¿Recuerdan un libro que relata la fiebre por la plata y el oro que se desencadenó tras la llegada de Colón a Abya Yala y las atrocidades que se cometieron en estas tierras por “las fuentes subterráneas del poder”? Sí, ese mismo texto que evidencia cómo el poder imperialista “necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire”… Claro, se trata de Las venas abiertas de América Latina, obra de la cual se dijo que su autor (Eduardo Galeano) había renegado, pero que no es muy cierto. Pues bien, dicho libro hay que desempolvarlo por estos días en los que se conoce la comunicación del Grupo Prodeco, propiedad de la multinacional Glencore, sobre la renuncia a sus títulos mineros en el departamento del Cesar y el inicio del proceso de devolución a la República de Colombia por medio de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Por supuesto que entre las consecuencias se va a dar la pérdida del trabajo de muchos empleados, pero eso no es todo. La historia se repite: explotación de los recursos naturales no renovables como los minerales, que lleva a la dependencia económica temporal de territorios y familias enteras a las actividades relacionadas, algunos ingresos transitorios para el Estado, destrucción de ecosistemas… luego quedan los huecos en la tierra y la pobreza aflorando. El extractivismo es un espejismo en el desierto que se nos ha vendido como un modelo para mantener las economías y combatir la pobreza, pero no es más que la perpetuación de dicha pobreza.
Pero, incluso, si quisiéramos referirnos a la industria extractiva como algo bondadoso para nuestra economía, tendríamos que ponderar la información producto de un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, recogida en el libro Geopolítica del despojo: Minería y violencia en Colombia. En palabras de una de las investigadoras se afirma que “Posibilitar la extracción de los recursos energéticos presentes en el territorio supuso la destrucción de las pequeñas y medianas economías agrícolas, la 'liberación' de zonas de alta importancia geoestratégica, la destrucción de culturas y pueblos ancestrales, posados en regiones de grandes riquezas mineras, y la puesta al servicio del gran capital del recurso agua como condición indispensable para la gran minería”. Se identificó, además, que los recursos energéticos comprendidos en casi 2 millones de hectáreas fueron entregados incondicionalmente a las empresas transnacionales para exploración y explotación.
Ante el extractivismo minero energético se celebraron 10 consultas populares entre 2013 y 2018 en las que los habitantes de los municipios se manifestaron abiertamente en contra de dichas actividades en sus territorios (Piedras – 2013, Tauramena – 2013, Cabrera – 2017, Cajamarca – 2017, Cumaral – 2017, Arbeláez – 2017, Pijao 2017, Jesús María – 2017, Sucre en Santander – 2017 y Fusagasugá – 2018). Adicionalmente se desarrollaron procesos para la realización de consultas que fueron suspendidos o en los cuales las preguntas fueron declaradas inconstitucionales, como en los casos de Ibagué, Monterrey, La Macarena, Granada, Pasca, Córdoba, Carmen de Chucurí, El Peñón, San Lorenzo, Oporapa, Mercaderes, Titiribí, San Bernardo; Gachantivá, Pueblo Rico y Cogua (Ver el artículo “Extractivismo, derecho y conflicto social en Colombia” de Henry Bocanegra y Jorge Carvajal - 2019).
Sin embargo, la participación de las poblaciones se vio truncada. Mediante Sentencia SU-095 de 2018 la Corte Constitucional concluyó que “La existencia de límites en lo referido a las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado, implica que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito”; desconociendo así el precedente dado en la Sentencia T-445 de 2016, olvidando que según la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y privilegiando los intereses de las empresas extractivas transnacionales.
“El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo”, expresaba el autor uruguayo. Agregaríamos que las políticas extractivistas profundizan la dependencia de nuestros países y someten la democracia al poder económico de la globalización capitalista.
¿Seguimos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez?
