La Asamblea de Antioquia inicia la discusión del proyecto de ordenanza #15, por medio de la cual “se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia y se conceden unas facultades al gobernador”, presentado por el gobernador (E) Luis Fernando Suárez, atendiendo fallo del Consejo de Estado (junio 21/2018).
Este será objeto de debates apoyados en rigurosa racionalidad (jurídica, administrativa, financiera, comercial y tecnológica) y con amplia participación de la comunidad y de expertos que posibiliten los consensos para garantizar sostenibilidad empresarial y que obviamente queden definidos su patrimonio y los recursos que por mandato constitucional son para financiar programas de salud, educación y recreación que ejecuta la gobernación ($ 3.4 billones en los últimos 4 años).
La sustentación jurídico-legal del proyecto, en mi modesta opinión, es muy sólida, ya que: cumple con las leyes 489/1998, 617/2000, 1816/2016 y 2010/2019; fue preparada por los asesores jurídicos de la gobernación; y cuenta con valiosos aportes de dos destacados juristas (Jorge Octavio Ramírez, expresidente del Consejo de Estado, y Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional).
Así pues, no dudo que diputados y funcionarios del gobierno actuarán responsablemente y que contarán con la indispensable vigilancia ciudadana para que el trámite sea transparente y resista todo tipo de análisis.
Conviene advertir que esta iniciativa no es caprichosa: debe atenderse perentorio fallo judicial del Consejo de Estado que exhorta a la gobernación constituir la FLA en empresa industrial y comercial del Estado, “para que dentro del término de dos años (...) realice los trámites pertinentes ante la Asamblea para que la FLA adopte la organización y estructura jurídica que corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales que lleva a cabo”.
Vale decir que actualmente es una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Con eso claro, la ocasión es propicia para dotar a la centenaria FLA de una estructura administrativa, acorde con las exigencias de un mercado en el que participan competidores nacionales e internacionales con alta fortaleza financiera, comercial, innovadora y tecnológica; 100% pública; con un preciso reglamento de contratación; con un objeto social definido (algunos asesores sugieren nuevos productos y servicios de consultoría: alcohol en gel, alcohol glicerinado, productos que se elaboren a partir el alcohol, alcohol combustible, agua envasada, entre otros); con un código de buen gobierno; con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades; con una cultura empresarial que fortalezca y garantice derechos laborales y que contribuya a su éxito.
Este asunto fue abordado en diciembre 2019 por el gobernador Luis Pérez, quien presentó el proyecto de ordenanza #60, el cual encomendaba la producción a la FLA y la comercialización a una gerencia de licores, adscrita a la gobernación; la propuesta no prosperó en la asamblea.
¡Brindemos por una FLA reinventada, como debe ser en Medellín, la ciudad más innovadora del mundo y centro para la IV Revolución Industrial de Hispanoamérica, según honrosa y comprometedora designación del Foro Económico Mundial!
