses, una vez el país supere el estado de emergencia por el Covid-19. Estas medidas en el largo plazo son insuficientes porque solo postergan la obligación financiera de las familias colombianas con el pago del servicio. Por otro lado, se tiene el cobro por promedio y no por un consumo real en las tarifas, lo que ha generado que la Superintendencia de Servicios públicos haya impuesto sanciones a 19 empresas de acueducto y alcantarillado desde que empezó la cuarentena por incrementos de tarifas y en algunas ocasiones cortes o suspensiones no autorizados [9].
El gobierno nacional debe asumir el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado que se han dejado de pagar durante el estado de emergencia sanitaria y atender de manera urgente las deficientes e insuficientes conexiones de agua de las poblaciones que se encuentran en regiones con menor cobertura de agua potable como lo son el pacífico colombiano y la Guajira. Con esto, podremos evitar que muchas familias pierdan el acceso al recurso hídrico y con esto aumentar el riesgo de enfermedades ocasionadas por servicios sanitarios deficientes. La pandemia amplifica las desigualdades sociales provocadas por décadas de privatización, austeridad y evasión de impuestos. Demuestra que la dinámica del mercado no debería determinar las prioridades sociales y el manejo de los servicios públicos.
El manejo del servicio de acueducto y alcantarillado concebido en la Ley 142 de 1994 no permite cumplir los objetivos primordiales de ofrecer acceso universal y protección a todos los ciudadanos. Esta pandemia puede ser una oportunidad para plantearnos otra manera de alcanzar los objetivos que no dependa de cuánto dinero tienen los ciudadanos para pagar las tarifas. Una alternativa es que el manejo del servicio del agua regrese al manejo público como es el caso de la remunicipalización de los servicios públicos. Más de 850 ciudades en el mundo han recuperado el manejo del servicio del agua [10] y Francia, siendo casa matriz de 2 grandes multinacionales del agua (Suez y Veolia), es el país con mayor número de remunicipalizaciones en el sector agua, con 106 ciudades [11].
Posdata. Debemos recuperar la iniciativa de un consumo mínimo vital de agua, que permita avanzar en la cobertura universal del agua en Colombia.
Referencias
[1] Unicef, “Fact sheet: Handwashing with soap, critical in the fight against coronavirus, is ‘out of reach’ for billions”, Coronavirus, 2020 [online]. [2] WHO (World Health Organization), “Safely managed drinking water”, World Health Organization, 2017, doi: ISBN 978 92 4 156542 4. [3] Z. Piñeros, “Al menos 4 millones de hogares han dejado de pagar sus servicios públicos”, Wradio, 2020 [online]. [4] Semana, “El hueco que generan las facturas sin pagar”, Revista Semana, 2020 [online]. [5] Dinero, “Desempleo, la nueva pandemia”, Dinero, 2020 [online]. [6] Departamento Nacional de Planeación, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, La agenda 2030 en Colombia, 2018 [online]. [7] C. Stella et al., “Gestión y resultados del sector de agua potable y saneamiento básico con énfasis en los recursos del Sistema General de Participaciones 1994-2017,” Bogotá, Colombia, 2017. [8] K. Bakker, “Neoliberal Versus Postneoliberal Water: Geographies of Privatization and Resistance”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 103, no. 2, pp. 253–260, 2013, doi: 10.1080/00045608.2013.756246. [9] Superintendencia de Servicios Públicos, “Superservicios ha impuesto sanciones por más de $45 mil millones a prestadores de servicios públicos en 2020”, sitio web Superservicios, 2020 [online]. [10] D. A. McDonald, “Remunicipalization: The future of water services?”, Geoforum, vol. 91, no. April 2017, pp. 47–56, 2018, doi: 10.1016/j.geoforum.2018.02.027. [11] S. Kishimoto, O. Petitjean, and L. Steinfort, “Reclaiming Public Services,” Transnational Institute, June, 2017.
